I

Aparte de los traficantes que realizan operaciones en Estados Unidos, los colombianos ganan más del narcotráfico que cualquier otra nacionalidad del hemisferio occidental. Durante los años ochenta, de 70 a 80% de la cocaína refinada y de 50 a 60% de la mariguana disponible en el mercado estadounidense provinieron de Colombia. Este país también está colocado como el mayor proveedor mundial de quaaludes, y existen indicios de que a mediados de la década de 1980 los narcotraficantes colombianos también comenzaron a experimentar con el cultivo del opio. Además, las organizaciones delictivas de Colombia se han involucrado en casi todos los aspectos del comercio de narcóticos, desde el financiamiento de plantaciones y laboratorios de droga en Colombia y otros países sudamericanos, a través de operaciones de contrabando, hasta las redes de distribución de venta tanto mayorista como en las calles de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Se dice que el tristemente célebre cártel de Medellín, por sí solo, gana de 2,000 a 4,000 millones de dólares al año y rivaliza con muchas de las 500 compañías más ricas que aparecen en Fortune en términos de su alcance global. Si se incluye el espectro completo de las exportaciones de drogas, a Colombia se repatrian probablemente de 2,500 a 3,000 millones de dólares al año en utilidades; ahora las drogas superan al café (2,000 a 2,500 millones de dólares) como principal fuente de ingresos de divisas del país.

Es natural que, durante la década pasada, la irrupción de Colombia como importante país productor y de tráfico haya captado mucha atención de los responsables políticos estadounidenses, agentes policiales y periodistas. De hecho, para las mentes de la mayoría de los estadounidenses, Colombia es hoy esencialmente sinónimo de tráfico de drogas. En vista de la mancillada reputación del país, la obvia incapacidad del gobierno colombiano para refrenar a los narcotraficantes y la creciente preocupación en Estados Unidos por el problema de la droga, manifestadas en la "guerra contra las drogas" del gobierno de Reagan, se ha hecho inevitable que Washington presione más a Colombia para actuar con más contundencia en contra de la producción y el tráfico de drogas dentro de sus fronteras.

Washington ha atacado el problema de las drogas concentrándose en la eliminación de las mismas en la fuente de su producción y refinamiento o en su incautación antes de que lleguen a costas estadounidenses. Las políticas internacionales específicas que ha promovido en Colombia, como en el resto de América Latina y el Tercer Mundo, contemplan programas de erradicación, sustitución de cultivos, su prohibición y el incremento de la aplicación de la ley.

Dada la actual intensidad del sentir público contra las drogas en Estados Unidos y la creciente presión política para "hacer algo" respecto de esta plaga, el énfasis puesto por Washington en soluciones del "lado de la oferta" en Colombia y otras partes parece lógico desde la perspectiva de Estados Unidos. Pero en los debates estadounidenses falta a menudo la conciencia de que la propia Colombia y otros países de América Latina también enfrentan terribles problemas relacionados con las drogas. Estos países consideran necesario equilibrar los esfuerzos por el lado de la oferta con un mayor énfasis en el lado de la demanda en Estados Unidos para avanzar en el combate al narcotráfico. Este artículo se enfoca en las implicaciones internas de este problema en Colombia a fin de aclarar por qué tantos colombianos y latinoamericanos han llegado a esta conclusión y lo que ésta implica para la guerra contra las drogas.

II

Colombia es un país de contradicciones. Por una parte, se ubica como el país de mayor prosperidad económica en América Latina durante los ochenta. Su economía creció 5.5% en 1987, y se espera que crezca 4.5% en 1988. Ha logrado tener un crecimiento económico real anual desde 1980, y a diferencia de prácticamente todos sus vecinos regionales, ni una sola vez se ha atrasado en los pagos del servicio de su deuda de 15,700 millones de dólares ni ha intentado renegociarla.

Por otro lado, pese a su relativo éxito económico, Colombia es uno de los países más violentos del hemisferio, y quizás del mundo. En 1987 hubo unos 16,200 homicidios, un aumento de más de 15% con respecto a 1986. De hecho, el gobierno colombiano ha estimado que la tasa actual de asesinatos será más alta de lo que fue durante los años más intensos de la violencia -- la guerra civil no declarada de 1948-1958 entre los partidos dominantes Liberal y Conservador, en la que murieron 200,000 personas -- . El asesinato es la principal causa de muerte entre los varones colombianos de 15 a 44 años de edad y la segunda entre todos los grupos etarios.

La creciente ola de violencia en Colombia se debe en parte a motivos políticos. Desde su regreso al gobierno civil en 1958, tras cuatro años bajo el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla, el sistema político colombiano ha sido formalmente democrático. No obstante, los procedimientos políticos tan restrictivos adoptados con el acuerdo bipartidista del Frente Nacional lograron limitar la participación en el sistema de las élites dominantes Liberal y Conservadora, a la vez que negaron el acceso a otras fuerzas sociales creadas por la rápida modernización económica. Con uno de los patrones más asimétricos de distribución de ingreso en América Latina, Colombia ha estado asolada por guerras de guerrillas cada vez más violentas durante décadas. Albergó a la organización guerrillera marxista más antigua del hemisferio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También es hogar de al menos otras ocho organizaciones guerrilleras, entre ellas el Movimiento 19 de Abril (m-19), de carácter no marxista. En total, existen hoy entre 12,000 y 15,000 guerrilleros activos en el país.

A su vez, la violencia izquierdista ha generado una ola de violencia de la derecha. Durante la década de 1980, han proliferado grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de la derecha; el gobierno identificó recientemente 138 de esas organizaciones. Con mucha frecuencia, sus objetivos han sido líderes campesinos y sindicales, intelectuales, periodistas e izquierdistas sospechosos de colaborar con las guerrillas. Al menos algunos de estos escuadrones de la muerte han contado en sus filas con personal militar y policiaco, en activo o retirados, evocando imágenes de la "salvadorización" o "argentinización" de Colombia.

A pesar de los niveles inéditos de asesinatos políticos en los años recientes, sin embargo, menos de 10% de los homicidios del país son por motivos políticos. Debido a su historia de cruentas guerras civiles en el siglo XIX y principios del XX, y de los odios heredados que surgieron entre los partidos Liberal y Conservador, Colombia desarrolló una cultura profundamente arraigada de violencia partidista que la distingue de las demás repúblicas latinoamericanas. Esta tradición de violencia ha sido exacerbada por el rápido cambio social, la pobreza generalizada y el alto desempleo, y todo ello ha fomentado altos índices de criminalidad. Los esfuerzos para combatir la delincuencia son entorpecidos por la corrupción y la ineficiencia de la policía nacional y el poder judicial, y por la presencia limitada (o ausencia total) de instituciones gubernamentales en amplias zonas del territorio nacional.

Si bien Colombia se ha acostumbrado desde hace mucho a los extraordinariamente altos índices de violencia, el ascenso de las mafias organizadas de la droga en el país, en los últimos años de los setenta, provocó un cambio cualitativo en la violencia. Dependiendo de asesinos a sueldo, conocidos allá como sicarios, los señores de la droga colombianos no sólo han peleado entre sí, sino que también han entablado una campaña sistemática de asesinato e intimidación contra las autoridades gubernamentales que buscan su extradición a Estados Unidos. Tan sólo en los últimos tres años, los capos de la droga colombianos han sido responsables del asesinato de un ministro de Justicia (y del intento de homicidio contra un ex ministro de Justicia que fungía como embajador de Colombia en Hungría), un fiscal general, más de 50 jueces, por lo menos una docena de periodistas y más de 400 elementos de personal policiaco y militar. De hecho, han paralizado el sistema de justicia del país, expulsando a numerosos colombianos prominentes del territorio y degradado las vidas de quienes permanecen en él. Para muchos, el asesinato se ha convertido en una fuente regular de ingresos.

