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La Iniciativa Mérida y el combate nacional al crimen organizado
Carlos Rico F.
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008

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Resumen: La Iniciativa Mérida es mucho más y mucho menos de lo que parece. La estrategia nacional de lucha contra el crimen organizado es como un juego de "cajas chinas": la primera y mayor es la estrategia nacional e integral; dentro de ella hay otra que se refiere al papel de la cooperación internacional en este combate. La tercera es la cooperación con Estados Unidos y, dentro de ésta, la transferencia de recursos en la que se ha centrado la atención pública es sólo una parte.

Carlos Rico F. es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Las opiniones expresadas en este ensayo son únicamente las de su autor y no representan necesariamente las de la dependencia donde colabora.

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[continúa...]

Desde la perspectiva de las responsabilidades del gobierno con el bienestar de los ciudadanos, sin embargo, no puede ser ésta una excusa para no encarar decididamente los retos y amenazas directas que trae consigo esta dificultad para alcanzar soluciones definitivas desde un punto de vista estrictamente nacional. Podemos y debemos insistir ante nuestros principales socios en que las causas últimas de los desafíos que enfrentamos sean atendidas. Pero no podemos evitar encarar las consecuencias de su persistencia.

Esta conciencia de la dimensión transnacional del desafío que plantea el crimen organizado no puede ocultar, sin embargo, que sus actividades en territorio nacional incorporan también nuevas y cada vez más complejas dimensiones. El desarrollo de una estrategia nacional e integral de combate a todas estas amenazas debe incorporar la triple dimensión de México como origen, punto de tránsito y, cada vez más, destino de los flujos y actividades ilícitas de estas bandas. Las expresiones y consecuencias de la existencia de una creciente demanda de drogas en nuestro propio país deben ser explícitamente incorporadas en la estrategia. Este mercado interno no sólo representa un campo de acción adicional para las organizaciones criminales sino que también plantea nuevas y complejas presiones sobre las instancias públicas y privadas vinculadas con los sistemas judicial, educativo, penal, de salud y otros relacionados. Es ésta una realidad que debe asumirse plenamente para articular una estrategia nacional de lucha ya no sólo contra el narcotráfico, sino también contra la farmacodependencia.

Como trataré de ilustrar más adelante, la cooperación internacional es importante para prácticamente todas las dimensiones, unas más internas y otras más internacionales, del desafío que plantea el crimen organizado internacional. Su importancia y utilidad inmediatas varía, sin embargo, en relación con los diversos objetivos operativos específicos que incorpora la estrategia nacional de combate contra las bandas delincuenciales. Paso ahora a explorar cinco de estos objetivos prioritarios, a partir de los cuales la cooperación internacional puede hacer contribuciones significativas.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El fin último del combate contra el crimen organizado es el desmantelamiento de las bandas delincuenciales que participan en él. Cinco de los objetivos operativos, estrechamente relacionados entre sí, en los que esto se traduce, permiten ilustrar algunas de las necesidades específicas de incremento de las capacidades nacionales que la cooperación internacional puede contribuir a satisfacer.

Primero. La capacidad de control efectivo del territorio nacional es un prerrequisito fundamental de cualquier estrategia integral de combate al crimen organizado. El cumplimiento de este objetivo rebasa el ejercicio efectivo a lo largo y ancho del territorio del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado y remite a la necesidad de recuperar plenamente los espacios públicos para la población. Sin embargo, parte de una gestión eficiente de nuestras fronteras marítimas y terrestres y de nuestros puertos y aeropuertos, de forma tal que el control de los flujos indeseados no obstaculice el de los que no sólo son legítimos sino también cada vez más importantes para nuestra salud económica.

Un componente adicional para el logro de este objetivo se refiere al desarrollo de una capacidad real de vigilancia y, en su momento, interceptación en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Por último es necesario considerar explícitamente la seguridad de instalaciones e infraestructura estratégicas para la actividad económica nacional.

Segundo. La generación y utilización de inteligencia es un segundo objetivo que, vinculado con la capacidad de supervisión y vigilancia a que se refiere el punto anterior, impacta prácticamente en todos los aspectos del combate al crimen organizado. Desde la detección de redes financieras involucradas en el lavado de dinero hasta el desmantelamiento de las estructuras del tráfico de armas, es imprescindible contar con el equipo y las capacidades tecnológicas de punta necesarios para obtener, dentro de los marcos definidos por la legislación y la normatividad internas, la información requerida. Pero obtenerla representa sólo un primer paso, al que deben seguir su evaluación y procesamiento para culminar con su resguardo en bases de datos seguras, confiables, accesibles para todos los participantes pertinentes y capaces de comunicarse y dialogar entre sí.

Tercero. El desarrollo de estas redes de comunicación y bases de datos facilitará el logro de un tercer objetivo: la coordinación operativa en tiempo real entre el amplio número de dependencias del gobierno federal (e idealmente las instancias estatales y locales) que participan en el combate al crimen organizado. La decisión política de desarrollar una estrategia genuinamente nacional en la que sus diversas aportaciones y capacidades se integren adecuadamente podrá así contar con el sustento instrumental y tecnológico requerido.

Cuarto. El logro de los objetivos descritos hasta ahora supone el fortalecimiento y la modernización de las diversas agencias de seguridad y procuración de justicia, mediante un verdadero proceso de reingeniería que asuma las complejas interrelaciones de sus distintos componentes. La redefinición de procesos administrativos, el diseño de la plataforma tecnológica que éstos requieren, la correspondiente capacitación del personal, la presentación de propuestas de cambios en el marco legal y la vinculación eficiente con otras dependencias a través de las correspondientes interfases tecnológicas y operativas son tan sólo algunas de las actividades involucradas.




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