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La Iniciativa Mérida y el combate nacional al crimen organizado Carlos Rico F. De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008 Resumen: La Iniciativa Mérida es mucho más y mucho menos de lo que parece. La estrategia nacional de lucha contra el crimen organizado es como un juego de "cajas chinas": la primera y mayor es la estrategia nacional e integral; dentro de ella hay otra que se refiere al papel de la cooperación internacional en este combate. La tercera es la cooperación con Estados Unidos y, dentro de ésta, la transferencia de recursos en la que se ha centrado la atención pública es sólo una parte. Carlos Rico F. es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Las opiniones expresadas en este ensayo son únicamente las de su autor y no representan necesariamente las de la dependencia donde colabora.
La cooperación México-Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico, no es nueva. Iniciada al menos desde los setenta, se dotó de bases legales claras con la firma en 1989 del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia y recibió un impulso sin precedente en los últimos años de la década siguiente. En 1997 se dio a conocer el primer Estudio-diagnóstico Conjunto México y Estados Unidos ante el Problema de las Drogas y los presidentes de ambos países firmaron la Declaración de la Alianza México-Estados Unidos contra las Drogas; al año siguiente, la Estrategia Bilateral de Cooperación contra las Drogas; a principios de 1999, por último, las Mediciones de Efectividad de la Estrategia Bilateral de Cooperación contra las Drogas México-Estados Unidos. El trabajo llevado a cabo durante este periodo por el Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas (GCAN) no sólo permitió estos avances sino que contribuyó también al desarrollo de un importante grado de confianza entre los funcionarios participantes. El diálogo establecido tuvo un cierto grado de continuidad a lo largo de los años siguientes, en el marco de instancias como el Grupo Plenario México-Estados Unidos de Procuración de Justicia (conocido como SLEP, por sus siglas en inglés). Probó, sin embargo, ser mucho más difícil inicialmente replicar en el nivel operativo la confianza desarrollada entre tomadores de decisiones. El impulso político a la cooperación que marcó esos años -- obstaculizado también por la ceremonia anual de la "certificación", por el affaire Gutiérrez Rebollo y por el fiasco de los 73 helicópteros UH-1H que tuvieron que devolverse a Estados Unidos -- dio lugar durante los años siguientes a un claro énfasis en actividades y programas acotados y específicos de cooperación. Uno de los resultados más significativos del desarrollo de estas instancias acotadas y particulares de cooperación fueron los primeros casos reales de construcción de confianza entre los individuos y las entidades de ambos gobiernos involucrados en el nivel operativo en el combate contra el crimen organizado. Un papel central en este respecto fue el desempeñado por el establecimiento de mecanismos de control y verificación de confianza cada vez más seguros, aunque aún limitados en su esfera de aplicación. El desarrollo de capacidades de comunicación protegida contribuyó en el mismo sentido. Esta paulatina construcción de confianza en el nivel operativo facilitó retomar el diálogo bilateral más amplio y el esfuerzo de diseño estratégico integral en materia de cooperación contra el crimen organizado internacional una vez que fue tomada, en el más alto nivel, la decisión correspondiente. LA INICIATIVA MÉRIDA A lo largo de los primeros meses de 2007, al tiempo que se instrumentaban las decisiones a que me referí en la introducción de este ensayo, tuvieron lugar otros desarrollos internos que contribuyeron al relanzamiento de los esfuerzos de cooperación bilateral. Destaca a este respecto la ampliación del proceso de consulta entre las principales dependencias federales participantes en los operativos conjuntos ya mencionados, para incluir temas más amplios. Dos fueron los objetivos básicos del ejercicio. En primer lugar, contribuir al diseño final del esquema integral que orientaría las acciones de todas ellas y cuyos principales objetivos operativos, por lo que hace a las dimensiones más directamente vinculadas con la aplicación de la ley, fueron recogidos antes de cualquier consulta bilateral en textos tales como la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, presentada el 7 de marzo. El segundo objetivo de la consulta intersecretarial fue precisar las necesidades de cada dependencia en el marco del proyecto de modernización e incremento de capacidades que ya se había decidido emprender. Como parte de este esfuerzo interno de modernización, varias de estas dependencias dieron inicio durante las primeras semanas del año a proyectos de reforma directamente pertinentes para el logro de los objetivos operativos descritos en la tercera sección de este ensayo. El desarrollo de redes de comunicación seguras, interconectadas y dialogantes, por ejemplo, fue asumido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el marco del establecimiento de la Plataforma México. El establecimiento de un Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza se consolidó también como un objetivo básico de la SSP. El Proyecto Constanza en la Procuraduría General de la República, por otra parte, fue una clara expresión de los alcances del esfuerzo de reingeniería institucional que se emprendía. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo este proceso de consulta interna y se empezaban a poner en práctica reformas significativas en diversas dependencias, el tema de la cooperación internacional en la materia se introducía expresamente en las agendas de la acción internacional de México y, en particular, del presidente de la República. En el caso de Estados Unidos el anuncio de la intención del presidente George W. Bush de realizar durante el mes de marzo una gira por diversos países de América Latina, incluido México, abrió la posibilidad de explorar, en el nivel mismo de Jefes de Estado, el replanteamiento de los términos en que se ha venido dando la cooperación. Las decisiones tomadas por el presidente Calderón en materia de lucha contra el crimen organizado durante las primeras semanas de su mandato habían abierto la posibilidad de este diálogo, anunciado en las comunicaciones telefónicas entre los primeros mandatarios. Esta posibilidad se concretó en el marco de la Cumbre de Mérida, donde se expresó una clara coincidencia de preocupaciones y objetivos en este tema. En el comunicado conjunto emanado de la reunión, en el que se recogen los acuerdos alcanzados respecto de una amplia gama de temas, se planteó con claridad el compromiso asumido de ampliar la cooperación bilateral en esta materia. En cumplimiento de esta instrucción se efectuó una serie de consultas, primero internas y, a partir de principios de mayo, bilaterales, orientadas al diseño de un nuevo esquema de cooperación en el que fueran plenamente asumidas las especificidades que ésta debe tener en el marco de nuestra contigüidad geográfica. La experiencia adquirida desde fines de los noventa y, particularmente, los limitados logros alcanzados con base en las formas asumidas a lo largo de este periodo por la cooperación bilateral permitieron identificar las principales cuestiones que resultaba imperativo tratar. La más significativa se refería a la necesaria integración de un programa de cooperación que abarcase de manera consistente al conjunto de las dependencias involucradas en las diversas facetas del combate al crimen organizado. Superar la desagregación por dependencia que, al menos del lado mexicano, caracterizaba la cooperación existente -- en cuyo marco la transferencia de recursos era limitada y casuística -- fue uno de los objetivos más claramente identificados durante la etapa interna de las consultas sobre cooperación bilateral. El acuerdo alcanzado sobre este punto central, a partir de instrucciones precisas del más alto nivel, permitiría llevar a cabo una consulta bilateral basada en la existencia de "ventanillas únicas" de organización del diálogo. El segundo resultado de la etapa interna de consultas fue el replanteamiento conceptual de la cooperación bilateral. Ésta, se subrayó, no podía centrarse únicamente en la transferencia de recursos. En relación con varias de las dimensiones más complejas del desafío planteado hoy por el crimen organizado resultaba aún más importante un compromiso claro por parte de ambos gobiernos para llevar a cabo acciones decididas en su propia jurisdicción.
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