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Terrorismo, guerrilla y narcoterrorismo
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Mario Arroyo Juárez
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008

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Resumen: Hasta 2007, México no había considerado la posibilidad real de la amenaza de una organización terrorista internacional como Al Qaeda; tampoco que alguno de los movimientos armados subversivos locales pudiera atacar sus instalaciones estratégicas o que los cárteles de la droga se valieran del terrorismo para intimidar a las autoridades. Urge una reforma de segunda generación en las instituciones de seguridad nacional.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesor de la Universidad Iberoamericana. Mario Arroyo Juárez es maestro en Política Criminológica por la London School of Economics y profesor de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Ambos son profesores sobre terrorismo en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. Agradecemos la colaboración de Luis Valentín Pereda.

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Temas:
México
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Terrorismo y delincuencia organizada: Un enfoque de derecho y economía
Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2006.

LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA

En 2007 dejamos de creer que era poco probable que México se encontrara en la mira del terrorismo islámico vinculado con la red internacional de Al Qaeda. Asimismo, cayó por tierra la idea de que los movimientos subversivos nacionales no tenían capacidad para cometer actos de sabotaje y terrorismo contra instalaciones estratégicas.

Aunque los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (11-S) modificaron algunas estructuras jurídicas e institucionales en México, la percepción que hoy se tiene sobre la amenaza terrorista es bastante ambigua. Según la última encuesta sobre política exterior del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los mexicanos no perciben al terrorismo entre las prioridades que el Estado debería atender en materia internacional. Sin embargo, de acuerdo con Consulta Mitofsky, a partir de los ataques contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), 47% de los mexicanos teme ser víctima de un ataque terrorista.

Antes de iniciar cualquier debate sobre un tema tan polémico conviene definir qué es terrorismo. A pesar de que la ONU no ha llegado a definir un concepto único, hay quienes coinciden con la definición de Paul R. Pillar sobre los elementos mínimos que configuran este fenómeno. Para este autor:

[El] terrorismo es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la población. Esta definición tiene cuatro elementos centrales. El primero, la premeditación, significa que debe existir una intención o decisión previa para cometer un acto terrorista [...]. El segundo es que el terrorismo se distingue de otras formas de violencia. Sin embargo es la motivación política la que lo distingue de un acto criminal [...]. El tercero, que los objetivos son no combatientes, significa que los terroristas atacan a la gente que no puede defenderse [...], y el cuarto es que los responsables, sean grupos subnacionales o agentes clandestinos, se distinguen por no actuar mediante operaciones militares normales. Un ataque hecho por las fuerzas uniformadas de un gobierno o fuerzas de otra manera identificables no es terrorismo.

Los ataques del 11-S provocaron cambios en la forma de abordar el problema de la seguridad global y transformaron la estructura de gobierno de los Estados, afectando la vida cotidiana de millones de personas. Muchos países dieron respuestas de carácter estructural, modificando su marco jurídico, creando nuevas agencias y destinando más recursos para enfrentar el terrorismo. Con ese propósito, los países considerados "de primera línea" (aquellos con mayores riesgos) pusieron en marcha acciones diversas:

1. Elaboración de leyes en los rubros de antiterrorismo: prácticas financieras, aduanas, migración y extradición.

2. Reestructuración y adiestramiento de cuerpos policiacos orientados a la lucha antiterrorista.

3. Control de la exportación y el tráfico ilícito de armas.

4. Fortalecimiento de la seguridad nacional mediante el diseño y la práctica de técnicas idóneas de gestión de crisis.




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