Temas: México Ex Mex: From Migrants to Immigrants Jorge G. Castañeda. : New Press, 2007. Mongrels, Bastards, Orphans, and Vagabonds: Mexican Immigration and the Future of Race in America Gregory Rodriguez. : Pantheon, 2007. Las políticas migratorias en los estados de México. Una evaluación Rafael Fernández de Castro, Rodolfo García Zamora, Roberta Clariond Rangel y Ana Vila Freyer (coords.). México: Miguel Ángel Porrúa/ITAM/Universidad Autónoma de Zacatecas/Cámara de Diputados, 2007. México y España: ¿historias económicas paralelas? Rafael Dobado, Aurora Gómez Galvarriato y Graciela Márquez (comps.). México: Fondo de Cultura Económica, 2007. Cruzando límites. México ante los desafíos de sus yacimientos transfronterizos Juan E. Pardinas, Lourdes Melgar, Miriam Grunstein y David Enríquez. : Red Mexicana de Energía y Foreign Affairs en Español, 2008.

La política multilateral de México en el último sexenio pareció algunas veces un barco empujado por el mar en distintas direcciones, debido al choque de intereses encontrados que no permitían definir el puerto al que se quería arribar. A diferencia del siglo pasado, cuando la formulación de la política exterior mexicana era dominio casi exclusivo del presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, en 2001, con la alternancia de gobierno, fuimos testigos de cómo numerosos actores nacionales sumaron su participación en la definición de su contenido, produciéndose entre ellos choques ideológicos naturales. Un reto para el actual gobierno será diseñar y comunicar con claridad a la población mexicana los objetivos que persigue en materia multilateral al vincularlos directamente con temas de interés nacional, para que aquélla pueda comprender y hacer propios los beneficios y la utilidad de la actuación del país en los organismos internacionales.

¿Cuál es el escenario para ello? Si bien en la última década la política exterior mexicana impulsó acciones de un marcado y activo multilateralismo, no fue consistente, pues al mismo tiempo mantuvo posiciones defensivas originadas hace muchos años. Dos casos son buenos ejemplos para ilustrar esta situación.

En primer lugar, al inicio del gobierno de Vicente Fox (2000-2006), parecía que México buscaría actualizar su política multilateral con la decisión de regresar al Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de más de 20 años de ausencia. En ese foro votó a favor de la renovación de las 16 operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) administradas por la ONU (2002-2003). Sin embargo, ese gobierno mantuvo la posición de no participar en ellas, negándose incluso a enviar civiles a las misiones de reconstrucción de la paz, siendo el caso más paradigmático la crisis en Haití (2004), donde México prefirió mantenerse al margen de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), cediendo el liderazgo a Chile y a Brasil, países mucho más alejados del conflicto.

En segundo lugar, en lo que parecía una actualización de interpretaciones estrictas de los principios constitucionales de la soberanía y la no intervención, México apoyó la tesis de la llamada "responsabilidad de proteger", que reconoce "el deber de la comunidad internacional de tomar medidas colectivas dentro de los Estados, cuando éstos no pueden garantizar la protección de sus poblaciones frente a actos de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad" (A/RES/60/1), criterio que va constituyéndose como parte del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, en contradicción con lo anterior, mantuvo la decisión de no ratificar el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949, que tutela las garantías que deben darse a las personas en conflictos armados internos. Esto puede explicarse solamente por reservas apoyadas en interpretaciones muy estrictas de la soberanía, que consideran que la tutela de las garantías fundamentales en un conflicto interno de un país no debe ser vigilado por entidades extranjeras. La falta de ratificación de este instrumento ocurrió a pesar de que México ha sido un firme promotor del derecho internacional humanitario y de que, en el ámbito nacional, aprobó el establecimiento en el país de una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y aceptó la visita de 11 relatores especiales de la extinta Comisión de Derechos Humanos.

Estos ejemplos, como otros que podrían señalarse, dan al nuevo gobierno la oportunidad de actualizar y homogeneizar los objetivos y principios que norman la participación de México en la organización.

PERCEPCIONES DE LOS ACTORES NACIONALES SOBRE LA POLÍTICA MULTILATERAL MEXICANA

Como resultado de las diferentes aspiraciones de los actores nacionales con influencia en la política exterior mexicana, no existe un consenso sobre los objetivos que México debe perseguir en la ONU. Dichos actores incluyen tanto a la Presidencia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias federales, el Poder Legislativo, fuerzas armadas, prensa, academia, sector empresarial y organizaciones no gubernamentales que, entre otros, reflejan la pluralidad de visiones del debate político nacional. Además, incluso dentro de estos actores, encontramos grupos "principistas o tradicionalistas" y "globalistas o pragmáticos".

Al revisar encuestas de opinión formuladas entre diplomáticos, legisladores y académicos mexicanos sobre su visión de cuáles deben de ser los objetivos de México en la ONU, se obtienen respuestas diferenciadas que, si bien no rígidas, podrían identificar a tres grupos principales.

Primero, dentro del grupo de expertos en política exterior, los tradicionalistas defienden la necesidad de que México mantenga una política multilateral que pueda equilibrar el unipolarismo y la relación asimétrica con Estados Unidos, teniendo como referencia el cumplimiento estricto de los principios constitucionales en materia de política exterior. Colocan como prioridad la búsqueda del desarme general y completo; la reforma institucional de la ONU; la promoción de una agenda para el desarrollo y otros temas que en el pasado dieron prestigio a la diplomacia mexicana. Se oponen a la participación de México en operaciones de paz y en el CS por considerar que, en este foro, tendría que oponerse a Estados Unidos, como sucedió con la intervención estadounidense en Irak en 2003. Para este grupo el papel de México en la organización no debe leerse necesariamente como sinónimo de promulgar un liderazgo activo, sino más bien, incluso, para actuar en forma defensiva y evitar la injerencia de la ONU y de otros países en asuntos internos.

En un segundo bloque de expertos en política exterior, los llamados globalistas consideran que México debe buscar un liderazgo en los organismos internacionales que se traduzca en el incremento de la autoridad e influencia del país en el plano mundial. En general, favorecen una participación recurrente en el CS y que un mayor número de mexicanos ocupe puestos directivos en organismos internacionales. Sin embargo, en este grupo también es difícil encontrar consensos sobre los temas concretos que México debería promover en el ámbito internacional, o bien sobre el beneficio concreto que obtendría en la búsqueda de ese liderazgo.