Cynthia Arnson
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2007
 |
|
|
 |
 |
|
| ||
Resumen: La relación Colombia-Estados Unidos pasa por un momento crítico. Los cambios en los equilibrios de poder estadounidenses llevan a una reorientación del Plan Colombia y, sobre todo, ponen en peligro la aprobación del TLC entre ambos países. El tema de los derechos sindicales en Colombia se une a múltiples temas en su contra que poco tienen que ver con el país o la liberalización comercial.
Cynthia J. Arnson es directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C.
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
 | |||||||||||||||||
Las interacciones humanas también han desempeñado un papel que complica la situación. Uribe es sumamente admirado como servidor público comprometido y austero, pero ha cometido pequeños, y costosos, errores frente al Congreso. Durante una visita a Washington en el primer semestre de 2007, saludó calurosa y efusivamente a los miembros republicanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara que lo han apoyado, pero se mostró frío y retraído con los miembros demócratas presentes, entre ellos el nuevo presidente del Comité. En otra ocasión, en mayo pasado, montó en cólera durante una cena privada con miembros del Congreso y sus funcionarios, acusando al director de una prominente ONG estadounidense de derechos humanos de ser un mentiroso y simpatizante de la guerrilla por cuestionar los vínculos de su gobierno con el paramilitarismo. A medida que el exabrupto circuló en el Congreso, le dio credibilidad a aquellos que expresan su alarma por la propensión de Uribe a atacar a sus críticos internos como "compañeros de viaje" de la guerrilla, una acusación con graves consecuencias en Colombia.
Aparte de las percepciones y los resentimientos, el error del gobierno estadounidense al no incluir inicialmente fuertes protecciones laborales y ambientales en el TLC con Colombia -- así como en los acordados con Perú y Panamá -- ha sido enormemente costoso, y quizás de manera irremediable. Desde la llegada al poder de Bush en 2001, el comercio internacional ha experimentado en general márgenes de apoyo cada vez menores en el Congreso. Aun cuando los republicanos controlaban la Casa Blanca, la Cámara y el Senado, la renovación de la autoridad presidencial para negociar TLC fue aprobada por tan sólo un voto. El Tratado de Libre Comercio Centroamericano (Central American Free Trade Agreement, CAFTA), que incluía estipulaciones laborales y ambientales elaboradas con toda intención, fue aprobado por la Cámara en 2006 por apenas dos votos, y sólo porque los líderes de la Cámara mantuvieron abierta la votación durante casi una hora con el fin de juntar los votos necesarios para su aprobación (vale la pena acotar que, en el Senado, los dos principales candidatos demócratas para la nominación presidencial de 2008, Hillary Clinton y Barack Obama, votaron en contra del CAFTA). Que en este ambiente la Casa Blanca lograra negociar otros TLC con Colombia, Perú y Panamá sin fuertes protecciones laborales y ambientales sólo puede describirse como un hecho profundamente torpe o sorprendentemente arrogante.
El descenso del apoyo político para los tratados de libre comercio transita a contracorriente con el surgimiento del populismo económico entre los políticos de Estados Unidos, en particular los demócratas. Sandra Polaski, ex representante especial del Departamento de Estado para Asuntos Laborales Internacionales y actualmente especialista en comercio del Carnegie Endowment for International Peace [Fundación Carnegie para la Paz Internacional] en Washington, ha tratado de explicar las tendencias más generalizadas en la economía estadounidense que están en la base de la creciente oposición al libre comercio. "La concentración de la riqueza en la cúpula de la sociedad estadounidense se ha disparado a niveles nunca vistos desde la década de 1920", escribe. Al mismo tiempo, los salarios medio y promedio de los trabajadores estadounidenses se han estancado o disminuido. Asimismo, se han reducido las prestaciones de salud y pensiones, víctimas de un "colapso gradual del consenso político interno en Estados Unidos a favor de un crecimiento integral". Según la mayoría de las versiones, la inseguridad económica que perciben los estadounidenses fue un factor determinante para los avances demócratas en el Congreso en las elecciones de noviembre de 2006, con una gran mayoría de nuevos legisladores que atribuyeron su triunfo a haber tomado una "posición vehemente contra la agenda comercial erróneamente formulada por el gobierno". En una carta fechada en enero de 2007 dirigida a Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara (House Ways and Means Committee), 39 de los 42 nuevos demócratas afirmaron haber ofrecido a sus electores "alternativas reales y significativas" a los "acuerdos que acaban con el trabajo", como el CAFTA.
