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La experiencia colombiana en la mira de México Juan Pablo Toro De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008 Resumen: El Plan Colombia es una referencia inevitable cuando se habla de programas de cooperación internacional contra el narcotráfico en América Latina. El análisis de la situación actual en la nación andina permite delinear escenarios para países que padecen males similares, como es el caso de México Juan Pablo Toro es director de El Mercurio de Valparaíso, en Chile. Fue corresponsal de The Associated Press en Colombia entre 2000 y 2005, y editor regional en México hasta 2007. Es periodista y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En los últimos cinco años, los homicidios, secuestros y atentados en Colombia han experimentado un descenso notable en la medida en que las autoridades van alcanzando un mejor control territorial del país, situación que se explica en parte por el aumento sustancial del tamaño de las fuerzas de seguridad y la multimillonaria ayuda militar recibida de Estados Unidos. Los resultados patentes de estos logros son la recuperación cada vez mayor del espacio público para los ciudadanos, el regreso de los inversionistas extranjeros atraídos por las mejores condiciones de seguridad para hacer negocios y el despegue de la economía. Más aún, hoy, ciudades como Bogotá y Medellín se estudian en América Latina como ejemplos de que sí es posible doblegar a la delincuencia cuando las autoridades y la comunidad se deciden a sumar esfuerzos. Sin embargo, transitar el camino para alcanzar estas mejoras no fue fácil, sobre todo en un país que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y que arrastra un cruento conflicto armado de más de cuatro décadas. Las batallas libradas han sido arduas y los sacrificios enormes para miles de personas que quieren vivir en paz y tranquilidad. Por eso, cabe preguntarse cómo fue posible que este país andino superara lo que hasta hace tiempo parecía un destino más bien funesto y, en cambio, empezara a dar muestras de una enorme capacidad de recuperación que hoy empieza a observarse con lupa en países de la región sumergidos en olas de violencia criminal. Éste es el caso de México, que con un producto interno bruto ocho veces mayor que el de Colombia y con 2.5 veces más población es en la actualidad escenario de una intensa disputa entre bandas del crimen organizado por el control de las rutas del tráfico de drogas y el emergente mercado del "narcomenudeo", que se manifiesta con asesinatos, secuestros y decapitaciones. Las cifras rojas han escalado a niveles tan preocupantes que un periódico de circulación nacional se ha dedicado a llevar un conteo de las víctimas de esta violencia, que habrían sumado más de 2000 en 2006. Para intentar revertir este grave panorama, el presidente Felipe Calderón ya ordenó una ofensiva frontal con el despliegue de miles de militares y policías en zonas donde la delincuencia está más desbocada. Pero los resultados definitivos de esta estrategia, aparte de la captura de uno que otro capo importante y el decomiso de abultados cargamentos de cocaína, aún están por verse cuando se cumple un año de las operaciones masivas. Quizás ya viene siendo hora de extraer lecciones útiles de Colombia para México, que nacen tanto de medidas concretas como de la lectura que hacen los dirigentes de las prioridades del país en medio de situaciones donde los recursos no son abundantes y donde implantar ciertas políticas no será siempre algo popular. Estas lecciones serían: la seguridad es prioritaria; el control territorial debe buscar cerrar los santuarios de impunidad que permiten la proliferación de las mafias, y cultivar una buena relación de cooperación con Estados Unidos ayuda. La comparación resulta más que pertinente ahora, justo cuando el presidente George W. Bush ha solicitado 500 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para ayudar a México en su lucha contra el crimen organizado, en la llamada "Iniciativa Mérida". Dicha propuesta ha traído a la memoria el Plan Colombia, aunque éste sea una estrategia de combate al narcotráfico y las guerrillas mucho más compleja, por los factores que se atacan militarmente y el monto de la asistencia que desde 2000 ya suma unos 5,000 millones de dólares. Claro que, antes de entrar en detalles, sería conveniente precisar que no se está afirmando de ningún modo que México se encuentre a las puertas de una "colombianización" -- término de por sí ambiguo -- , por la sencilla razón de que las instituciones y las normas de comportamiento en cada país reflejan su propia idiosincrasia. También existe la variable no menor del conflicto armado en Colombia. En lo que sí empatan las situaciones de ambos países es en la presencia en uno u otro momento de organizaciones ilegales que han pretendido alcanzar un tipo de dominio territorial relativo al disputarle al Estado parte del monopolio de la violencia en zonas donde funciona un tenue imperio de la ley. PRIMERO LA SEGURIDAD Si algo define al gobierno del mandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-a la fecha) es el hecho de que en su presidencia el tema de la recuperación de la seguridad se convirtió en la prioridad o, mejor dicho, en el prerrequisito para el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades civiles, así como la garantía para la atracción de inversiones extranjeras. Esta doctrina se conoce hoy como la Política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo general radica en "reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática". En su aplicación, la Política de Seguridad Democrática ha contemplado medidas como el aumento del pie de fuerza pública hasta la creación de unidades especializadas en el combate urbano o en el control de corredores de montaña, por mencionar algunas. Como botón de muestra se puede mencionar el caso de la policía nacional que, según estadísticas del Ministerio de Defensa, pasó de contar con unos 97,300 efectivos en julio de 2002 a 132,800 en marzo de 2007, en un aumento de más de 36 por ciento. Otra decisión mucho más novedosa y menos obvia en la lucha por recuperar la seguridad fue la creación del impuesto de emergencia por una sola vez para los sectores más pudientes, a quienes de este modo se les pidió su contribución en el esfuerzo nacional de reclutar más policías y soldados. Es cierto que crear impuestos nunca significará una medida popular, pero los sectores más ricos tienen su parte en el tema y no se pueden conformar con comprar seguridad privada.
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