El secuestro más reciente que inundó los titulares colombianos fue el de Álvaro Gómez Hurtado, candidato a la presidencia del Partido Conservador en 1986 y director de un prominente periódico. A raíz de su secuestro el 29 de mayo de 1988, el ex presidente Misael Pastrana Borrero declaró que "este país está en llamas". Y agregó: "El año pasado dije que estábamos al borde del abismo. Hoy, creo que estamos en el abismo". [1]

III

Si bien la irrupción de Colombia como un país eminentemente dedicado al narcotráfico en los últimos 15 años no tuvo nada de meteórica, las raíces de su involucramiento con las drogas se remontan mucho más atrás en la historia. Los indígenas colombianos han crecido y masticado coca durante miles de años. El cultivo de mariguana es un fenómeno más reciente; llegó a Colombia vía Panamá durante la primera década del siglo XX.

La producción de mariguana en Colombia proliferó a mediados y finales de la década de 1960 debido a la creciente demanda estadounidense. Hacia los primeros años de los setenta los colombianos se habían convertido en los principales proveedores de Estados Unidos, ganando por lo menos 1000 millones de dólares anuales, aunque los traficantes mexicanos conservaron su predominio. El epicentro de la producción de mariguana en el hemisferio pasó a Colombia en la década de 1970, cuando Estados Unidos intensificó la persecución de los delitos relacionados con las drogas a todo lo largo de la frontera México-Estados Unidos y cuando México emprendió una importante ofensiva contra sus productores locales en 1975. La ubicación geográfica de Colombia es ideal para contrabandear a Estados Unidos grandes cantidades por el Caribe. El Estado colombiano era relativamente débil y corruptible, y su territorio le aportaba óptimas condiciones de cultivo.

Hacia finales de los setenta Colombia aportaba alrededor de 70% de la mariguana que llegaba a Estados Unidos desde el extranjero. Entre 30,000 y 50,000 pequeños agricultores de la costa atlántica de Colombia pasaron a depender directamente del cultivo de mariguana para ganarse la vida, y al menos otros 50,000 (recolectores estacionales, transportistas, guardias, banqueros y otros) obtenían de él parte de su manutención.

El tráfico resultó ser una fuente importante de nueva riqueza para la costa atlántica, conforme los nuevos ricos narcotraficantes gastaban desmesuradamente en la construcción, importaban automóviles Mercedes, compraban protección a los jueces, políticos y agentes aduanales locales, y casaban a sus hijos con las familias de la oligarquía colombiana. Pero el auge no tenía de ningún modo sólo un lado positivo. La costa de la Península de la Guajira, centro de mercancías de contrabando desde la época colonial, experimentó un gran aumento de la violencia relacionada con la droga y una desintegración de las instituciones policiacas y judiciales por la corrupción y los sobornos. En la búsqueda de formas para lavar sus ganancias ilícitas, los mafiosos compraron muchos negocios legítimos.

IV

El tráfico de la cocaína colombiana siguió los pasos de los traficantes de mariguana. A finales de la década de 1960, había aparecido una red relativamente pequeña de contrabando de cocaína en gran parte bajo el control de las organizaciones delictivas de cubanos exiliados asentados en Miami. Los indios paez cultivaban coca en pequeñas granjas en el suroeste y la Cordillera Occidental de Colombia. El contrabando se realizaba sobre todo a través de portadores individuales ("mulas") que transportaban unos cuantos kilogramos por vez utilizando aerolíneas comerciales. En 1970 las aduanas de Estados Unidos confiscaron 100 kilos netos de cocaína proveniente de Colombia. Puesto que la demanda estadounidense de cocaína creció con gran rapidez en los primeros años de la década de 1970, el limitado suministro de la droga cultivada en Colombia aumentó con la pasta de coca importada de Bolivia y Perú y refinada en "cocinas" (laboratorios caseros) colombianas.

En 1974 Carlos Lehder Rivas -- quien surgiría más tarde como capo de la droga -- era un criminal de poca monta de 25 años de edad que cumplía una condena en una prisión estadounidense por contrabando de mariguana y robo de vehículos. Mientras estaba en prisión soñaba con sustituir a las "mulas" con aviones privados capaces de transportar cientos de kilos de cocaína en una sola carga. Al salir de la cárcel, en 1976, comenzó a trabajar con redes de contrabando de cocaína en la ciudad colombiana de Medellín para poner en práctica sus revolucionarias ideas. Hacia 1977, junto con Jorge Luis Ochoa -- otro futuro barón de la cocaína -- , habían logrado transformar el sistema de transporte en enormes operaciones de puente aéreo.

A finales de 1977 la Agencia para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ya hablaba de un "Sindicato de Tráfico de Medellín" en un testimonio ante el Congreso.

El tráfico de cocaína se encuentra dominado por sindicatos disciplinados cuya estructura total es superior a la de cualquier otra organización en América del Sur. Algunos grupos funcionan como corporaciones multinacionales del hampa, integradas verticalmente desde los laboratorios clandestinos en Colombia hasta los distribuidores. Como resultado, Colombia ha desarrollado un hampa criminal extensa y agresiva que controla la totalidad de la organización del tráfico sudamericano. [2]

Luego de consolidar su predominio en el lado sudamericano del mercado, en 1978-1979 los capos de la droga de Medellín volcaron su atención en ganar el control de la distribución mayorista en Estados Unidos. Así comenzó un periodo de violencia en el sur de Florida, conocido como "las guerras de la cocaína", que alcanzó su punto máximo en 1981 con 101 asesinatos registrados relacionados con la droga. Dado que las mayores ganancias se obtenían en Estados Unidos, y no en América del Sur, las diversas bandas colombianas implicadas en el comercio lucharon acremente entre sí por el control del mercado mayorista de Miami. En ese proceso, exterminaron de manera sistemática a los cubano-estadounidenses y a otros involucrados en el comercio en el lado estadounidense. Con la eliminación de estos intermediarios y la instalación de los propios operadores, los colombianos no sólo mejoraron sus márgenes de ganancia, sino que también dispusieron de muchos informantes cubanos que tenían lazos con la CIA y otras agencias estadounidenses de aplicación de la ley, reduciendo de ese modo sus riesgos.

Mediante la reinversión de sus ganancias, ampliaron y modernizaron la producción en Colombia y, más al sur, en los Andes. También compraron aviones y barcos más grandes y mejores para el transporte de droga, dispositivos electrónicos de comunicación más sofisticados y radares para evitar ser detectados, y pagaron enormes cifras en sobornos a funcionarios del orden público para su protección tanto en Colombia como en Estados Unidos.

La DEA calculó que de 14 a 19 toneladas métricas de cocaína fueron introducidas de contrabando en Estados Unidos en 1976. En 1982, la agencia estimó que más de 45 toneladas métricas de cocaína estaban siendo importadas al año por el mercado estadounidense. Los capos de Medellín se hicieron tremendamente ricos, lo que provocó que la revista Forbes empezara a enlistar a Jorge Ochoa y Pablo Escobar, barones de la droga de Medellín, entre los hombres más acaudalados del mundo. Aunque imposibles de determinar con precisión, los ingresos de Colombia derivados de la mariguana y la cocaína fueron de alrededor de 1,500 millones de dólares en 1980. Para 1985 la cifra se había elevado a entre 2,500 millones y 3,000 millones de dólares por año, como permanecen en la actualidad.

