Adam Isacson
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008
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Resumen: Como estrategia contra el narcotráfico, el Plan Colombia ha sido una gran decepción. Como estrategia de seguridad, la asistencia estadounidense ha contribuido modestamente, pero los logros recientes son, sobre todo, producto de los esfuerzos del propio país sudamericano. Y el tema de los derechos humanos sigue siendo preocupante.
Adam Isacson es director de programas del Center for International Policy en Washington, D.C.
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A mediados de 2002, durante los primeros meses de la "guerra global contra el terrorismo", un cambio en la ley de ayuda extranjera de Estados Unidos permitió a Colombia solicitar a ese país asistencia antinarcóticos para misiones no relacionadas con las drogas, como la lucha contra las guerrillas y los paramilitares. A esta acción siguieron de inmediato nuevos programas de ayuda militar estadounidense no relacionados con las drogas: un esfuerzo para proteger un oleoducto que pertenece parcialmente a una compañía estadounidense, la construcción de puestos de vigilancia policiaca en áreas rurales y apoyo logístico y estratégico para el "Plan Patriota", una ofensiva militar plurianual de gran escala en los territorios controlados por la guerrilla en el sur de Colombia. Un "límite de tropas" ordenado por el Congreso restringe la presencia estadounidense en Colombia a un máximo de 600 militares y 800 contratistas con ciudadanía estadounidense, aunque las compañías contratadas para ejecutar los programas militares que se mantienen con fondos estadounidenses -- 16 de ellas en 2006, que comparten 309 millones 600 mil de dólares en contratos -- emplean asimismo un número adicional y desconocido de ciudadanos no estadounidenses.
El restante 20% de asistencia estadounidense se ha destinado a prioridades no militares. Medidas de desarrollo alternativo han buscado disuadir a quienes cultivan la coca creando oportunidades económicas lícitas, a menudo por medio de programas de sustitución de cultivos. Los programas de reforma judicial se han orientado a conseguir que el vapuleado sistema de justicia colombiano opere en forma más rápida y eficiente. Los programas humanitarios han proporcionado ayuda de emergencia a la población colombiana desplazada en su país que, en número, es la tercera en el mundo después de las de Sudán e Irak. Pero estos programas -- que equivalen a cerca de 135 millones de dólares por año en asistencia -- se han visto opacados por los 600 millones de dólares anuales que se destinan al compromiso militar y policiaco.
¿Por qué escogió Estados Unidos un enfoque tan poco equilibrado que favorecía tanto a las fuerzas armadas por encima de otras necesidades de gobernabilidad? Una razón es política: incluso si hubiera querido, el gobierno de Clinton no habría podido convencer a un Congreso de mayoría republicana -- cuyos líderes habían pedido, desde mediados de los noventa, más helicópteros y aviones de fumigación -- para que apoyara un paquete de lo que terminó por conocerse como ayuda económica y social "blanda". Mientras tanto, los funcionarios del Departamento de Defensa, apoyados por el general Barry McCaffrey, el "zar de las drogas" de la Casa Blanca y ex jefe del Comando Sur, dejaron en claro su deseo de ayudar a las fuerzas armadas de Colombia, que recibieron escaso apoyo durante los años noventa, a estabilizar el país y recuperar los territorios controlados por la guerrilla. Estos funcionarios, sin embargo, dieron pocas pistas sobre cómo, una vez que dichos territorios fueran recuperados por medios militares, Estados Unidos ayudaría a Colombia a gobernarlos.
Más de siete años después, se tienen suficientes resultados mensurables como para realizar una primera evaluación. A estas alturas, queda en claro que el Plan Colombia ha fracasado totalmente en el cumplimiento de su meta principal y explícita: reducir la oferta de drogas colombianas disponible en Estados Unidos.
Cuando el Congreso estadounidense aprobó el Plan Colombia en 2000, pidió al gobierno de Clinton que le entregara un informe en el que se explicaran cuáles eran los criterios para medir el éxito del paquete de ayuda. Este informe decía: "La meta del Plan Colombia del presidente [Andrés] Pastrana (octubre 1999) es reducir el cultivo, el procesamiento y la distribución de drogas de Colombia en 50% en un plazo de seis años".
