Temas: México Defensa y Temas Militares Terrorismo y delincuencia organizada: Un enfoque de derecho y economía Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2006.

Además del aumento cuantitativo en el número de ejecuciones, el frente invisible de la guerra entre cárteles ha provocado una transformación cualitativa en la forma en que se manifiesta la violencia entre las facciones en conflicto, fenómeno conocido como narcoterrorismo. Los cárteles ya no sólo buscan eliminar a sus competidores o a las fuerzas estatales que intentan obstruir sus actividades; también pretender infundir temor e incertidumbre en la población y en sus adversarios mediante el empleo de tácticas sádicas: el secuestro, la tortura, la mutilación y la decapitación. Las organizaciones de narcotráfico emplean el terrorismo como instrumento disuasivo ante quienes pretenden combatirlos y, con este fin, rompen su sigilo para librar batallas y ajusticiar enemigos en lugares públicos.

En 2006 y 2007 se registró un elevado número de asesinatos de funcionarios responsables de la seguridad pública nacional. Lo que se observa constituye un desafío de los narcotraficantes a las autoridades en todos los órdenes de gobierno en el marco de la "guerra contra el narcotráfico". Los asesinatos selectivos en contra de los encargados de la seguridad pública suponen un medio para infundir temor, para inhibir cualquier intento de control territorial sobre el tráfico hacia Estados Unidos o sobre la venta al por menor dentro de México. El terror provocado por estos asesinatos, combinado con los altos niveles de corrupción, destruyen la voluntad de las autoridades para combatir de manera eficiente y honesta a los poderosos cárteles de drogas.

México debe tener en mente la vinculación perversa entre narcotráfico y guerrilla en Colombia que desembocó en un círculo de violencia sin precedentes. En ese país, el narcotráfico pactó de manera estratégica con la guerrilla: a cambio de protección, la guerrilla recibió los recursos necesarios para armamento, lo que le permitió mantener el control sobre el territorio y su ofensiva contra el Estado.

RESPUESTAS DE MÉXICO

En el ámbito internacional, México es parte, o está en proceso de ratificar al menos 17 mecanismos internacionales relacionados con lucha contra el terrorismo. En el marco de la ONU destacan el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas sobre la Plataforma Continental, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.

En el ámbito bilateral existe la cooperación conjunta con Estados Unidos. Ésta se ha dado sobre todo en la frontera, donde las autoridades locales han tenido que encontrar mecanismos para sobrellevar día con día una relación compleja. Incluso, han llegado a concretar iniciativas que van de compromisos regionales a simulacros conjuntos entre ciudades vecinas. La cooperación bilateral también se ve reflejada en el intercambio de información entre las distintas agencias de inteligencia. En materia de antiterrorismo, muchos funcionarios mexicanos, tanto militares como civiles, han recibido capacitación y adiestramiento en Estados Unidos.

En el ámbito interno, entre los efectos del proceso de consolidación democrática por el que transita México, cada vez es más difícil lidiar con organizaciones armadas no convencionales. Esto se debe, como sostiene Arregin Toft, a que la única manera de enfrentar eficientemente a entidades de tal naturaleza consiste en emplear tácticas de barbarie y guerra psicológica, orientadas a destruir la voluntad de combate de los terroristas. No obstante, las estructuras de poder y participación política inherentes a un régimen democrático vuelven imposible la adopción de técnicas de esa naturaleza.

Sin embargo, el gobierno no puede permitir que organizaciones armadas aprovechen las vulnerabilidades características de la democracia para destruir el orden institucional. Por eso ha resultado necesario implementar medidas, en el marco de la legalidad, para enfrentar estas amenazas. Dichas medidas se ven reflejadas en la Ley de Seguridad Nacional, en las recientes reformas al Código Penal y en la instauración del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales.

En su catálogo de amenazas, la Ley de Seguridad Nacional incluye el concepto de terrorismo de la siguiente manera:

Los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión [ . . . ], actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada [...], actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación [ . . . ], todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva [ . . . ], todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas [ . . . ] y actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.