Temas: México Defensa y Temas Militares Terrorismo y delincuencia organizada: Un enfoque de derecho y economía Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2006.

La hipótesis del terrorismo interno. A pesar de que, desde la década de 1970, funcionan grupos guerrilleros que gozan de influencia, así como de recursos y capacidades de combate dentro del territorio nacional, la actividad terrorista en México nunca ha sido muy intensa. En términos generales, las acciones de los movimientos guerrilleros se han limitado al enfrentamiento contra elementos de las fuerzas armadas nacionales, al ataque a blancos específicos de carácter estratégico o, en el peor de los casos, a la conducción de escaramuzas en regiones apartadas de los centros urbanos importantes.

A diferencia de casos como el colombiano, en el que el surgimiento de fuerzas armadas fuera del control gubernamental estuvo acompañado por un incremento en el número de ataques a blancos civiles con la finalidad de infundir temor e incertidumbre entre la población, la estrategia empleada por los movimientos insurgentes en México se ha orientado más hacia la eliminación de las fuerzas coercitivas del Estado en algunas regiones del país.

Con la excepción de algunos secuestros o intentos de secuestro, como los del empresario Eugenio Garza Sada, el ex cónsul británico Duncan Williams, el empresario Fernando Aranguren y la hermana del ex presidente José López Portillo, orquestados por la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años setenta, o el del empresario Alfredo Harp Helú a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en 1994, el terrorismo nunca se ha utilizado sistemáticamente como herramienta de combate por las entidades guerrilleras en México. Además, el objetivo principal de estos actos no radicaba en la generación de terror, sino en la recaudación de fondos para la compra de armas y recursos de combate.

No obstante, algunos indicios permiten suponer que la tendencia está cambiando. Desde hace algunos años las organizaciones guerrilleras del país han comenzado a dirigir sus ataques hacia blancos cuyo valor no radica en su carácter estratégico sino en su significado mediático. Ejemplo de ello son los ataques perpetrados en noviembre de 2006. Tan sólo cuatro meses después de las elecciones presidenciales del 2 de julio, se produjeron tres ataques terroristas simultáneos cometidos por grupos guerrilleros contra objetivos simbólicos del sistema político, electoral y económico del país: la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Federal Electoral y una sucursal del banco canadiense Scotiabank. Nadie murió ni resultó herido tras estos ataques, y las capacidades materiales del gobierno quedaron intactas. Sin embargo, las agrupaciones guerrilleras que se adjudicaron la autoría de dichos actos enviaron un poderoso mensaje sobre su rechazo a las instituciones y las políticas electorales y financieras promovidas por el gobierno. Asimismo, generaron incertidumbre sobre las capacidades de las agrupaciones rebeldes para penetrar y atacar los centros políticos y económicos del país.

Los recientes ataques contra las instalaciones de Pemex no sólo enviaron un mensaje similar, sino que también representaron pérdidas económicas de gran magnitud para distintos sectores de la industria nacional. Queda claro que la estrategia de los movimientos insurgentes del país se está transformando. Grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) saben que pueden lograr un mayor impacto infundiendo temor y generando incertidumbre sobre las capacidades del Estado para garantizar la estabilidad política y económica del país, más que enfrentando directamente a las fuerzas coercitivas del gobierno. En los últimos años el EPR ha sido la única guerrilla con capacidad de atacar exitosamente los intereses del Estado mexicano.

Impacto económico de los atentados del EPR. Estimar el impacto económico en el largo plazo de los recientes ataques efectuados por militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario PDPR-EPR contra gasoductos de Pemex en Veracruz significa una tarea compleja. Sin embargo, en lo inmediato, la intensidad de las secuelas sufridas por la industria local resulta preocupante y las cifras no se revelan alentadoras. Tan sólo en el sector siderúrgico, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero estimó pérdidas por 400 millones de pesos [40 millones de dólares, aproximadamente]. Durante una semana, 60% de las fábricas productoras de acero quedó paralizado, 29 plantas metalúrgicas pertenecientes a 12 distintas empresas tuvieron que suspender actividades por completo y miles de trabajadores se vieron forzados a abandonar sus labores. Los datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación resultan aún más impresionantes. De acuerdo con este organismo, el total de las pérdidas en este sector giró alrededor de los 100 millones de dólares. Por otro lado, en el Estado de México se estima que durante el periodo en que Pemex reparó los daños a sus instalaciones y normalizó el suministro de gas natural, el sector industrial sufrió pérdidas de por lo menos 5000 millones de pesos [alrededor de 500 millones de dólares].

En suma, 375 grandes empresas ubicadas en Aguascalientes, el Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, vieron mermadas sus capacidades productivas. Casi todas estas empresas pertenecen a alguno de los nueve sectores estratégicos que conforman el andamiaje industrial del país: los sectores automovilístico, petroquímico, siderúrgico, vidriero, computacional y cementero, así como las compañías productoras de alimentos procesados, bienes de capital y bebidas.

Por otra parte Pemex, de cuya producción depende gran parte de los recursos del Estado, perdió 33 millones de pesos [poco más de 3 millones de dólares] por cada día que dejó de abastecer a las distribuidoras de gas natural. A estos daños debe sumarse el gran número de pequeñas y medianas empresas y de familias damnificadas por las reducciones en el abastecimiento. Tan sólo en Guadalajara y su periferia 180,500 usuarios privados dejaron de recibir el suministro de gas.

La variante del narcoterrorismo. Con el proceso de transición democrática, la descentralización de responsabilidades en el ámbito de la seguridad pública y el debilitamiento del pacto de impunidad entre autoridades de distintos niveles de gobierno y la delincuencia organizada, los productores y traficantes de droga se encontraron en un estado en que la ley del más fuerte determina su supervivencia. Recientemente, cada organización de tráfico de drogas comenzó a valerse por sí misma, creando sus propios ejércitos, defendiendo su territorio y comprando protección entre las autoridades gubernamentales mediante el principio de "plata o plomo". Los intereses de algunos cárteles pronto comenzaron a obstruir los de otros, además de los de las autoridades gubernamentales, cuyo prestigio y carrera política dependía cada vez más de la percepción del electorado sobre su desempeño.

Ante esta situación y sin la posibilidad de recurrir a un tercer garante, los cárteles optaron por la vía del enfrentamiento armado. Los ajusticiamientos se volvieron cotidianos, los territorios en disputa se transformaron en campos de batalla y los niveles de violencia se dispararon en distintos puntos estratégicos para la producción y el trasiego de la droga tanto en México como en Estados Unidos e incluso en ciertos países de América Central y del Sur. Tan sólo en el primer semestre del 2005, 110 personas fueron asesinadas en Nuevo Laredo. Durante el mismo año se registraron 500 homicidios relacionados con el tráfico de drogas en el estado de Michoacán, y desde principios de 2006 se ha informado de más de 2000 muertes en enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas públicas.