Laurie Freeman
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008
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Resumen: La Iniciativa Mérida parece no tener precedentes, pero la novedad radica en su magnitud y no en la estrategia que propone. Si bien puede producir algunos resultados positivos de corto plazo, es poco probable que tenga un impacto duradero en el tráfico de drogas. La iniciativa se basa en una estrategia fallida que no toma en cuenta el principal factor que fomenta este comercio: la demanda de drogas ilegales de millones de estadounidenses.
Laurie Freeman es asociada de la Washington Office on Latin America (WOLA), organización no lucrativa dedicada a la investigación, las políticas públicas y el apoyo de distintas causas en favor del avance de la democracia, los derechos humanos y la justicia social en la política estadounidense hacia América Latina. Es candidata a la maestría en Políticas Públicas en la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Princeton University.
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Desde el principio de su gobierno, Calderón tenía claro que esperaba que Estados Unidos apoyara más a México en sus esfuerzos antidrogas. Según Calderón: "Estados Unidos es conjuntamente responsable por lo que nos está pasando [ . . . ] en esa responsabilidad compartida el gobierno estadounidense tiene mucho trabajo por hacer". Esta posición firme, y el aumento de la cooperación con funcionarios estadounidenses, han detonado un nuevo nivel de asociación entre ambos países, la cual ha llevado al acuerdo para colaborar en un trato que permita mayor cooperación.
Durante meses, ambos gobiernos estuvieron negociando con intensidad un paquete de ayuda antidrogas. El Congreso estadounidense, que debe aprobar cualquier tipo de asistencia, no recibió ninguna información sobre sus posibles contenidos. El secretismo en el que se desarrolló el "Plan México", como se le apodó originalmente, alimentó muchas especulaciones. El nombre del plan y las expectativas de su magnitud evocaron comparaciones con el Plan Colombia, lo cual generó la inquietud de que las dependencias estadounidenses deseaban una participación más activa en los esfuerzos antidrogas que tienen lugar en territorio mexicano.
El 22 de octubre de 2007, el gobierno de Bush anunció oficialmente la propuesta de un paquete de ayuda, conocido como Iniciativa Mérida. El principal objetivo de la iniciativa es reducir la asimetría entre los agentes mexicanos (de policía, inteligencia y militares) y los traficantes de drogas que disponen de armas avanzadas, equipo de comunicaciones de alta tecnología y aeronaves. Los componentes principales del paquete son helicópteros y aviones rápidos para transporte y vigilancia; mejores capacidades en materia de telecomunicaciones, equipos de inspección y de análisis de datos, y adiestramiento para establecer programas de protección de testigos y asistencia a las víctimas.
El adiestramiento tendrá lugar en México, en Estados Unidos y en terceros países, dependiendo del tipo de ejercicio de que se trate. Por ejemplo, no se llevarán a cabo entrenamientos militares en territorio mexicano. Pero otras clases de prácticas -- enseñar a policías y fiscales a usar las bases de datos criminales o montar sistemas de telecomunicaciones seguros, o capacitar al personal militar en el uso de ciertos tipos de equipo -- pueden realizarse en México, y la instrucción la proporcionarán agentes estadounidenses del ámbito judicial o contratistas privados.
Además del adiestramiento, la Iniciativa Mérida no incluye la presencia de personal estadounidense en México, ni como asesores ni en papeles operativos como en el Plan Colombia. Según Tom Shannon, subsecretario de Estado para temas del Hemisferio Occidental: "Todas las actividades [antidrogas] que se lleven a cabo en México estarán a cargo de autoridades mexicanas".
La Iniciativa Mérida equivaldrá a un total de 1,400 millones de dólares para los siguientes dos o tres años. El gobierno de Bush solicitó 500 millones de dólares para el primer año (año fiscal 2008), como parte de la petición de presupuesto suplementario para la guerra en Irak y Afganistán. Esto es más de 10 veces la ayuda antidrogas que Estados Unidos entrega anualmente a México en este momento. El gobierno de Bush puede solicitar los 900 millones restantes para el año fiscal 2009; si no lo hace, quedará en manos del gobierno siguiente la decisión de continuar o no con la iniciativa. La cantidad exacta de fondos y los contenidos del paquete de ayuda también dependen del Congreso estadounidense. Muchos congresistas apoyan los objetivos de la Iniciativa Mérida pero se muestran renuentes a aprobarla tal como está. Están un tanto resentidos porque el gobierno de Bush no los consultó mientras se llevaban a cabo las negociaciones.
Los resúmenes ejecutivos oficiales de la Iniciativa Mérida son listas detalladas de sistemas de computación y software, aparatos de alta tecnología, vehículos y equipos de seguridad. Hay algo para todos. Más de un tercio de la solicitud de fondos para la iniciativa en el año uno (208 millones de dólares) se destinará a la compra de aeronaves para reforzar las operaciones antidrogas y mejorar las capacidades de respuesta rápida del gobierno. Para el Ejército, ello significa ocho helicópteros de transporte; para la Armada, dos aviones de reconocimiento, y para la Procuraduría General de la República (PGR), la remodelación de otros dos aviones de reconocimiento.
Para mejorar la tecnología y el equipo de los encargados de hacer cumplir la ley se usarán 156 millones de dólares adicionales. Las agencias mexicanas de inteligencia recibirán sistemas seguros de comunicación, mayor interconectividad de bases de datos y herramientas para el manejo de información y el análisis forense. Las aduanas y la policía federal recibirán equipos de inspección no invasivos (escáneres y camionetas con rayos X) y nuevos equipos caninos, además de adiestramiento. La PGR obtendrá vehículos blindados, chalecos antibalas y cascos. Asimismo, la Secretaría de Salud va a adquirir equipos y programas de computación para crear una red para la reducción de la demanda y la rehabilitación de los adictos.
Un total de 100 millones de dólares se pondrá en un fondo aparte para "la construcción institucional y el estado de derecho". Esto incluye 60 millones de dólares para "modernizar los sistemas de manejo de información y forenses" y entrenamiento para la PGR, así como apoyo para unidades antipandillas y anticrimen organizado, amén de programas de protección de testigos. También incluye 20 millones de dólares para la digitalización del trabajo de la fiscalía, con el fin de incluir un sistema de manejo de casos y reconstruir sus bases de datos, y 15 millones de dólares para "programas que promuevan el combate a la corrupción, la transparencia y los derechos humanos".
UNA VISIÓN CRÍTICA: DIFERENTE MAGNITUD, MISMA ESTRATEGIA
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