A principios de la década de los ochenta, el comercio de cocaína eclipsaba el tráfico de mariguana en términos de riqueza y poder. El contraste entre ambas empresas, en gran parte controladas por distintos grupos, radica en la diferencia que existe entre la agricultura y la industria. La mariguana es sobre todo un proceso de mano de obra intensiva; el empleo y los efectos multiplicadores de ingresos, por lo tanto, se distribuyen más extensamente. La cocaína requiere menos personas, más capital y, al menos, un proceso industrial incipiente que depende de productos químicos importados. Demanda habilidades financieras para manejar ganancias mucho mayores, concentradas en unas cuantas manos. [3] Los sindicatos de la cocaína tienden a integrarse más verticalmente, y son más jerárquicos y más violentos.

La industria colombiana de la cocaína no cuenta con la misma estructura jerárquica bien definida que caracteriza a la delincuencia organizada en países como Estados Unidos. En cierto sentido, el cártel ha hecho la transición de la infancia a la adolescencia, pero aún no ha llegado a la plena madurez como organización criminal.

Una fecha decisiva en la evolución del cártel fue el 12 de noviembre de 1981, cuando, después de que la guerrilla del M-19 secuestrara a su hija y exigiera un millón de dólares de rescate, Jorge Luis Ochoa convocó a una reunión de los principales narcotraficantes en el restaurante de su familia, La Margarita, en las afueras de Medellín. Los narcotraficantes, reconociendo que sus riquezas los hacían vulnerables a la extorsión, contribuyeron, según se dice, con 7500 millones de dólares para crear una organización llamada "Muerte a los Secuestradores" (MAS), dedicada a terminar con los secuestros en Colombia. Su decisión de cooperar para protegerse de los secuestros de la guerrilla constituyó el final definitivo de las guerras de la cocaína y el principio auténtico de lo que hoy se conoce como el cártel de Medellín.

Además de la creación de MAS, en La Margarita los traficantes acordaron construir y operar colectivamente un complejo gigantesco de laboratorios para procesar cocaína en el Río Yarí, en el departamento de Caquetá. Comenzó a establecerse una división informal de trabajo entre los capos de la droga. Pablo Escobar se especializó en la seguridad de la organización; tiene la reputación de haber empleado a cerca de 200 pistoleros y de haber creado dos escuelas para adiestrar asesinos. Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, Juan David y Fabio, se responsabilizaron de las redes de distribución en Florida y California. Otros grupos de traficantes con sede en la ciudad de Cali, dirigidos por Gilberto Rodríguez Orejuela y José Santacruz Londoño, al parecer dirigían la distribución en Nueva York y Houston. Carlos Lehder asumió la responsabilidad del transporte aéreo hacia Estados Unidos, utilizando con frecuencia los Cayos Norman en las Bahamas como escala.

Aunque el término se ha conservado, varios expertos sostienen que el grupo de Medellín no califica técnicamente como un cártel. Aluden a la estructura interna relativamente informal del grupo y a la presencia de otras organizaciones independientes. Además, éste no ha sido capaz de controlar eficazmente la oferta o de fijar precios en niveles elevados; el precio de la cocaína al mayoreo cayó de 60,000 dólares por kilogramo en 1980 a menos de 10,000 en 1987.

Ya teniendo un enorme poder económico, los traficantes de Medellín extendieron sus redes para alcanzar una porción mayor de poder político. Algunos, como Lehder, compraron intereses en emisoras de radio y periódicos locales. Otros, como Pablo Escobar, intentaron hacerse de seguidores en las ciudades repartiendo dinero en efectivo a los pobres, construyendo viviendas en los barrios bajos o comprando equipos deportivos y erigiendo estadios. Varios aportaron a las campañas políticas locales. En efecto, circulan insistentes rumores de que las campañas legislativas e incluso presidenciales en la década de 1980, en especial en 1982, recibieron apoyo financiero de los señores de la droga. Lehder llegó a crear un partido político y a dar publicidad a su ideología política (un híbrido de nacionalismo colombiano y latinoamericano, alimentado con elementos de fascismo) a través de su periódico Quindio Libre. En 1982 Escobar fue elegido como congresista suplente en la lista de candidatos del Partido Liberal de su departamento natal de Antioquia. En 1982-1983, el grupo de Medellín también financió una campaña publicitaria nacional a fin de alentar el sentimiento nacionalista en contra del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia de 1979.

A pesar de estas actividades políticas, la mayoría de los observadores no cree que los objetivos políticos de los traficantes colombianos vayan más allá de la protección de sus ganancias y de ellos mismos en contra de su enjuiciamiento en Colombia o su extradición a Estados Unidos. Sus aportaciones a las campañas tenían el propósito de comprar protección política y la sumisión de los jueces, la policía y los agentes aduanales. Los asesinatos de MAS tenían la intención de proteger a ellos y a sus familias contra los secuestros de los rebeldes izquierdistas. Sus ataques sistemáticos contra el sistema judicial desde 1983 han estado dirigidos a prevenir que el gobierno colombiano cumpla el tratado de extradición con Estados Unidos.

V

A lo largo de los sesenta y principios de los setenta los sucesivos gobiernos colombianos hicieron poco para frenar el narcotráfico. Como señaló un funcionario estadounidense: "En asuntos de narcóticos sólo se consigue el apoyo del gobierno en el discurso, pero nada más". [4] Antes de 1973 el gobierno estadounidense proporcionó a la administración de Misael Pastrana (1970-1974) sólo ayuda simbólica para el control de narcóticos: seis vehículos de segunda mano y algunas esposas, con un valor total de aproximadamente 45,000 dólares. En 1973 el gobierno estadounidense respondió de forma positiva a la petición colombiana de adiestramiento, destinando unos seis millones de dólares durante cuatro años para entrenar a 600 policías colombianos.

Pese a este adiestramiento y a algunos reducidos gastos colombianos para su aplicación, las responsabilidades entre las agencias gubernamentales colombianas siguieron siendo confusas y superpuestas, lo que condujo a constantes fricciones, a batallas burocráticas territoriales y a la ineficiencia general. Además, cada agencia funcionaba con escaso personal, con mal adiestramiento y mal pago, haciéndolas vulnerables al soborno sistemático y a la corrupción de los traficantes. Aunque en el discurso Pastrana tendía a la cooperación, no rindió resultados prácticos.

Cuando asumió la presidencia Alfonso López Michelsen (1974-1978), se encontró ante la total desorganización de los esfuerzos de Colombia contra las drogas, con una corrupción que penetraba en las altas esferas de las agencias de aplicación de la ley, sobre todo la policía de seguridad, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin hacer mucho ruido, despidió al director del DAS, el general Luis Ordóñez Valderrama, y lo reemplazó con el general José Matallana, un oficial del ejército muy respetado. Matallana retiró a más de la mitad de los altos funcionarios del DAS e incluso arrestó a algunos. A pesar de estos esfuerzos, los vínculos entre las fuerzas de seguridad colombianas y los narcotraficantes permanecieron casi intactos durante toda la presidencia de López. En 1975, incluso el DAS se vio implicado en tiroteos contra otras unidades antinarcóticos de Colombia.

