Temas: México Estados Unidos Ex Mex: From Migrants to Immigrants Jorge G. Castañeda. : New Press, 2007. Mongrels, Bastards, Orphans, and Vagabonds: Mexican Immigration and the Future of Race in America Gregory Rodriguez. : Pantheon, 2007. México en un mundo unipolar... y diverso Ana Covarrubias. México: El Colegio de México, 2007. Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX: Del porfiriato a la posguerra fría Walter Astié-Burgos. México: Miguel Ángel Porrúa, 2007. Déjà vu. La política antidrogas en la relación México-Estados Unidos By Laurie Freeman Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008

El planteamiento inicial de México, presentado formalmente el 22 de mayo, incluía tres componentes igualmente importantes de la cooperación. En primer lugar las acciones que el gobierno de México desarrollaría en su propia jurisdicción, planteadas y asumidas ya con anterioridad como parte de nuestra propia estrategia nacional, en relación con las cuales la Cámara de Diputados había ya aprobado los presupuestos de cada una de las dependencias involucradas correspondientes al año fiscal en curso.

En segundo término estaban las acciones del gobierno de Estados Unidos, también en su propia jurisdicción, que resultaban fundamentales para lo que se identificó desde entonces como el "combate común contra un enemigo común". Destacan entre las áreas específicas de acción planteadas a este respecto el tráfico de armas, de precursores químicos y de dinero en efectivo.

Por último, había que considerar los espacios concretos de la acción bilateral. Un primer ejemplo de esto era el desarrollo plenamente recíproco de intercambios de inteligencia, no sólo para detectar envíos a México de terceros países sino también para, por ejemplo, desarticular las redes delincuenciales implicadas en el tráfico de armas y otros delitos que afectan directamente a nuestra población. Este tercer pilar de la cooperación constituía también el espacio específico en el que se incorporaban las transferencias de recursos que contribuirían a acelerar los procesos de modernización y desarrollo de capacidades que las autoridades mexicanas habían ya puesto en curso.

Compartido por Estados Unidos, y acordado este marco conceptual para la cooperación, dio inicio un amplio proceso de consultas políticas y técnicas. En el primer nivel se definieron los términos básicos del esquema de cooperación. Se acordó, por ejemplo, desde las primeras sesiones de consulta que el acuerdo al que se pudiera llegar se sostendría por sí mismo y que, por tanto, el diálogo no incluiría todos los otros temas preexistentes de la agenda bilateral en la materia. México subrayó también desde el inicio de las consultas que el programa no incluiría ni la presencia en México de efectivos militares estadounidenses, ni la participación en funciones operativas de representantes de las agencias civiles de ese país. Por tanto, el desarrollo de capacidades propias pertinentes para el empleo de los equipos y las tecnologías de punta que se identificasen como los más idóneos para el logro de un objetivo determinado contribuiría a definir la secuencia en que los distintos componentes del esfuerzo de cooperación que se analizaba serían incorporados en él.

El nivel técnico de las consultas se desarrolló de manera particularmente constructiva, demostrando la existencia de amplias coincidencias en los intereses nacionales de ambos países en la materia. Durante varias semanas las diversas dependencias mexicanas involucradas tomaron la iniciativa en la presentación de equipos, tecnología y programas de capacitación y entrenamiento que les permitirían acelerar y en algunos casos instrumentar de manera más eficiente los programas de modernización y construcción de capacidades objeto de las consultas internas previas a las que ya me he referido.

El resultado final del diálogo bilateral político y técnico tuvo dos puntos de concreción. En primer lugar, la declaración conjunta dada a conocer exactamente cinco meses después del inicio de las consultas, en la que se precisó el marco conceptual acordado, con sus tres componentes básicos, y los principios de pleno respeto soberanía, jurisdicción y normatividad de cada socio en los que se basa la cooperación. El segundo resultado de la consulta fue la identificación de los recursos cuya transferencia apoyaría significativamente los esfuerzos que el gobierno de México había ya iniciado y que deberían completarse en los próximos años.

El último paso del proceso se refirió a la definición de la secuencia que debería seguir el proceso de modernización así como su relación con la calendarización, a lo largo de ese proceso, de las transferencias de recursos involucradas. La conveniencia de contar con esos recursos en plazos que contribuyesen a mantener el impulso de los esfuerzos de modernización y construcción de capacidades emprendidos en México, aunada a las características básicas del ciclo presupuestario estadounidense, aconsejaban no esperar hasta la presentación por el Ejecutivo al Congreso de ese país del proyecto correspondiente para el año fiscal 2009.

Fue ésta la decisión que estuvo detrás de la inclusión de aquellos aspectos de la Iniciativa Mérida que involucran transferencias iniciales de recursos (junto con otro considerable número de temas, varios con implicaciones presupuestarias mucho mayores que los de la Iniciativa) en la propuesta de financiamiento adicional para el año fiscal 2008 presentada por el gobierno del presidente Bush al Congreso de Estados Unidos el 22 de octubre pasado. Debe señalarse, por otra parte, que la decisión de cual podía ser el "vehículo legislativo" más idóneo a este respecto correspondió al Ejecutivo estadounidense.

Tal como lo planteó el presidente de Estados Unidos en su presentación, los 500 millones de dólares incluidos en este caso forman parte de un esquema que se prevé -- dependiendo de las decisiones correspondientes del Legislativo -- alcance un total de 1,400 millones de dólares a lo largo de tres años fiscales. Esta última cifra representa la estimación del valor de las transferencias de recursos involucrados durante las distintas etapas que deberá recorrer el proceso interno de modernización y construcción de capacidades que fueron identificados a lo largo de las consultas internas y bilaterales. Los 500 millones de dólares solicitados inicialmente, por su parte, se refieren tan sólo al apoyo que deberán recibir las distintas dependencias durante las primeras etapas del mismo.

Dos criterios resultan en particular significativos para la selección e identificación de recursos implícita en esta distinción. En primer lugar, su prioridad relativa en relación con los desafíos más inmediatos que enfrentamos. En segundo término, la existencia o, en su caso construcción, de capacidades propias para hacer un uso óptimo de esos recursos, lo que nos permitirá garantizar que sean operados por personal mexicano calificado.