Temas: México Defensa y Temas Militares Terrorismo y delincuencia organizada: Un enfoque de derecho y economía Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2006.

La reforma al Código Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, define el delito de terrorismo según los criterios internacionales, establece y eleva las penas para "[quien] utilizando explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier medio violento realice actos en contra de las personas o servicios públicos [ . . . ] para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación". Estas modificaciones se instrumentan en el ámbito de las relaciones de México con el exterior por medio del Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales que tiene como finalidad "procurar el cumplimiento en el nivel nacional de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, en virtud de los tratados e instrumentos internacionales en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacionales".

Finalmente, puede observarse cómo las instituciones que crearon la Ley de Seguridad Nacional en 2005 responden hoy con mayor coordinación a través del Consejo de Seguridad Nacional y del Secretariado Técnico, que actualmente asesora de manera directa al presidente de la República.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El terrorismo es una táctica empleada por organizaciones en contra de los Estados, causada, en parte, por la relación asimétrica entre ellos. México no es una excepción. Hoy es posible observar cómo grupos armados no convencionales vinculados con la delincuencia organizada utilizan esta herramienta para causar temor entre los servidores públicos, así como daños a la infraestructura estratégica del país y poner en jaque a las instituciones políticas del Estado.

Ningún país está exento del terrorismo ni los gobiernos pueden impedir por completo que se cometan actos de esta naturaleza. Los únicos instrumentos a su disposición para prevenir este tipo de flagelo son los servicios de inteligencia, la coordinación entre sus sistemas de seguridad nacional y la cooperación internacional.

Por lo anterior se recomienda la siguiente ruta crítica de acción. 1) resulta urgente crear una cultura de seguridad nacional, evitando así la "securitización", o segurización, de la agenda política nacional. Para ello hace falta que temas como el combate al terrorismo, la guerrilla y el narcotráfico se discutan más profundamente entre los actores políticos, sociales y académicos especializados en la materia; 2) se requiere más coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad nacional, tanto en el ámbito civil como en el militar. La Ley de Seguridad Nacional proporciona el marco legal para la consecución de este fin y el gobierno del presidente Calderón tomó una decisión acertada al revalorar la importancia del Consejo de Seguridad Nacional y reactivar la estructura del Secretariado Técnico del mismo, y 3) se requiere un fortalecimiento legal y financiero de los aparatos de inteligencia para la seguridad nacional del país. Asimismo, son necesarios más recursos y la institucionalización de los procedimientos, más y mejor capacitación y un incremento en los incentivos de los funcionarios que velan por la seguridad de la población. Por tanto, sigue siendo fundamental despolitizar y profesionalizar al máximo las labores del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen). En este sentido, se debe considerar en gran medida la promoción de un proceso legislativo para avanzar hacia una segunda generación de reformas al sistema de seguridad nacional. En la actualidad, se necesita fortalecer el aparato de la Consejería para la Seguridad Nacional del presidente, unificar mandos para promover una mejor coordinación de las distintas policías nacionales y agencias de inteligencia, y fomentar la participación responsable de los poderes Legislativo y Judicial en la materia.

Por último, México debe continuar por la senda de la cooperación internacional en los ámbitos multilateral y bilateral, sobre todo con aquellos países donde los mecanismos de intercambio de información y cooperación en el ámbito judicial son cruciales para la seguridad nacional.