En 1977, cediendo a la insistente presión estadounidense, el presidente López anunció una campaña ampliada contra el tráfico de cocaína, asignando unidades antinarcóticos de la policía nacional a puertos y aeropuertos internacionales. Asimismo, propuso reorganizar a la policía judicial en una fuerza de élite, muy bien pagada y centralizada, y con un presupuesto anual de 15 millones de dólares. El gobierno de Carter prometió incrementar los recursos, incluyendo tres helicópteros y otro equipo con un valor de 3.7 millones de dólares. Luego, una misión verificadora del Congreso estadounidense en Colombia se enteró que los helicópteros eran demasiado pequeños para usarlos con eficacia en el programa de erradicación de cultivos al que fueron designados. La misión también expresó su preocupación de que tan pocas aeronaves no proporcionarían la movilidad suficiente al personal encargado de aplicar la ley y cuestionaba el valor de emplear aeronaves convencionales anticuadas para combatir el equipo tan sofisticado que utilizaban los traficantes. [5]

El presidente Julio César Turbay Ayala tomó posesión del cargo en 1978. En su discurso inaugural declaró la guerra contra los traficantes y prometió que su gobierno restauraría el orden público en Colombia. Tres meses después, hizo uso de sus poderes para implantar el estado de sitio para reprimir enérgicamente a los narcotraficantes y envió al ejército a la Península de la Guajira. Apoyado por la marina y la fuerza aérea, el ejército impuso un bloqueo sobre la Guajira durante casi dos años, y confiscó más de 6,000 toneladas de mariguana y cerca de 300 aeronaves y barcos.

El gobierno estadounidense acogió con entusiasmo la guerra contra las drogas del presidente Turbay en Colombia. En 1979, cuando él acordó un tratado de extradición con Estados Unidos que permitiría que los traficantes colombianos acusados de crímenes en ese país fueran extraditados y procesados en los tribunales estadounidenses, el embajador Diego C. Asencio logró presentar ante Washington una petición de 16 millones de dólares de ayuda adicional para Colombia, de un total de 42 millones destinados a la prohibición mundial de narcóticos. Esta cifra representó una triplicación de la ayuda antinarcóticos que Estados Unidos había ofrecido a Colombia entre 1970 y 1977.

Asimismo, el gobierno estadounidense proporcionó un apoyo sustancial a la campaña colombiana de restricción de las fuerzas armadas, a la reorganización y el fortalecimiento del Servicio Aduanero de Colombia y a la Policía Nacional. Sin embargo, para consternación del Departamento de Estado estadounidense y las autoridades colombianas, el Congreso enmendó subsecuentemente la ley, prohibiendo de hecho el uso de fondos estadounidenses para rubros tales como radares aerotransportados, aviones y equipo de comunicaciones, ya que temía que los utilizarían más para propósitos militares que para los de control de narcóticos. Los colombianos sostuvieron que tales restricciones obstaculizarían gravemente sus operaciones contra las drogas.

La política estadounidense contra los narcóticos sufrió un nuevo revés importante cuando el ejército colombiano anunció, en marzo de 1980, que abandonaba los esfuerzos de asistencia estadounidenses para poner freno a los embarques de mariguana de la región de la Guajira. Muchos colombianos percibían que la campaña no había logrado cumplir sus metas y había dañado los intereses económicos del país. Los comandantes del ejército sospechaban cada vez más que la institución armada sería corrompida, como había ocurrido con la policía, por los aproximadamente 110 millones de dólares que los traficantes pagaban al año en sobornos. Además, las fuerzas armadas colombianas necesitaban personal en otros sitios para contener el aumento de la actividad guerrillera ocurrida en 1978-1980.

La experiencia de Colombia con la militarización de la Guajira permite entender en buena medida el problema del tráfico colombiano. Primero, la campaña del ejército afectó seriamente el comercio de mariguana en la región, aun cuando no la interrumpiera del todo. Segundo, los costos para la población local fueron altos y provocaron un profundo resentimiento. Tercero, en la medida en que los esfuerzos de aplicación de la ley en la Guajira fueron exitosos, tendieron simplemente a desplazar el cultivo de la droga y las actividades de transporte a otras zonas del país, como los Llanos de Oriente y las selvas de Amazonia, más que a eliminarlos. Cuarto, las fuerzas armadas colombianas fueron propensas a la corrupción de los narcotraficantes. Quinto, en cuanto los militares se retiraron, muy pronto los traficantes demostraron que eran capaces de reestablecer sus actividades. Sexto, como las campañas de erradicación y prohibición en el lado de la oferta no iban de la mano con programas paralelos de reducción de la demanda, había poca esperanza (si la hubo) de lograr un cese permanente del narcotráfico.

Reconociendo este último punto como fundamental, el mismo presidente Turbay señaló: "Los colombianos no están corrompiendo a los estadounidenses. Ustedes nos están corrompiendo a nosotros. Si ustedes abandonan las drogas ilegales, el tráfico desaparecerá". [6]

VI

Con grandes reservas sobre la conducción del tipo de guerra contra las drogas favorecido por Washington, el presidente Belisario Betancur Cuartas asumió el gobierno en 1982. Por motivos nacionalistas se rehusó a cumplir con el tratado de extradición firmado por Turbay, y prefirió juzgar a los traficantes en tribunales colombianos.

Si bien su actitud poco cooperativa, sobre todo en lo concerniente a la extradición, escandalizó a Washington, Betancur realmente emprendió todas las medidas contra los cada vez más poderosos capos de la droga colombianos. Para dirigir el Ministerio de Justicia, designó a Rodrigo Lara Bonilla, quien con energía fue tras los traficantes con ayuda de los agentes estadounidenses antinarcóticos. El 10 de marzo de 1984, la policía colombiana, conjuntamente con agentes de la DEA, llevaron a cabo una redada y destruyeron el enorme complejo de refinamiento de cocaína del cártel de Medellín en el Río Yarí. En esa redada se incautaron 27,500 libras [12,474 kilos] de cocaína con un precio en las calles estimado en 1,200 millones de dólares, la mayor operación registrada contra la cocaína. Las autoridades estadounidenses estaban muy satisfechas, pues la veían como un gran golpe en contra del cártel.

En represalia, los capos de Medellín contrataron el asesinato del ministro Lara. A pesar de que había incrementado sus medidas de seguridad, y pese al chaleco antibalas que le regaló el embajador estadounidense Lewis Tambs en agradecimiento por sus esfuerzos, un matón a sueldo del cártel asesinó a Lara en Bogotá el 30 de abril de 1984. Su muerte sacudió a toda la sociedad colombiana e incitó al gobierno de Betancur a actuar. El presidente declaró una "guerra sin cuartel" en contra de los traficantes y se acogió a las facultades del estado de sitio, que dieron lugar rápidamente a una inédita ola de arrestos, confiscaciones de propiedades y destrucción de los laboratorios. Aunque fue muy bien acogida en Washington, esta respuesta contundente también confirmó las sospechas de los funcionarios estadounidenses de que las autoridades colombianas tenían muchísima información de inteligencia sobre los contrabandistas de droga, pero que sencillamente no querían atraparlos.

El presidente Betancur abandonó su previa oposición a la extradición y firmó una orden de extradición para Carlos Lehder, quien ya había huido del país. La repugnancia de la ciudadanía colombiana ante el asesinato de Lara dio un apoyo muy generalizado a las drásticas acciones emprendidas por el presidente. Asimismo, esto aumentó el nivel de conciencia en Colombia respecto de su creciente problema con las drogas, sobre todo de la extendida adicción al basuco, una forma barata y potente de cocaína, que había aparecido a principios de la década de 1980 entre los jóvenes del país. Muchos colombianos se dieron cuenta de que ya no podían permitirse desestimar el tráfico de cocaína como un problema "gringo" que debían resolver los estadounidenses.

