Cynthia Arnson
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2007
 |
|
|
 |
 |
|
| ||
Resumen: La relación Colombia-Estados Unidos pasa por un momento crítico. Los cambios en los equilibrios de poder estadounidenses llevan a una reorientación del Plan Colombia y, sobre todo, ponen en peligro la aprobación del TLC entre ambos países. El tema de los derechos sindicales en Colombia se une a múltiples temas en su contra que poco tienen que ver con el país o la liberalización comercial.
Cynthia J. Arnson es directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C.
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
 | |||||||||||||||||
La política de Estados Unidos hacia Colombia ha llegado a un punto de inflexión. Desde el inicio del Plan Colombia en 2000, un programa multifacético para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en el tercer país más poblado de América Latina, nunca había habido tanta incertidumbre sobre la naturaleza y el futuro del compromiso de Estados Unidos con este país. El presidente Álvaro Uribe, reelegido el año pasado por una mayoría aplastante, mantiene un índice de 66% de aprobación general, lo que lo convierte en uno de los presidentes más populares de la región. Ha reaccionado con alarma e indignación ante el cuestionamiento de Washington sobre la conducta de su gobierno y la naturaleza de las políticas colombianas. Los más altos funcionarios del país -- el ministro de Defensa, el fiscal general, el vicepresidente y el propio Uribe -- han desfilado sucesivamente y a toda velocidad por la capital estadounidense en los últimos meses, defendiendo la causa de Colombia y buscando extender el Plan Colombia hasta 2012 y, lo más importante, la aprobación por parte del Congreso estadounidense de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países. Ambas iniciativas, pero especialmente el TLC, han estado atrapadas en la controversia, víctimas de costosos errores políticos, tanto en Washington como en Bogotá, así como de otras tendencias en Estados Unidos que tienen poco o nada que ver con Colombia.
Algunos elementos de la encrucijada de Colombia son fáciles de identificar. El gobierno de Uribe enfrenta en el Capitolio lo que un asistente republicano del Senado ha calificado como "una tempestad perfecta": la otrora impenetrable mayoría republicana fue derrotada en noviembre pasado cuando los demócratas reconquistaron el control de ambas cámaras del Congreso; y el presidente George W. Bush, con quien Uribe ha estado estrecha y entusiastamente alineado, es más impopular que nunca, en especial debido a la guerra en Irak.
Como si esto no bastara, los resultados de la guerra contra la droga (principal razón por la cual Estados Unidos ha contribuido con más de 5600 millones de dólares, sobre todo para la ayuda antinarcóticos y militar a Colombia durante los últimos siete años) distan de ser extraordinarios: la ayuda ha mejorado notablemente la seguridad en todo el país, pero la pureza de la cocaína en las calles de Estados Unidos ha aumentado y sus precios han bajado. Según las cifras publicadas en junio por la Oficina Nacional de Política para el Control de la Droga de Estados Unidos (U.S. Office of National Drug Control Policy), la cantidad de coca cultivada en Colombia durante 2006 aumentó por segundo año consecutivo, pese a las cifras récord de fumigación de cultivos, lo que ha incrementado las tensiones con los vecinos del país, en especial Ecuador. Más aún, el total de hectáreas dedicadas al cultivo de coca en toda la región andina no ha disminuido desde que el presidente Bill Clinton lanzó, en 2000, la fase actual de la guerra contra la droga. En el ámbito de los derechos humanos, casi todos los indicadores de violencia -- secuestros, asesinatos, masacres -- se han reducido considerablemente. Empero, Colombia encabeza la lista mundial de sindicalistas que son asesinados cada año, estadística lo suficientemente preocupante como para haber adquirido un gran significado a la luz del debate sobre el tratado de libre comercio.
Los problemas políticos internos que enfrenta Uribe se suman al complicado escenario en Washington. Ya a finales de 2006 un gran número de legisladores, gobernadores y políticos locales, en su gran mayoría perteneciente a los partidos que apoyan al presidente, fueron acusados por la Corte Suprema de Colombia y por la Fiscalía General de colaborar con grupos paramilitares. Las acusaciones comprenden desde la financiación y dotación de equipos a dichos grupos hasta la filtración de nombres de personas destinadas a ser eliminadas. El propio primo de Uribe, un senador, y también el comandante de las Fuerzas Armadas y el ex jefe de Inteligencia Interna, han quedado envueltos en el escándalo. Una encuesta Gallup colombiana de julio pasado muestra que los índices de aprobación de Uribe, aunque todavía altos, se han desplomado 10 puntos porcentuales en los últimos meses. El presidente todavía mantiene una alta calificación tanto en Colombia como en el exterior por haber mejorado la seguridad del país e impulsado altos niveles de crecimiento económico. Frente a todos los indicadores positivos, se divisan resquebrajamientos. La misma encuesta Gallup revela que 72% de la opinión pública apoya los diálogos de paz con los grupos paramilitares, que resultaron en la desmovilización de alrededor de 31000 combatientes desde 2003. Pero sólo 48% aprueba la manera en que Uribe ha conducido este proceso. Igualmente, la mayoría de la población apoya firmemente el manejo general de la economía, pero desaprueba la actuación frente a complejos problemas como el desempleo y el costo de la vida.
