Joel Fyke y Maureen Meyer
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008
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Resumen: El componente centroamericano de la Iniciativa Mérida pasó inadvertido, quizá por lo poco que le correspondía del monto final. Si bien la cantidad es pequeña, el enfoque parece ir en la dirección correcta al atacar algunos de los componentes clave de los problemas de seguridad para América Central. Sin embargo, estos fondos deben ser sólo el inicio de un compromiso de cooperación de más largo plazo.
Joel Fyke es investigador sobre Crimen Organizado y Seguridad Pública de la Washington Office on Latin America (WOLA). Maureen Meyer es coordinadora del Programa para México y América Central de la WOLA.
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En el paquete figuran de manera prominente mejoras tecnológicas importantes para la región. Adiciones tales como el desarrollo y la implementación de un sistema de huellas digitales para toda la región centroamericana, nuevo equipo de inspección para puertos aéreos y marítimos, equipos y software (E-Trace) para el rastreo de armas, y un Centro de Información de Crímenes relacionados con las Drogas (similar al Centro de Documentación e Información de México) podrían contribuir, si se manejan bien, a la lucha para establecer el estado de derecho y democracias estables en la región.
En muchas ciudades centroamericanas, las pandillas son ciertamente perpetradoras de violencia y destrucción, sobre todo en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero depender básicamente de estrategias de mano dura en la aplicación de la ley ha probado ser ineficaz y hasta contraproducente. Como se ha visto dentro del propio Estados Unidos, la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, parte del Departamento de Justicia, los programas que atacan las causas de origen de la violencia de las pandillas -- falta de oportunidades y alternativas económicas, exclusión social y pobreza -- presentan un alto registro de éxito probado.
El hecho de que, según la Iniciativa Mérida, los programas de prevención, entre ellos programas de acción comunitaria, capacitación vocacional, creación de empleos y programas para jóvenes en riesgo, recibirán aparentemente la misma cantidad de financiamiento que las unidades antipandillas de la policía, parece enviar un mensaje claro sobre su importancia.
Otro elemento positivo del paquete es el énfasis que pone en las instituciones regionales, principalmente en dos temas: primero, aumentar el diálogo entre Estados Unidos y el SICA, que tanto necesita fortalecer sus instituciones y este tipo de apoyo y, segundo, brindar más recursos al Fondo de la OEA para Armas Pequeñas y Armas Ligeras, iniciativa que nació con fondos estadounidenses en 2006.
CONCLUSIÓN: ¿PUEDE FUNCIONAR?
Este paquete se concentra en actualizaciones tecnológicas específicas e importantes, parte vital para garantizar la seguridad en un momento en el que los criminales usan cada vez más armas y equipos más recientes. Sin embargo, sin funcionarios comprometidos en las áreas de aplicación de la ley y la justicia que hagan uso de estos equipos, significará poco más que una colección costosa de metal, plástico y cables.
En el largo plazo, para que América Central enfrente sus retos en materia de seguridad debe decidir asignar recursos a instituciones apropiadas para cada misión. Uno de los aspectos fundamentales es destinar suficiente equipo, adiestramiento y supervisión a las fuerzas policiacas en vez de usar a los militares. Este paquete parece reconocer la importancia de la policía por encima de las fuerzas armadas para atacar las preocupaciones de seguridad interna, y Estados Unidos y los países centroamericanos deben recibir el crédito que merecen por hacer esta importante distinción.
Pero sin más incentivos positivos y controles internos y externos, el dinero que se gaste en unidades especializadas y equipo de alta tecnología sólo servirá como una nueva capa de pintura sobre una base podrida.
De igual forma, las unidades especializadas pueden constituir una parte importante de la solución en la gestión de problemas complejos de seguridad pública, pero crear dichas unidades sin el apoyo y los controles necesarios puede ocasionar consecuencias desastrosas. El Batallón Atlacatl en El Salvador es un ejemplo. Esa unidad militar de élite, adiestrada por Estados Unidos, cometió la masacre de El Mozote en 1981 y asesinó a seis jesuitas en 1989. Aunque las unidades especializadas entrenadas y equipadas en América Central por medio de la Iniciativa Mérida serían policiacas en vez de militares, los principios se mantienen: convertir a los grupos corruptos en unidades más eficientes y letales va directamente en contra de los objetivos del paquete, y estas consecuencias no intencionales resultan mucho menos probables dentro de un sistema de fuertes controles internos y externos.
Además, estudios tales como el recientemente publicado "Pandillas juveniles transnacionales en Centroamérica, México y los Estados Unidos" del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) encontró claramente que, si bien las pandillas muestran un aspecto transnacional, constituyen sobre todo un problema local que requiere soluciones locales. Un sistema de toma de huellas digitales regional representa una mejora necesaria para América Central, pero lo que ha demostrado una mayor efectividad son las estrategias amplias enfocadas a la comunidad. Éstas contemplan patrullaje comunitario, escuelas, centros comunitarios y programas de creación de empleo.
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