Las enérgicas medidas de Betancur sorprendieron a los cabecillas del cártel y los obligaron a esconderse en Panamá, en donde pagaron al caudillo Manuel Noriega entre cuatro y cinco millones de dólares para que los protegiera. Jorge Ochoa y Pablo Escobar se pusieron en contacto con el ex presidente López, quien se encontraba en Panamá como observador electoral oficial, negaron haber sido responsables del asesinato de Lara e hicieron una oferta de "paz", solicitando a López transmitirla al gobierno de Betancur. Asegurando que controlaban de 70 a 80% del tráfico sudamericano de cocaína, ofrecieron retirarse del negocio de la droga y colaborar para combatirlo en el futuro, apartarse de la política y repatriar miles de millones de dólares. A cambio, buscaban su "reincorporación" en la sociedad colombiana en un futuro próximo. El 28 de mayo sostuvieron una segunda reunión clandestina en la ciudad de Panamá con el procurador colombiano Carlos Jiménez Gómez, en la que añadieron la sugerencia de que el tratado de extradición fuese revisado para que no se les enjuiciara con efecto retroactivo.

Se informó sobre la oferta a la embajada estadounidense, y de inmediato Washington declaró sus firmes objeciones a cualquier trato semejante. A principios de julio, cuando el asunto se ventiló en la prensa colombiana, una avalancha de protestas obligó al presidente Betancur a negar que hubiera, o llegara a haber, cualesquiera negociaciones con los señores de la droga.

Si bien es obvio que ni Estados Unidos ni la ciudadanía colombiana estaban dispuestos a aceptar un trato, en retrospectiva hay buenas razones para pensar que se perdió una excelente oportunidad para lograr una negociación beneficiosa para Colombia. Los jefes del cártel ofrecieron expresamente entregar sus laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinos, no inmiscuirse en el comercio y contribuir a sustituir la coca y la mariguana con otros cultivos. Estimaron que una vez que la organización fuera desmantelada, a otros les tomaría por lo menos 10 años en reemplazarla. La información de inteligencia sobre la estructura de la industria y las operaciones de lavado de dinero habría sido muy útil para las autoridades competentes colombianas y estadounidenses para enfrentarse a un resurgimiento. La repatriación de alrededor de 15000 millones de dólares habría bastado para cubrir la deuda externa total de Colombia. También podría haber salvado al país de la orgía de terror, corrupción y asesinatos desatada por el cártel en los siguientes cuatro años... el abismo al que se refería el ex presidente Pastrana.

Sin embargo, más que negociar, el presidente Betancur optó por intensificar la guerra. Con el respaldo de la cada vez mayor ayuda estadounidense, durante los siguientes dos años extraditó a Estados Unidos a 10 colombianos y a tres extranjeros, aceleró los programas de erradicación e incautó más drogas ilícitas que todos sus predecesores juntos. Pero las organizaciones colombianas de traficantes fueron más adaptables y resistentes de lo esperado. Con las incursiones del ejército y las confiscaciones de las propiedades de los presuntos traficantes se eliminó la mayoría de las enormes instalaciones de procesamiento de cocaína, pero los traficantes se adaptaron retornando a operaciones móviles y de pequeña escala. También incrementaron su uso del soborno, la intimidación y el asesinato para protegerse contra los juicios, y recompensaron generosamente a sus seguidores para asegurar su lealtad.

En su exilio en Panamá, los jefes supremos del cártel fortalecieron sus ya existentes relaciones con el general Noriega. Más tarde establecieron relaciones con los sandinistas y con los contras en Nicaragua. Al establecerse nuevos contactos con hondureños, orquestados por Juan Ramón Matta Ballesteros (un hondureño con estrechos lazos con el cártel de Medellín), se facilitó un explosivo incremento de embarques a México a través de Honduras. El grupo de Medellín estableció lazos con contrabandistas mexicanos de heroína y mariguana y con las autoridades de México para facilitar el embarque de cocaína colombiana a través de la frontera de este país hacia el suroeste estadounidense. En el Caribe, fortalecieron relaciones con las Bahamas y Jamaica y crearon nuevos lazos en Cuba, Haití, Belice y varios países isleños más pequeños. El resultado neto fue una enorme proliferación de nuevas rutas y la corrupción de gobiernos que no habían sido alcanzados por el comercio de la cocaína; el tonelaje total de cocaína exportada aumentó y los precios cayeron. Hacia 1986, aproximadamente 40% de la cocaína circulante en Estados Unidos había sido desviado de las tradicionales rutas caribeñas a través de la frontera México-Estados Unidos.

Aún más devastadores para Colombia fueron los ataques cada vez más intensos sobre su poder judicial, como parte de la lucha de los traficantes contra la extradición. Entre 1981 y 1986 fueron asesinados más de 50 jueces, contando en ello a una docena de magistrados de la Corte Suprema, y cualquier juez que estuviera a cargo de un caso de drogas era bombardeado con amenazas de muerte si rechazaba ser sobornado. En Colombia existe la creencia generalizada de que el cártel de Medellín pagó un millón de dólares a los guerrilleros del M-19 para que tomaran el Palacio de Justicia en la capital en noviembre de 1985; esa debacle concluyó con la muerte de todos los jueces de la Corte Suprema que habían tomado como rehenes, y con otras 80 personas más incluidos todos los guerrilleros del M-19 y la destrucción completa del Palacio.

Si los traficantes pagaron de hecho al M-19 por este ataque, no cabe duda de que los señores de la droga entablaron alianzas temporales con algunas organizaciones guerrilleras de izquierda en las remotas áreas donde las actividades de cultivo y refinado de droga coincidieron con las operaciones guerrilleras. Con frecuencia, tales arreglos han sido mal etiquetados como una nueva alianza "narcoguerrillera", pero es más exacto verlos como matrimonios de conveniencia transitorios más que como una fusión en ciernes de narcotraficantes y rebeldes. Pagaron los servicios de los guerrilleros con armas o con dinero en efectivo, incrementando así su capacidad para librar una guerra contra un gobierno ya asediado.

No obstante estas vinculaciones, es crucial recordar que los traficantes de Medellín formaron el MAS en 1981 para asesinar simpatizantes de la guerrilla. El MAS fue responsable de muchas, si no todas, de las más de 500 muertes de miembros de la izquierdista Unión Patriótica, formada en 1985 con el apoyo de las FARC y el Partido Comunista Colombiano, como resultado de las negociaciones de tregua del presidente Betancur. Los objetivos de los guerrilleros y de los traficantes son fundamentalmente incompatibles: los guerrilleros son revolucionarios que buscan derrocar al sistema colombiano; los traficantes son barones ladrones capitalistas que buscan proteger sus ganancias obtenidas por medios ilícitos y asegurarse la inmunidad contra los juicios. Sus tempestuosas relaciones han implicado mucho más derramamiento de sangre que cooperación.

Al trastornar las actividades de las redes de traficantes en Colombia, las autoridades del país demostraron que los señores de la droga eran vulnerables. Por lo menos, algunas organizaciones guerrilleras como las FARC, cuyos partidarios campesinos cultivaban la droga para el cártel y otros traficantes, decidieron hacerse cargo ellos mismos de las operaciones de cultivo y refinado, eliminando al intermediario de Medellín. En respuesta, el cártel de Medellín se ha negado a comprar la pasta de coca a las guerrillas de las FARC, con lo que se han precipitado más choques entre ambos grupos.