Esto no ocurrió. Por el contrario, el sistema satelital estadounidense detectó más plantíos de coca en Colombia en 2006 (157,000 hectáreas) que en 2000, año en que inició el Plan Colombia (136,000 hectáreas). El personal de interdicción estadounidense ha detectado que no existe reducción alguna en la cantidad de cocaína que sale del territorio colombiano. Peor aún, el precio de la cocaína en las calles estadounidenses ha bajado desde que empezó el Plan (aproximadamente 119 dólares por gramo, frente a 136 en 1999) mientras que los niveles de pureza han aumentado, lo que indica que la oferta satisface la demanda como en sus mejores tiempos. (Un informe de inteligencia de septiembre de 2007 que comentaba una reciente subida pronunciada en los precios estadounidenses de la cocaína hace un reconocimiento a México por el aumento en los controles, haciendo notar que la cantidad de cocaína que sale de los Andes ha aumentado.)
El fracaso del Plan Colombia como estrategia antinarcóticos es resultado directo de su naturaleza poco equilibrada. Si bien se aceleró la erradicación forzada de los cultivos de coca, los esfuerzos para proporcionar alternativas se rezagaron mucho y las iniciativas para llevar la presencia real del Estado a la Colombia rural resultaron casi inexistentes. Los productores de coca, muchos de ellos campesinos con parcelas pequeñas que sobreviven con ingresos escasos en territorios no controlados por el Estado, siguieron considerando el cultivo de la coca como una de las pocas opciones viables, incluso después de que sus plantíos se hubieran rociado varias veces con herbicidas. La fumigación se convirtió entonces en poco más que en la pérdida de algunas cosechas y en la razón para buscar nuevas formas de producirla sin ser detectados.
Si bien el Plan Colombia demostró su ineficacia para combatir el comercio de drogas, logró en cambio realizar contribuciones modestas a la reciente reducción en el número de asesinatos, secuestros, actos de sabotaje y otras medidas violentas. La provisión de tantos helicópteros mejoró la capacidad de las fuerzas de seguridad de Colombia para responder rápidamente a los ataques y secuestros de la guerrilla. Un pequeño programa para llevar policías a municipalidades remotas ha permitido llevar al menos cierta presencia del Estado en áreas donde antes no existía. El "Plan Patriota" no obtuvo victorias contundentes, pero sin duda logró mantener a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fuera de su zona de control en un territorio que prácticamente se les había cedido.
Sin embargo, casi toda la ayuda militar y policiaca de Estados Unidos no consideraba como una prioridad central la seguridad del pueblo colombiano. Buena parte de la ayuda estadounidense estaba encaminada a reducir el flujo de drogas a Estados Unidos, misión que no tuvo éxito. Al día de hoy, las autoridades colombianas se quejan de que el Departamento de Estado estadounidense veta con frecuencia sus solicitudes de usar los helicópteros que les entregaron en misiones no relacionadas con las drogas. Conforme el gobierno de Colombia ha mejorado la seguridad de sus ciudadanos, lo cierto es que lo ha hecho con sus propios recursos, con el pequeño componente de la ayuda estadounidense no relacionada con las drogas como contribución marginal.
Estos avances en materia de seguridad pueden sobredimensionarse en sí mismos. Durante los últimos años Colombia ha conseguido que la mayoría de las estadísticas de seguridad vuelvan al punto en el que estaban a mediados de los noventa, periodo en el que los índices de violencia del país todavía se consideraban alarmantes. En las ciudades y en las carreteras principales las condiciones de seguridad han mejorado mucho, como resultado de la transformación del ejército colombiano en una fuerza más móvil y menos atada a sus cuarteles. Fuera de las ciudades y los caminos principales, sobre todo en las zonas consideradas estratégicas para el comercio de drogas, las condiciones de seguridad son al menos tan malas como hace cinco o más años.
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