Temas: Sudamérica Vox Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica Julio Aibar (coord.). México: FLACSO, 2007. Migraciones internacionales en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y dilemas By Andrés Solimano Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 La migración calificada en América Latina By Adela Pellegrino Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 La agenda latinoamericana del próximo presidente de Estados Unidos By Peter Hakim Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 Energy Cooperation in the Western Hemisphere: Benefits and Impediments Sidney Weintraub, Annette Hester y Verónica R. Prado (comps.). : Center for Strategic and International Studies, 2007.

Si bien resulta difícil estimar qué tanto se ha debilitado a las FARC, se sabe que ningún miembro de su directiva de siete hombres, y un solo miembro de los 25 que conforman su Estado Mayor, ha sido capturado o asesinado, y que la frecuencia de sus ataques -- aunque no su magnitud -- no se ha reducido. Mientras tanto, el esfuerzo para desmovilizar a grupos paramilitares que ha contribuido a las reducciones cada vez mayores de la violencia se enfrenta a retos enormes, al igual que la dificultad de reintegrar a decenas de miles de ex combatientes, la formación de nuevas milicias en muchas regiones y el poder que mantienen los ricos e influyentes jefes paramilitares .

En el frente de los derechos humanos, los resultados del Plan Colombia no son del todo positivos. Los esfuerzos para profesionalizar a las fuerzas de seguridad colombianas y hacer de los derechos humanos un componente importante de su adiestramiento han dado algunos frutos, toda vez que los informes de abusos en general, incluyendo la colaboración con paramilitares, han disminuido. Esos abusos, no obstante, siguen siendo frecuentes y difíciles de castigar. Una investigación reciente a cargo de numerosas organizaciones no gubernamentales colombianas de derechos humanos encontró más de 900 casos de "ejecuciones extrajudiciales" -- asesinatos deliberados de civiles a manos de los militares -- desde 2002. En muchos casos, las víctimas fueron presentadas más tarde como guerrilleros muertos en combate.

Éste es uno de una larga y perturbadora lista de escándalos que han golpeado a las fuerzas armadas desde principios de 2006. La lista incluye, entre otras cosas: acusaciones de tortura en contra de los reclutas; colaboración con los narcotraficantes para masacrar a una unidad antidrogas de la policía; plantar bombas en autos en Bogotá y así obtener el crédito por desactivarlas; ejercer presión sobre los paramilitares para que entreguen cadáveres que luego podrían presentarse como guerrilleros muertos, y vender a los narcotraficantes información clasificada sobre la posición de unidades navales de Estados Unidos y Colombia. Los esfuerzos para investigar y castigar estos delitos avanzan con lentitud, y a veces con riesgos para el personal encargado de la investigación. Estos casos permiten concluir que, si bien los derechos humanos en general se respetan más que en 2000, los años desde que se puso en práctica el Plan Colombia no han provocado un cambio generacional en el respeto que guardan las fuerzas de seguridad por los derechos humanos.

Siete años y 5,400 millones de dólares más tarde, se habría podido esperar más de la contribución estadounidense al Plan Colombia que los pobres resultados en el combate a las drogas, la modesta contribución a la seguridad y una muy leve mejoría en materia de derechos humanos. El decepcionante resultado puede atribuirse a dos "errores fatales" en el diseño del Plan: no atender la debilidad institucional del Estado colombiano, y la falta de preocupación sobre la galopante impunidad.

En la teoría, pareciera que el Plan Colombia pretendía llenar el vacío casi total en materia de presencia del Estado en el que viven demasiados colombianos, tanto en áreas rurales aisladas como en los cinturones de miseria de las principales ciudades. El subtítulo del documento del Plan Colombia de 1999 menciona al final el "fortalecimiento del Estado". En la práctica, empero, la contribución estadounidense al Plan terminó por fortalecer a una sola porción del Estado colombiano: la uniformada. En buena parte del territorio de Colombia, la gente casi no conoce a su gobierno; gracias al Plan Colombia, sin embargo, quizá ahora lo conocen como la patrulla militar o el avión de fumigación que pasa esporádicamente. En vastas porciones del territorio colombiano, donde operan libremente grupos armados y la economía de la coca aún es una tentación para los campesinos, todavía hace falta una presencia real del Estado que proporcione servicios públicos tales como: seguridad personal, caminos, agua limpia, educación, garantía de derechos de propiedad y -- a falta de un mejor término -- ciudadanía.

En Bogotá, al menos, existe un reconocimiento cada vez mayor de que se necesita gobernabilidad de carácter civil. Bogotá ha diseñado un plan de inversión prácticamente sin contenido militar que ahora se denomina "Plan Colombia 2" o "Fase de Consolidación del Plan Colombia". Los funcionarios han manifestado claramente su intención de dejar de lado la fumigación masiva; los oficiales del Ministerio de Defensa admiten abiertamente en conversaciones informales que el programa de fumigación con demasiada frecuencia se enajena a una población cuyo apoyo es esencial. Con un apoyo estadounidense modesto, el Ministerio de Defensa de Colombia ha elaborado un plan de varias etapas, el "Centro de Coordinación de Acción Integral" (CCAI) para introducir a agencias no militares del Estado en zonas que han recuperado recientemente las fuerzas de seguridad. Queda por verse si el CCAI podrá de hecho mejorar la gobernanza civil, o si se convertirá en poco más que una colección de programas militarizados de acción cívica.

Limitarse a fortalecer el Estado en áreas donde no existe no es suficiente. Si los representantes gubernamentales en zonas "recuperadas" maltratan a la población con impunidad, pueden hacer más mal que bien. La conducta abusiva o depredadora que queda sin castigo sólo conseguirá postergar la meta de la "consolidación" del Estado.

Reducir la impunidad es el mayor reto que enfrenta Colombia. En la búsqueda de soluciones para los males del país, todos los caminos llevan a su sistema de justicia. Esto es cierto si se trata de indemnizar a las víctimas de masacres, de devolver tierras robadas por fuerzas paramilitares, de derrotar a los principales narcotraficantes que se han infiltrado en el Estado, de hacer de la corrupción oficial un negocio más peligroso, o de reducir la posibilidad de futuras violaciones militares a los derechos humanos por medio del castigo expedito.

En fechas recientes, se han registrado algunos avances en contra de la impunidad. En el marco de un escándalo cada vez mayor, docenas de políticos están ahora sometidos a investigación oficial por colaborar con grupos paramilitares. Durante la segunda mitad de 2007, sentencias esperadas durante mucho tiempo fueron expedidas en algunos casos de abusos en materia de derechos humanos a manos de los militares. Pero estas ganancias han sido provisionales, y pueden revertirse fácilmente si se presentan amenazas o falta de voluntad política suficiente para llegar a las últimas consecuencias.

La debilidad del sistema judicial colombiano permite que continúe la impunidad. Si bien han ayudado el adiestramiento y la asistencia técnica que financia Estados Unidos, lo que más necesitan ahora los jueces, fiscales, investigadores y testigos es seguridad, a fin de que puedan enfrentarse a poderosos y despiadados criminales sin temor a perder sus vidas o las de sus familiares. El sistema judicial necesita más personal para reducir el número ridículamente alto de casos pendientes. Necesita tecnología, desde bases de datos hasta laboratorios de criminalística, estudios de ADN e investigación forense. Además, necesita transporte para llegar a escenas del crimen en localidades remotas, entre ellas cientos de fosas comunes conocidas que aún esperan el escrutinio oficial.