Al menos igualmente de siniestra para Colombia es la nueva tendencia entre los señores de la droga a acaparar grandes extensiones de tierra rural en las zonas de la guerrilla. A diferencia de los terratenientes anteriores, los traficantes han sido reacios a pagar sobornos a la guerrilla a cambio de protección. Más bien, han utilizado sus recursos y su capacidad de fuego para crear grandes ejércitos privados para protegerse de los rebeldes y masacrar a campesinos sospechosos de colaborar con los guerrilleros. En años recientes el resultado ha sido un verdadero baño de sangre en el campo, que las autoridades no han querido o no han podido controlar.

Como terratenientes, los señores de la droga inevitablemente ingresarán en asociaciones legítimas de agricultores y ganaderos que ejercen una influencia significativa en el sistema político de Colombia. De esta forma pueden alcanzar en última instancia, por la puerta lateral, el tipo de poder político que buscaron al principio a través de la política partidista y de contribuciones directas a las campañas.

VII

Hace dos años, cuando el presidente Virgilio Barco Vargas asumió su cargo, heredó de Betancur un país con una imagen contradictoria. Colombia había sido elogiada con amplitud por sus enérgicas medidas contra el narcotráfico y reconocida en general como el país latinoamericano que iba a la cabeza en el área de aplicación de la ley. Pero estos esfuerzos no habían detenido, ni siquiera disminuido de manera perceptible, el flujo de cocaína. Además, era claro que la guerra de Betancur contra los traficantes falló y que el sistema judicial del país literalmente había dejado de funcionar. Si bien en su discurso de toma de posesión Barco prometió continuar con el impulso antidrogas iniciado por su predecesor, durante sus primeros tres meses en el cargo dio escasos indicios de que éste tendría prioridad.

A finales de agosto de 1986, por ejemplo, a unas semanas de la asunción de Barco, un juez de primera instancia, al parecer sobornado o amenazado por los traficantes, liberó sorprendentemente a Jorge Luis Ochoa. Ochoa había sido extraditado hacía poco de España a Colombia, y Washington quería que lo extraditaran a Estados Unidos. A principios de diciembre Colombia parecía abandonar por completo la lucha cuando la Corte Suprema, intimidada, declaró inconstitucional el tratado de extradición porque no había sido firmado por el propio presidente Turbay sino por su ministro de Gobierno.

El 14 de diciembre de 1986, el presidente Barco firmó el tratado, poniéndolo de nuevo en vigor. Tres días más tarde Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, el segundo periódico en importancia de Colombia, que emprendía una cruzada contra las drogas, fue asesinado en Bogotá por pistoleros del cártel. Barco reaccionó con prontitud, decretando una nueva ofensiva contra el narcotráfico en la que el ejército recibió órdenes de participar. Durante el mes siguiente unidades del ejército y la policía realizaron más de 1,000 redadas y detuvieron a casi 800 sospechosos, entre ellos tres traficantes de una lista de 113 proporcionada a Colombia por Estados Unidos para su extradición. Pero en esta acción no se capturó a ningún personaje importante del cártel.

En respuesta a la campaña de Barco, el 13 de enero de 1987 el cártel de Medellín llevó a cabo su intento de asesinato más audaz desde el caso Lara Bonilla. Envió una banda de asesinos más allá de la Cortina de Hierro, a Budapest, para a asesinar al ex ministro de Justicia de Betancur, Enrique Parejo González. Parejo había sido enviado al exterior como embajador en Hungría para protegerlo del cártel, que andaba tras él por su apoyo "traicionero" a la extradición. Aunque recibió tres disparos y fue herido de gravedad, sobrevivió. Sin embargo, el atentado arrojaba implicaciones escalofriantes: nadie escapaba al alcance de los traficantes de Medellín.

El 4 de febrero de 1987, una unidad policiaca antinarcóticos de élite detuvo al capo del cártel Carlos Lehder y a 15 de sus guardaespaldas en una de sus fincas. Temiendo que fuera capaz de sobornar o escaparse de la cárcel de Colombia, el gobierno de Barco lo extraditó apresuradamente a Estados Unidos. Lehder, cuya vistosidad y volubilidad hacían de él un peligro para el cártel, dijo que éste lo había entregado a las autoridades. Una segunda teoría, bastante compatible, sostiene que el arresto ocurrió porque el presidente Barco acababa de sustituir al jefe de policía de Medellín y a sus principales ayudantes con personal no corrompido. Así, Lehder perdió a sus protectores en la fuerza policiaca, que entonces actuó siguiendo una delación anónima que informó sobre su paradero.

Lehder se había granjeado su mala fama a principios de 1985 al anunciar que pagaría 350,000 dólares a cualquiera que pudiera matar o capturar al jefe de la DEA, y una cantidad menor por otros. En marzo de 1985, escondido por las enérgicas acciones de Betancur, concedió una entrevista (que después se transmitió en la televisión nacional) en la que hizo un llamado a oficiales militares descontentos y a revolucionarios marxistas por igual para unírsele en la "bonanza de la cocaína... el arma o la lucha contra Estados Unidos... el talón de Aquiles del imperialismo estadounidense". Tras el arresto de Lehder y su extradición a Florida, los miembros del cártel lanzaron amenazas contra funcionarios colombianos y estadounidenses, incluida una, no llevada a cabo, de matar a cinco estadounidenses por cada colombiano extraditado a Estados Unidos. El 20 de julio de 1988 fue condenado a la sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

Pero la extradición de Lehder no parece haber frenado ni el flujo de cocaína de Colombia ni su ola de violencia relacionada con la droga. Incluso puede haber aumentado el desorden al animar a rivales como el grupo de Cali a desafiar al cártel de Medellín.

A lo largo de 1987 y 1988, el gobierno de Barco fue golpeado por la violencia de la guerrilla y la mafia de la droga. A mediados de 1987, ocho de nueve organizaciones guerrilleras habían roto la tregua negociada por la administración Betancur e interrumpido las pláticas de paz en curso. El gobierno rechazó las demandas de los guerrilleros de "compartir el poder" y sólo discutiría las condiciones de su desarme. Las actividades de los escuadrones de la muerte se incrementaron, y los informes de abusos contra los derechos humanos y las desapariciones ejecutadas por las fuerzas armadas aumentaron drásticamente.

En junio de 1987 la Corte Suprema, intimidada por las violentas represalias del cártel, determinó que el tratado de extradición era inconstitucional pese a la firma de Barco. Barco prometió que su gobierno encontraría una forma legal de extraditar, pero las extradiciones se suspendieron indefinidamente. En noviembre, Jorge Luis Ochoa fue capturado (al parecer en forma accidental) en un puesto de control rutinario de la policía en las afueras de Cali. Después de poco más de un mes en la cárcel, pagó un soborno por su escape. Aunque posteriormente Barco procesó al juez que lo liberó, el daño ya estaba hecho. El ministro de Justicia estadounidense Edwin Meese calificó a la liberación como un "golpe escandaloso" a la aplicación del derecho internacional y manifestó que los colombianos le habían asegurado que extraditarían a Ochoa a Estados Unidos.

