Joel Fyke y Maureen Meyer
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008
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Resumen: El componente centroamericano de la Iniciativa Mérida pasó inadvertido, quizá por lo poco que le correspondía del monto final. Si bien la cantidad es pequeña, el enfoque parece ir en la dirección correcta al atacar algunos de los componentes clave de los problemas de seguridad para América Central. Sin embargo, estos fondos deben ser sólo el inicio de un compromiso de cooperación de más largo plazo.
Joel Fyke es investigador sobre Crimen Organizado y Seguridad Pública de la Washington Office on Latin America (WOLA). Maureen Meyer es coordinadora del Programa para México y América Central de la WOLA.
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Cuando el director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Julio Hernández Chávez, revisaba la prensa el sábado 22 de septiembre de 2007, se topó con un reportaje en el que varias familias alegaban que, el día anterior, la policía había detenido ilegalmente a cinco hombres jóvenes de El Gallito, un peligroso barrio de la ciudad de Guatemala conocido como refugio de traficantes de drogas y pandillas callejeras. Los cinco habían estado jugando un partido de fútbol espontáneo cuando fueron detenidos. Hernández pasó el caso a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC para que se hiciera una revisión más a fondo.
La investigación que siguió le costó el puesto al director Hernández. La Oficina de Responsabilidad Profesional pronto vinculó a la patrulla que supuestamente se usó en la detención ilegal con dos oficiales que trabajaban dentro de la oficina del propio director. Usando información de GPS del auto patrulla, encontraron los cuerpos de los cinco hombres el martes 25 de septiembre. Esos dos oficiales, miembros del Grupo de Acción Rápida, un cuerpo de élite, fueron descritos como personal cercano al director Hernández y se habían desempeñado como su cuerpo de seguridad personal en múltiples ocasiones.
Casos de ejecuciones extrajudiciales y justicia vigilante, como éste, se han vuelto cada vez más comunes en Guatemala y en otros países centroamericanos. Muchos ciudadanos han decidido que, en vista de que la violencia de las pandillas juveniles y los grupos del crimen organizado, como los narcotraficantes, crece constantemente, la "justicia" sólo puede alcanzarse fuera del sistema judicial.
Fue en este escenario, y con el trasfondo del interés cada vez mayor de Estados Unidos por la situación de seguridad de la región, que el gobierno de Bush presentó su solicitud al Congreso estadounidense, en el mes de octubre pasado, para financiar un nuevo paquete de ayuda en materia de seguridad llamado "La Iniciativa Mérida: Cooperación en Seguridad Estados Unidos-México-Centroamérica".
En los meses que antecedieron al anuncio, el componente centroamericano de este paquete de ayuda pasó inadvertido, quizá como reflejo de lo poco que correspondía a la región del paquete final, apenas unos 50 millones de dólares para los siete países centroamericanos, en comparación con los 500 millones de dólares asignados a México. Si bien la cantidad es pequeña, esta asistencia parece avanzar en la dirección correcta al tratar algunos de los principales componentes de los problemas de seguridad que enfrenta América Central. Más aún, la inclusión de la prevención y la policía comunitaria para combatir a las bandas, aunque con limitaciones, es una mejora positiva con respecto a políticas anteriores. Sin embargo, con tan escasos fondos el peligro es que las necesidades de la implementación inmediata monopolicen los fondos disponibles, dejando casi nada para el trabajo más importante, aunque menos glamoroso, del fortalecimiento institucional de largo plazo.
Al mismo tiempo, la mayor atención que se presta a la región centroamericana se vincula con las altas expectativas sobre el "éxito" potencial de México en el combate al narcotráfico y la violencia dentro de sus fronteras. Si México en verdad tiene "éxito", es probable que el comercio de drogas, que históricamente ha respondido encontrando nuevas rutas de tráfico con menos controles cuando se le opone una mayor resistencia en sus corredores habituales, se concentrará en América Central y volverá otra vez al Caribe para satisfacer la demanda de cocaína y heroína en Estados Unidos.
LOS PRIMEROS PASOS
Además del viaje del presidente Bush a Guatemala en marzo de 2007, las primeras discusiones con respecto a brindar más asistencia a América Central vieron la luz cuando el subsecretario de Estado Thomas Shannon participó en la reunión del 18 de julio del Comité de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en la ciudad de Guatemala.
La participación de Shannon en la reunión del SICA, que contó con representantes de los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México (como observador), supuso la primera vez desde la era de Reagan en que altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense y sus homólogos centroamericanos se reunieron para debatir sobre temas de seguridad. En vez de discutir, como en el pasado, sobre insurgentes de izquierda y la expansión del comunismo, los funcionarios presentes en la reunión de julio hablaron de tres amenazas principales: bandas criminales, narcotráfico y tráfico de armas pequeñas.
Estos tres temas son las fuentes más fácilmente identificables de la violencia que aflige a buena parte de América Central. Las tasas cada vez mayores de asesinatos en El Salvador, Guatemala y Honduras se han vinculado con dos fenómenos distintos: el narcotráfico y las pandillas juveniles. Además de la falta de una regulación de armas funcional y de controles de registro, las porosas fronteras han dado origen a grupos mejor armados y más numerosos que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y proteger a la ciudadanía.
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