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Déjà vu. La política antidrogas en la relación México-Estados Unidos Laurie Freeman De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008 Resumen: La Iniciativa Mérida parece no tener precedentes, pero la novedad radica en su magnitud y no en la estrategia que propone. Si bien puede producir algunos resultados positivos de corto plazo, es poco probable que tenga un impacto duradero en el tráfico de drogas. La iniciativa se basa en una estrategia fallida que no toma en cuenta el principal factor que fomenta este comercio: la demanda de drogas ilegales de millones de estadounidenses. Laurie Freeman es asociada de la Washington Office on Latin America (WOLA), organización no lucrativa dedicada a la investigación, las políticas públicas y el apoyo de distintas causas en favor del avance de la democracia, los derechos humanos y la justicia social en la política estadounidense hacia América Latina. Es candidata a la maestría en Políticas Públicas en la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Princeton University.
Los Zetas son el mejor ejemplo de ese problema. Los funcionarios estadounidenses parecen no haber aprendido la lección. Cuando se le preguntó si al gobierno estadounidense le preocupaba que el adiestramiento pudiera terminar sirviendo a los traficantes, Shannon respondió: "No podemos permitirnos estar dominados por el miedo o por lo que puede pasar [ . . . ] con base en el ejemplo [de los Zetas]". CÓMO DEBE SER UN PAQUETE EFECTIVO DE AYUDA ANTIDROGAS Calderón acierta cuando dice que el tráfico de drogas no es un problema que México pueda resolver solo. El narcotráfico en México existe por motivos geográficos y por la política estadounidense. México no es un país productor de cocaína, pero sí está entre la fuente de cocaína en los Andes y su destino final: Estados Unidos. México también produce drogas ilícitas tales como marihuana, heroína y metanfetaminas. La política estadounidense es culpable porque el gobierno de ese país prohíbe drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína, pero no consigue disminuir la demanda estadounidense de ellas. Para ayudar a México a reducir el tráfico de drogas y la corrupción y violencia que lo acompañan, un paquete efectivo de ayuda antidrogas estadounidense debe concentrarse en tres temas: reducción de la demanda de drogas, reforma policiaca y judicial amplia y persecución del tráfico ilegal de armas. En ese sentido, un programa efectivo de ayuda antidrogas podría de hecho no incluir mucha ayuda extranjera. Si bien es importante apoyar los esfuerzos de reforma de largo plazo en México en materia policiaca y judicial, el gobierno estadounidense debe concentrar sus recursos y energías antidrogas en casa para reducir la demanda y fortalecer la regulación en la venta de armas. Estados Unidos debe redirigir recursos para proporcionar mayor acceso a tratamientos de desintoxicación. Un estudio de 1994 elaborado por la RAND Corporation, que constituye un parteaguas, encontró que el tratamiento para grandes adictos a la cocaína era 23 veces más efectivo en la reducción del consumo de esa droga que la erradicación de cultivos, 11 veces más efectivo que la intercepción fuera de las fronteras de Estados Unidos y siete veces más efectivo que la aplicación de la ley en el ámbito interno. A pesar de la probada efectividad (y efectividad de costos) del tratamiento, la mayoría de los consumidores de drogas que busca tratamiento no lo obtiene, a menudo porque su costo resulta demasiado alto. De los aproximadamente 8.1 millones de estadounidenses que necesitaban tratamiento por un problema de uso de drogas ilícitas en 2004, sólo lo recibieron 1.4 millones (17%). El tratamiento por sí solo no resolverá el problema de las drogas, por supuesto, pero tendrá algún impacto en reducir el mercado y por consiguiente en reducir los problemas de crimen y salud pública asociados a él. Los funcionarios estadounidenses dicen que la Iniciativa Mérida constituye un paquete de ayuda exterior, por lo que los programas de reducción de la demanda interna estadounidense no tienen cabida en ella. Sin embargo, no existen planes para una iniciativa federal de gran calado que expanda y mejore los programas de tratamiento antidrogas. Es revelador que la reducción de la demanda ni siquiera se mencione en la National Southwest Border Counternarcotics Strategy de septiembre de 2007, presentada por el zar antidrogas estadounidense. En vez de brindar más adiestramiento y tecnología a las instituciones mexicanas que se encargan de hacer cumplir la ley, Estados Unidos debe apoyar la reforma amplia de la policía y el poder judicial. Entre otras cosas, estos esfuerzos de reforma deben aumentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control internos y externos, de forma que las instituciones, el público en general, los medios y los formuladores de políticas puedan monitorear el desempeño de la policía, asegurar la rendición de cuentas y ponerse en guardia ante cualquier indicio de corrupción. Por último, un programa conjunto para combatir el narcotráfico y la violencia debe atender el tráfico de armas. México comparte una frontera extensa con Texas, Nuevo México y Arizona, donde la venta de drogas y municiones está muy poco regulada. En consecuencia, es demasiado fácil adquirir armas en exhibiciones y por medio de compras a través de intermediarios en ciudades fronterizas de Estados Unidos y luego transportarlas a México. Las armas llegan a México vía el comercio hormiga, mediante el cual pequeñas cantidades de armas pasan poco a poco la frontera, a menudo escondidas en los maleteros de los millones de automóviles que la cruzan cada año. Si bien los equipos de rayos X que contempla la Iniciativa Mérida podrían ayudar a las autoridades mexicanas a cortar el flujo de armas, no será posible revisar cada vehículo que cruce la frontera. Hay medidas que los gobiernos de México y Estados Unidos pueden adoptar para hacer el tráfico de armas más difícil. Los funcionarios de ambos países dicen estar mejorando los procedimientos por medio de los cuales los agentes mexicanos solicitan el rastreo de armas de sus homólogos estadounidenses, lo cual ayudará a identificar patrones de tráfico y establecer procesos contra de los criminales. Además, el gobierno estadounidense debe aumentar su supervisión e investigación de los corruptos vendedores de armas federales y aumentar las condenas para los cómplices de tráfico. Los vendedores corruptos con licencia federal son la fuente principal de armas de fuego que se desvían al mercado negro, pero pocos son juzgados y mucho menos se les revocan las licencias. El gobierno estadounidense también debe regular el mercado secundario exigiendo una revisión de antecedentes sobre todas las transferencias privadas de armas. Por último, las leyes sobre armas deben fortalecerse en estados como Arizona, Nuevo México y Texas. Podría limitarse, por ejemplo, el número de armas que un individuo puede comprar en un mes, regular la compra de municiones y exigir la revisión de antecedentes en las exhibiciones de armas de fuego. Las armas tienen mucha demanda en México porque los traficantes las necesitan para mantenerse competitivos en un negocio ilegal; así se mantendrá esta situación mientras el mercado de drogas sea tanto ilegal como lucrativo. Por esa razón, reducir el tráfico de armas requiere en última instancia reducir la demanda de armas, y eso puede hacerse mejor disminuyendo el atractivo del mercado de drogas; una forma de lograrlo consiste en reducir el uso de drogas en Estados Unidos.
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