El 25 de enero de 1988, el procurador de Justicia colombiano, Carlos Mauro Hoyos Jiménez, fue muerto a tiros junto con sus dos guardaespaldas durante un intento de secuestro en las afueras de Medellín. Esa tarde, en un discurso de escala nacional, Barco prometió solemnemente que "no se rendiría" al chantaje o la intimidación de los traficantes. Invocó las facultades del estado de sitio y anunció un paquete de medidas de emergencia, el Estatuto para la Defensa de la Democracia. De manera específica, anunció que estaba incrementando en 5,000 elementos la Policía Nacional de 70,000 hombres, y que designaría a 5,000 nuevos jueces y asistentes. Barco también se comprometió a renovar los esfuerzos de extradición, y ordenó a los militares unir fuerzas con la policía en una nueva ofensiva. En menos de un mes el ejército destruyó dos grandes complejos de procesamiento de cocaína y docenas de otros más pequeños, pero no logró reapresar a Jorge Ochoa.

VIII

El gobierno colombiano ha sido movilizado para dirigir las líneas frontales de la guerra contra las drogas sin los recursos, el entrenamiento o el equipo adecuados. Los resultados han sido fatales para muchos funcionarios colombianos y han debilitado el sistema político del país. Sin embargo, el gobierno estadounidense continúa insistiendo en que Colombia debe enfrentar a los señores de la droga sin importar los costos. Como dijo Francisco Bernal, jefe de la Oficina de Estupefacientes de Colombia en la oficina del ministro de Justicia: "Nos están abandonando para luchar esta guerra solos. Nosotros ponemos los muertos, el país se está desestabilizado y ¿qué ayuda recibimos?". [7] Incluso el presidente Barco ha expresado preocupación por que Colombia se está "sacrificando" injustamente más que otras naciones. [8]

Muchos colombianos están indignados por lo que consideran la miope obsesión del gobierno estadounidense con la extradición. Como respuesta a la liberación de Ochoa y al fallo de la Corte Suprema sobre el tratado de extradición, Washington ordenó sanciones contra Colombia, que incluían prolongadas revisiones aduanales para los viajeros y productos procedentes de ese país. Esas acciones fomentaron el aumento del nacionalismo y los resentimientos en contra de Estados Unidos, e hicieron que muchos colombianos llegaran a la conclusión de que las autoridades estadounidenses no entendían la precaria situación del país.

El gobierno de Reagan ha insistido en que las extradiciones son un arma fundamental contra las drogas, pero a principios de 1988 estaba claro que en Colombia había poco respaldo para reanudar las extradiciones. En mayo, el juez Enrique Low Mutra anunció que el gobierno de Barco estudiaba la posibilidad de repudiar unilateralmente el tratado de 1979. [9] Las sanciones estadounidenses han dado pie a que el gobierno de Barco recalcara la necesidad de un enfoque multilateral sobre el problema del narcotráfico, y no de uno estrictamente bilateral.

Ni las guerrillas ni los narcotraficantes parecen ser capaces de derrocar al gobierno de Colombia. Pero muchos colombianos están claramente hartos de la costosa y al parecer interminable guerra contra las drogas. Las olas de violencia han afectado la confianza en el gobierno de Barco y en su estrategia de estrecha cooperación con Estados Unidos. Los partidarios de una línea dura exigen un papel más amplio de las fuerzas armadas en la lucha tanto contra los señores de la droga como contra los rebeldes, incluso a costa de restricciones a la democracia y los derechos civiles. También es improbable que ocurra un golpe militar, pero los secuestros y otros actos de violencia bien pueden provocar que los líderes civiles cuenten cada vez más con gobernar el país mediante la fuerza militar. En el curso de este proceso, en todos los lados aumentarán las violaciones a los derechos humanos y es probable que el sistema político se vuelva más autoritario. En el análisis final están en juego las tradiciones e instituciones democráticas de Colombia. El próximo gobierno de Estados Unidos debe tener cuidado de no forzar a Colombia a caer en el abismo del autoritarismo en nombre de la seguridad nacional y la guerra contra las drogas.

Uno de los defectos más flagrantes de la estrategia estadounidense es la tendencia a la toma de decisiones unilaterales y sin practicar consultas en asuntos bilaterales o multilaterales. Como de costumbre, Washington ha buscado una estrategia de cooperación con Colombia, pero cuando aumenta la cuota colombiana en el mercado de la droga de Estados Unidos o durante las campañas electorales o después de incidentes extraordinarios, Washington suele actuar de forma unilateral, sin consultar o ni siquiera advertir a Bogotá. Desde la perspectiva de las políticas, es sorprendente lo poco que han aprendido ambas partes en esta relación de "altibajos". Ni Estados Unidos ni el gobierno colombiano han desarrollado una estrategia para anticiparse a estas crisis, y mucho menos para resolverlas. Sin lugar a dudas, el presidente Reagan ha asignado más recursos financieros y humanos a los programas contra las drogas que cualquiera de sus predecesores. Pero a juzgar por el actual alcance del problema del narcotráfico, estos programas han sido claramente insuficientes.

Pese a algunas señales alentadoras de que el consumo de drogas en Estados Unidos puede estarse estabilizando, o incluso disminuyendo, el narcotráfico sigue siendo la industria de mayor crecimiento en el mundo. La población consumidora es enorme. El área total de cultivo ha seguido creciendo. Persistentemente más áreas y países se agregan a la lista de naciones productoras o de tránsito. La violencia, la corrupción y la desestabilización asociadas con el comercio de drogas se han incrementado a niveles amenazadores pese a la intensificación de los esfuerzos de hacer cumplir la ley. La cooperación con países clave, como Colombia, parece estar en declive.

IX

¿Qué debe hacerse? Un planteamiento es que Washington financie un incremento significativo de las capacidades de la lucha contra las drogas de los gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos podría proporcionar a los países productores, entre ellos Colombia, de 2,000 a 3,000 millones de dólares por año que se requerirían para establecer un control eficaz en las áreas productoras de droga que, en esencia, están "ocupadas" por las fuerzas guerrilleras o por las organizaciones criminales multinacionales. Esta estrategia implicaría proveer más capacidad de fuego, helicópteros, equipo de comunicaciones y apoyo de inteligencia. También podrían entregarse a los países productores tecnologías más avanzadas para combatir las industrias de narcóticos: herbicidas para rociar los cultivos, sistemas de radar para rastrear el movimiento de barcos y aviones de los contrabandistas de narcóticos, armas antiaéreas modernas, dispositivos electrónicos para interferir y bloquear las comunicaciones de los traficantes y equipo termodirigido para detectar laboratorios de drogas. Muchos países latinoamericanos necesitan sistemas de seguridad más sofisticados para proteger a funcionarios, jueces y testigos. Esta estrategia de esfuerzos intensificados no es simplemente una cuestión de proporcionar los medios; en lo político, se necesitan difíciles reformas institucionales en los países productores y de tránsito de drogas para que su uso sea eficaz.

Una segunda opción sería hacer las operaciones antidrogas en América Latina al estilo "estadounidense". Este planteamiento consistiría en que el gobierno de Estados Unidos adoptara las funciones de control de drogas que los países de origen no llevan o no pueden llevar a cabo, a condición de que esos países consientan en ello. Ejemplos de la acción al estilo estadounidense son la extradición y el enjuiciamiento de los narcotraficantes colombianos en tribunales de Estados Unidos y la Operación Altos Hornos del Ejército estadounidense contra los laboratorios de cocaína en Bolivia en el verano de 1986. Sin embargo, la eficacia de este modelo es limitada; la Operación Altos Hornos paralizó la industria boliviana de la cocaína durante unos meses, pero la intervención de las fuerzas estadounidenses socavó la popularidad y las credenciales nacionalistas del gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, y fue condenada prácticamente por todas las facciones del espectro político del país y rechazada como opción por la mayoría de otros países latinoamericanos, incluidos Colombia y México. El problema con la extradición es que la mafia de la droga puede inmovilizar al sistema judicial, como lo ha hecho en Colombia, mediante la violencia y la intimidación. La adopción del estilo estadounidense es, por tanto, una opción arriesgada y potencialmente contraproducente, que deberá aplicarse sólo en circunstancias especiales.

