Temas: Sudamérica Vox Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica Julio Aibar (coord.). México: FLACSO, 2007. Migraciones internacionales en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y dilemas By Andrés Solimano Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 La migración calificada en América Latina By Adela Pellegrino Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 La agenda latinoamericana del próximo presidente de Estados Unidos By Peter Hakim Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2008 Energy Cooperation in the Western Hemisphere: Benefits and Impediments Sidney Weintraub, Annette Hester y Verónica R. Prado (comps.). : Center for Strategic and International Studies, 2007.

También se actualizó la ley que permite al Estado expropiar los bienes obtenidos por medios ilícitos a sus propietarios y a su entorno. En vez de los engorrosos procesos judiciales de antaño, ahora basta que se compruebe la existencia de un patrimonio cuya fuente o consolidación no pueda explicarse para que se inicie un proceso de expropiación sumario, donde el interesado sólo tiene un par de meses para presentarse ante las autoridades. Como eso no suele suceder, entonces se entiende que se abandonaron los bienes a favor del Estado. Esta nueva ley de extinción de dominio ha permitido decomisar millones de dólares en efectivo, propiedades y vehículos; luego conviene preguntarse si su administración ha resultado del todo eficaz. No obstante, el supuesto en que se funda esta medida es que empobrecer al narcotráfico es un objetivo básico de la lucha, algo más que recomendable en México, donde un magistrado del Tribunal Agrario ha denunciado que 30% del suelo cultivable parece estar en manos de narcotraficantes.

Otras medidas en la misma línea fueron crear una red de informantes y realizar capturas masivas en zonas de alta presencia de grupos armados de la ley. En ambos casos, la falta de transparencia e información de inteligencia hicieron que esos mecanismos terminaran desprestigiados.

Asimismo, el presidente colombiano no cesa de pedir diariamente esfuerzos a la población y a la fuerza pública en la lucha por recuperar la seguridad. Y justo por esto sus detractores lo acusan de encontrarse demasiado enfocado en el tema, dejando de lado otros problemas como el desempleo. Pero los niveles de popularidad sostenidos en el tiempo mayores de 65% -- inéditos en la historia reciente de Colombia -- y una reelección ganada parecen decir que la política sí puede detonar un cambio.

A diferencia de Uribe, que llegó al poder con un amplio respaldo para tomar cartas en el asunto de la seguridad, Calderón alcanzó la jefatura de Estado tras ganar una elección muy reñida, aunque eso no significó un obstáculo para que sus primeras medidas de gobierno fueran enviar miles de uniformados a las zonas más afectadas por la violencia y extraditar a un grupo importante de acusados a Estados Unidos. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que sirve de bitácora de los gobiernos mexicanos, la seguridad nacional se relacionó directamente con la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico.

El número de policías también se ha identificado como un tema crucial en México (véase Contra el crimen. ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan?, García Luna, 2006), pero el asunto se vuelve un poco más complejo. Aún quedan por definirse asuntos como el tipo de estructura de policía que se requiere y el diseño de mecanismos de control interno. Hasta ahora el gobierno de Calderón ha dado muestras de querer potenciar los cuerpos federales. Todas estas decisiones sin duda han dado una señal de autoridad del gobierno mexicano, pero todavía se echan de menos medidas complementarias como las que han dado resultado en Colombia.

CONTROL TERRITORIAL

En el caso de Colombia, la estrategia de recuperación territorial comenzó en zonas de violencia extrema y donde había infiltración en las estructuras del poder político local, ya fuera por cooptación o coerción. Para ello se enviaron contingentes de policía a ocupar poblados donde no tenía presencia la fuerza pública y se destinaron más agentes a los lugares que presentaban mayores riesgos. Además, se reforzaron las instalaciones policiales para resistir ataques de las guerrillas y se amplió la flota de helicópteros para ganar movilidad.

También se prosiguió con el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales, algo en que el Estado colombiano ha resultado bastante exitoso -- desde el cártel de Medellín al cártel del Norte del Valle en la actualidad -- . Es cierto que no se han logrado eliminar todos los actores delictivos de peso, pero el hecho de atomizar la cadena de producción y distribución de droga sirvió para que las organizaciones de origen netamente criminal, y en consecuencia más pequeñas, sólo puedan tener acceso a un menor nivel de poder político y económico, muy distinto de lo que sucedía en décadas pasadas. Conviene recordar que en Colombia, entre mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, los cárteles de la droga -- con Pablo Escobar a la cabeza -- lanzaron una guerra contra el Estado nacional en rechazo a la política de extradiciones hacia Estados Unidos, que incluyó atentados con explosivos en centros comerciales y asesinatos de ministros, jueces, periodistas y policías.

En el caso de México, a partir de que Estados Unidos cerró el corredor del Caribe en la década de los años ochenta, los cárteles locales lograron desarrollar un enorme poder económico criminal en la medida en que asumieron las principales rutas del trasiego de cocaína procedente de Colombia. Pero en vez de lanzarse a luchar contra el Estado nacional, su objetivo fueron los gobiernos locales, donde al parecer es más factible y efectivo hacerse de cierto dominio territorial a través de la penetración y el desafío a los cuerpos de policías municipales dispersos por todo el país.

Una estrategia de recuperación territorial, fundamental hoy para México, tendría que apuntar a romper las dinámicas criminales que operan en esos espacios locales donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. En principio, podría pensarse en el envío temporal de fuerzas no procedentes de las mismas zonas para evitar su contaminación con esas dinámicas. Así puede entenderse la decisión de crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal con 1800 efectivos destinados a respaldar a gobiernos estatales y municipales en la restauración del orden. Pero el dilema reside en lo que viene después y cómo consolidar los avances de seguridad. Entonces, el tema de la presencia definitiva se vuelve decisivo.