DOS RELATOS OPUESTOS
Los funcionarios del gobierno expresan su impaciencia e incluso una sensación de traición por la crítica que reciben sus políticas. Ellos y otros sostienen que el escándalo parapolítico no habría surgido si Uribe no hubiera tomado la valerosa decisión de involucrarse en un proceso de paz con el mayor grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos líderes han hecho extensas confesiones de sus crímenes, según la Ley de Justicia y Paz que rige en su desmovilización. Si bien esto es sólo parcialmente cierto -- algunas de las revelaciones más perjudiciales provienen de la computadora portátil recuperada de un importante comandante paramilitar, así como de los testimonios de ex funcionarios del gobierno convertidos en informantes -- , el hecho real es que mucha menos gente ha muerto en Colombia como consecuencia de la desmovilización de los paramilitares. El espectáculo de los comandantes de las AUC tras las rejas, ofreciendo detalles que han permitido a los investigadores encontrar cientos de fosas comunes con los restos de las hasta ahora innumerables víctimas, hubiera sido inconcebible tres años atrás, cuando se inició el proceso de las AUC. Algunas opiniones indican que el enfoque del Congreso de Estados Unidos sobre los derechos de los sindicalistas colombianos no toma en cuenta las mucho más graves y extensas violaciones por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sólo en junio pasado, durante una fallida operación militar, las FARC asesinaron a 11 miembros de la Asamblea Departamental, que mantenía como rehenes, además de miles de secuestrados, entre ellos una ex candidata presidencial.
Comprender las razones por las cuales esta versión no se ha difundido en el Congreso estadounidense requiere descubrir no sólo el otro lado de la historia, sino también la reciente participación del Congreso en la política de Colombia. Los temas de derechos humanos -- incluidos los años de la connivencia entre los grupos paramilitares y las fuerzas armadas, la crisis que padecen los desplazados, y los numerosos casos ya referidos -- adquieren mayor gravedad por la impunidad crónica que caracteriza a la justicia colombiana actual. Estos temas constituyen preocupaciones fundamentales tanto para los demócratas liberales y moderados como para los republicanos. Para los críticos de Uribe, las sanciones contenidas en la Ley de Justicia y Paz -- un máximo de ocho años de prisión para quienes se supone han cometido crímenes de lesa humanidad -- son harto benevolentes, y el escándalo parapolítico apenas revela cuán profundamente las redes criminales representadas por las AUC han penetrado las instituciones políticas colombianas. La relación de Uribe con los paramilitares se considera sospechosa, más aún por la expansión de las estructuras de tipo paramilitar conocidas, como Convivir, durante la época en que Uribe gobernó el Departamento de Antioquia. Peor aún, Uribe personalmente escogió a Jorge Noguera, su jefe de campaña en la Costa Atlántica, para dirigir el Departamento Administrativo de Seguridad (das), la agencia interna de seguridad de Colombia. Según un antiguo asociado, actualmente en prisión, Noguera habría utilizado su cargo en el das para filtrar a los grupos paramilitares los nombres de los sindicalistas y otras personas que deberían ser asesinados.
Algunos asistentes republicanos del Congreso reconocen ahora que apenas consideraron las preocupaciones por los derechos humanos -- con la excepción de los abusos atribuidos a las FARC -- durante los seis años de su desempeño; tampoco lo hicieron los funcionarios estadounidenses encargados de negociar el TLC. Más bien, el enfoque consistía en apoyar los programas de seguridad y antinarcóticos de Uribe. Para los demócratas del Congreso que han trabajado durante mucho tiempo en temas coyunturales colombianos, los derechos laborales han sido una permanente preocupación ligada a los derechos humanos. Éstos niegan categóricamente que su enfoque sobre los derechos sindicales esté motivado por el deseo de promover la agenda proteccionista de la base sindicalista del Partido Demócrata. "Cuando año tras año un país ocupa el primer lugar como el sitio más peligroso del mundo para ser sindicalista -- dice un funcionario demócrata de la Cámara -- ello se nota." Fundamental para cualquier acuerdo comercial, dice el asistente de un senador que apoya el libre comercio, "debe ser la capacidad de los trabajadores para organizarse y no ser asesinados".
La profundidad de la actual polarización en el Congreso indica que lo que a menudo ha sido descrito como un "consenso bipartidista" sobre la política de Estados Unidos hacia Colombia era menos un consenso que una colcha de retazos sostenida por débiles hilos. Clinton pudo reunir una coalición de apoyo al inicio del Plan Colombia en 2000 debido a que múltiples intereses y objetivos -- la lucha antinarcóticos, el desarrollo alternativo, el proceso de paz, los derechos humanos y la consolidación democrática -- tuvieron cabida dentro de la táctica de la big tent [gran carpa] que tanto lo popularizó. No obstante, con el tiempo -- años que han atestiguado el colapso de las negociaciones de paz con las FARC, del surgimiento de Álvaro Uribe con una plataforma de ley y orden, y de la reestructuración posterior al 11-S de una política exterior de Estados Unidos en torno a la guerra contra el terrorismo -- el Plan Colombia se ha identificado sobre todo con sus aspectos contraguerrilleros y antinarcóticos. Esta táctica satisfizo a algunos miembros de la coalición bipartidista en el Congreso, aquéllos cuya principal preocupación era la detención del flujo de cocaína colombiana a Estados Unidos. Pero otros parecían distanciados, en especial aquéllos para quienes la defensa de los derechos humanos ha servido durante mucho tiempo como piedra fundamental del debate sobre Colombia en Estados Unidos.
LAS RAÍCES DE LA POLÍTICA ACTUAL
| 1 | 2 | 3 | | siguiente |
|
|
|
|