Para Estados Unidos, una tercera opción consiste en apoyar los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para ofrecer alternativas económicas viables al comercio de drogas. La eficiente aplicación de la ley en el problema de la droga implica mucho más que el mero lanzamiento de hombres y equipo en paracaídas en el lugar para practicar redadas en los laboratorios y erradicar los campos de mariguana, opio y coca. Estados Unidos podría hacer una contribución muy importante ayudando a las naciones económicamente deprimidas a proporcionar programas de sustitución de cultivos e ingresos a los cultivadores de droga. Podría abrir nuevas oportunidades económicas al bajar las barreras de importación a las exportaciones legítimas -- textiles, azúcar, café, flores -- y al ampliar el sistema comercial preferencial de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a todos los gobiernos sudamericanos que estén dispuestos a adoptar campañas determinadas contra las drogas. Podría ayudar a mitigar la aplastante carga de la deuda de la región, tomando la delantera en la elaboración de nuevas fórmulas para el alivio de la deuda. Afianzar el desarrollo económico regional es un componente indispensable de cualquier esfuerzo exitoso de largo plazo para reducir el narcotráfico.

La cuarta opción, radicalmente diferente, sería abandonar la guerra contra las drogas y en cambio decidir legalizar, o al menos despenalizar, su consumo. Los defensores de esta opción a menudo comparan las actuales políticas antidrogas en Estados Unidos y el extranjero con los esfuerzos estadounidenses previos para prohibir el consumo de bebidas alcohólicas; prevén que la represión del consumo de drogas probablemente ya no será más exitosa de lo que fue la prohibición.

Los defensores de la legalización o despenalización sostienen que debe hacerse una diferenciación entre el problema de salud pública por el consumo de drogas y la violencia y la criminalidad asociadas con el narcotráfico por ser éste ilegal. No justifican ni alientan el consumo de drogas; creen que el mejor modo para reducir el narcotráfico es tratar a las drogas como asunto de salud pública, y no como un problema criminal. Al legalizar la producción y la venta de drogas, sería posible suprimir las ganancias clandestinas provenientes del comercio de drogas y así eliminar los incentivos económicos para que las bandas criminales no se impliquen. El Estado podría controlar la calidad y reducir los precios de venta, evitando así que los consumidores delincan -- roben, atraquen, asesinen -- al tratar de conseguir drogas. Los gobiernos federal, estatales y locales de Estados Unidos gastan ahora aproximadamente 8,000 millones de dólares anuales para la aplicación de la ley, y más miles de millones adicionales en tribunales, prisiones y manutención de reclusos (un tercio de todos los presos federales están en la cárcel por delitos relacionados con las drogas). Además, el Estado podría gravar la venta de drogas, ganando así miles de millones en ingresos para financiar programas de educación, prevención y rehabilitación para los consumidores de drogas. [10]

Existen, por supuesto, muchos aspectos negativos en la legalización. Muchos estadounidenses consideran que la idea de legalizar el consumo de drogas es moralmente repugnante. También es posible que el consumo de drogas aumente si éstas se legalizan, aunque no se sabe a qué grado. También podrían aumentar los índices de adicción, los accidentes laborales, las bajas en la productividad de los trabajadores y los costos de tratamiento médico. Sin sostener que sea una panacea, los defensores de la legalización indican adecuadamente que las políticas actuales no están funcionando. Su punto central -- que los aspectos de salud pública por el consumo de drogas deberían separarse de la delincuencia que deriva de la ilegalidad de las drogas -- merece ser debatido. Pero es evidente que los vientos políticos en Estados Unidos no favorecen la legalización; de ahí que esta opción no parezca viable en el futuro próximo. Y, a menos que Estados Unidos opte por la legalización, ningún país en América Latina podría hacerlo sin provocar severas sanciones de parte de Washington.

Incluso, para socavar el poder de los narcotraficantes, América Latina necesitará una enorme ayuda adicional de Estados Unidos; la estrategia más prometedora es una combinación de las opciones uno y tres. Lamentablemente, el clima político actual en Washington parece estar alejándose de la ayuda externa, ya que el Congreso ha reducido la asistencia económica y militar estadounidense en todo el mundo. Colombia no ha recibido ayuda económica desde 1975, y la asistencia militar terminó este año.

No cabe duda de que Estados Unidos tiene que controlar más eficazmente la demanda si pretende lograr un éxito verdadero en la guerra contra las drogas. Mientras las ganancias sigan siendo tan grandes, las drogas ilícitas pasarán de contrabando a Estados Unidos desde el empobrecido Tercer Mundo. Relacionar la reducción de la demanda con un incremento en la aplicación de la ley dentro y fuera del país, como hoy aboga Estados Unidos, es una estrategia llena de peligros para los países productores. Estados Unidos se pondrá firme no sólo en su territorio, sino con los gobiernos latinoamericanos y caribeños que no satisfagan por completo las expectativas estadounidenses. En cambio, menos retórica y más diplomacia permitirán una cooperación mayor de Estados Unidos con muchos países de América Latina, cuyo apoyo activo se necesita al máximo. Las autoridades estadounidenses encargadas del control de las drogas deberán establecer objetivos y criterios más realistas para los programas antidrogas propios y de otras naciones.

Deben hacerse intentos para prever las nuevas tendencias o desarrollos, como el crack, una forma potente de cocaína desconocida hace 10 años. El principal desafío que enfrentan los guerreros estadounidenses contra la droga es desarrollar una estrategia duradera y viable por ambos lados, el de la oferta y la demanda, y luego ponerlo en práctica en forma consistente. Ello requerirá niveles considerablemente más altos de financiamiento estadounidense tanto dentro como fuera del país, así como esfuerzos sostenidos de cooperación con los latinoamericanos. La "guerra contra las drogas" no está nada cerca de alcanzar la cooperación que se requiere, y no está claro si Estados Unidos y América Latina tienen la voluntad política y están preparados para dedicar los recursos necesarios a la lucha. Sin tales compromisos, no podrán esperar de manera realista empezar a mejorar, y mucho menos ver cualquier luz al final del túnel.

Notas:

[1] Andrés Oppenheimer, "Rising Violence Rips Colombia", The Miami Herald, 12 de junio de 1988, p. 1A.

[2] Select Committee on Narcotics Abuse and Control, "South American Study Mission, August 9-23, 1977", Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, SNAC-95-1-13, 1977, p. 9.

[3] Alan Riding, "Shaken Colombia Acts at Last on Drugs," The New York Times, 11 de septiembre de 1984, p. A16.

[4] U.S. House of Representatives, Foreign Affairs Committee, "The World Narcotics Problem: The Latin American Perspective", Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 91-5710, 1973, p. 24.

[5] Ibid.

[7] Alan Riding, "Colombians Grow Weary of Waging the War on Drugs", The New York Times, 1 de febrero de 1988, p. 8.

[8] Bradley Graham, "Drug Killings Cow Colombians", The Washington Post, 6 de febrero de 1987, p. A14.

[9] Agencia de noticias EFE, "Colombia Might Repudiate Extradition Treaty with U.S.", The Miami Herald, 17 de mayo de 1988, p. 11A.

[10] Ethan A. Nadelmann, "U.S. Drug Policy: A Bad Export", Foreign Policy, primavera de 1988, pp. 97-108.