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Reporte del sector seguridad en América Latina y el Caribe. Lucía Dammert (comp.), Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007, 204 pp. Distribución gratuita en http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2572

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Reseñado por Enrique Sevilla, Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008

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Durante el siglo XX, los periodos que vivieron los Estados latinoamericanos bajo el yugo de regímenes militares, sumados entre sí, dan un total de 481 años. Después de la tercera ola democratizadora en la región, a finales de los ochenta, las políticas e instituciones en materia de seguridad han probado ser anacrónicas y necesitar de importantes reformas estructurales.

Partiendo de esta premisa, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) publica su primer Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe. El documento analiza las estructuras e instituciones de seguridad de todos los países de la región (con la excepción de Cuba, Haití y Venezuela), abordando tres áreas o subsectores: Defensa, Seguridad Pública e Inteligencia. Con fluidez narrativa e información organizada eficientemente, acompañada por gráficas y esquemas, no hay duda de que el informe será de gran utilidad tanto para los estudiosos del tema como para cualquier lector ocasional interesado en la materia.

El primer capítulo se enfoca en el área de la Defensa. El informe señala la necesidad de practicar importantes reformas a las fuerzas armadas y menciona algunos ejemplos de países que han comenzado a implementar algunos cambios en sus cuerpos castrenses, en especial en América Central. Dentro de las reformas propuestas, pueden destacarse la redefinición de las misiones y los objetivos de las fuerzas armadas, incrementar el control de la población civil sobre sus ejércitos y el establecimiento o consolidación de un ministerio de defensa capaz de proveer mayor organización e instrumentar las reformas necesarias a las instituciones.

En materia de Seguridad Pública, el informe propugna igualmente por mejoras en la capacidad de un liderazgo civil democrático y en los sistemas de ingreso y capacitación del personal policial. Asimismo se opone tenazmente a la militarización de la seguridad pública para combatir al crimen organizado y propone avances en la regulación de los servicios de seguridad privada.

Considera que el sector Inteligencia es el más necesitado de cambios, pues los gobiernos de la región, en su mayoría precedidos por dictaduras militares, han seguido con la costumbre de utilizar a los servicios de inteligencia como instrumentos de represión. De ahí la necesidad de reconocer a los servicios de inteligencia como formuladores de políticas públicas con responsabilidades y establecer mecanismos ciudadanos para un estricto rendimiento de cuentas e instancias de coordinación intersectorial de políticas.

Muchos países han comenzado a implementar estas reformas, sobre todo los países centroamericanos y Brasil. No obstante, la región aún se encuentra ante un gran reto: la adecuación y modificación del sector Seguridad con el objetivo de contar con instituciones renovadas y consustanciales con las necesidades actuales de los pueblos latinoamericanos.







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