Los demócratas recién elegidos no están solos cuando expresan su preocupación por la creciente desigualdad en Estados Unidos y sus consecuencias en las percepciones de los beneficios de la globalización. En febrero pasado, el nuevo presidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben S. Bernanke, pronunció un importante discurso en el cual comentaba que la "creciente desigualdad no es un suceso reciente sino que ha perdurado por lo menos durante tres décadas, o tal vez más aún". Prosiguió diciendo que "la tendencia de largo plazo hacia una mayor desigualdad observada en los salarios reales es también evidente en las medidas generales de bienestar financiero, tales como el ingreso real de los hogares". En julio, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y otros dirigentes demócratas se reunieron en un foro sobre "Globalización, outsourcing y el Trabajador Estadounidense", en el que se hizo pública una investigación que demostraba que las ganancias agregadas de la globalización han sido considerables en Estados Unidos, pero que la distribución desigual de los beneficios contribuía a la presión política en favor del proteccionismo. La prensa citó a George Miller, presidente del Comité sobre Educación y Trabajo, quien observó que "el comercio podría no ser la razón, o la principal razón" de la pérdida de empleos en Estados Unidos, pero el pueblo estadounidense "piensa que sí lo es".
En la primavera pasada, la nueva representante comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, firmó las paces con el Congreso. Ella y un grupo bipartidista de miembros de la Cámara que supervisan los asuntos comerciales presentaron en mayo una "Nueva Política de Comercio para Estados Unidos", que contenía nuevas normas laborales y ambientales y exigía programas más efectivos de Estados Unidos para ayudar a los trabajadores en las industrias perjudicadas por el comercio internacional. Las estipulaciones se incorporarán a los TLC con Perú y Panamá, que probablemente avanzarán cuando el Congreso se reúna después del receso de agosto. No obstante, Colombia ha sido diferida, a la espera de "pruebas concretas de resultados perdurables en la realidad". Según una declaración conjunta en junio de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, del líder de la mayoría Steny Hoyer, del presidente del Comité de Medios y Arbitrios Charles Rangel y del presidente del Subcomité de Comercio Sander Levin, "todos nosotros consideramos a Colombia como un aliado crucial en la región, que merece nuestro compromiso activo", pero "existe una preocupación generalizada en el Congreso sobre el nivel de violencia en Colombia, la impunidad, la falta de investigaciones y juicios y el papel de los paramilitares. Temas de esta naturaleza no pueden resolverse sólo con palabras en un TLC. [...] En consecuencia, no podemos apoyar el tratado con Colombia en este momento".
LAS TAREAS PENDIENTES
A fin de cuentas, la aprobación de este tratado con Colombia dependerá de cómo se desenrede la complicada maraña de asuntos objetivos y subjetivos que pesa sobre sus espaldas. El gobierno de Bush no ha logrado hasta ahora articular una visión estratégica sobre por qué el acuerdo favorece tanto a Estados Unidos como a Colombia. Ningún funcionario de rango ministerial o mayor ha dado prioridad al acuerdo, y los bajos niveles de popularidad del presidente indican que su involucramiento personal es una desventaja más allá de los confines del Partido Republicano (que también cuenta con un núcleo que suele votar contra el libre comercio). Argumentar, como lo ha hecho el subsecretario de Estado, R. Nicholas Burns, que Estados Unidos debe "cumplir [su] compromiso con el pueblo colombiano", sin duda tiene resonancias en los colombianos molestos y ofendidos por la fuerte crítica de Washington. Pero el argumento parece sustituir un reclamo emocional con uno sólido. Mientras que la política exterior de Estados Unidos con frecuencia se vende al público como una política basada en valores y obligaciones morales, los políticos demócratas, interesados en ayudar y no en dañar a Colombia, aún no comprenden con claridad las razones por las que este TLC podría ser beneficioso para los intereses de las economías de ambos países, tanto para sus sectores privados como para sus trabajadores.
Así como no es correcto que los demócratas que se oponen al tratado castiguen a Colombia por la arrogancia partidista y los desaires sufridos durante seis años de total control republicano de la Casa Blanca y del Congreso, tampoco parece acertado que los colombianos interpreten la acción del Congreso sobre el TLC únicamente como un referéndum sobre su país. Las preocupaciones por el asesinato de sindicalistas colombianos y la impunidad a su alrededor resultan bastante reales e importantes, pero es igualmente serio el profundo cuestionamiento que en Estados Unidos se hace sobre los beneficios distributivos del comercio exterior, debate más amplio al cual Colombia contribuye en calidad de actor secundario. Las elecciones para el Congreso de Estados Unidos de noviembre pasado deberán servir -- más allá de la inconmensurable sombra de Irak -- como un llamado de alerta a los líderes de ambos partidos políticos en el sentido de que el público estadounidense tiene una visión profundamente escéptica sobre el balance entre ganadores y perdedores en el proceso de globalización. Si en el pasado la sabiduría popular indicaba que "la marea alta hace ascender a todas las embarcaciones sin distinción", ya no parece tolerable que algunos se retiren en yates y otros en balsas de caucho.
Para que sobreviva el TLC, el presidente Álvaro Uribe y su gobierno necesitan exhibir una mayor voluntad para ejecutar reformas concretas que muestren resultados. No toda la crítica proveniente del Congreso, en sí misma producto de un debate abierto y plural, tiene la intención de ofender el orgullo o la soberanía, y el flujo permanente de visitas de alto nivel a Washington da la impresión negativa de que Uribe y sus más cercanos colaboradores creen más en la necesidad de un mejor trabajo de ventas que en mejoras concretas para sustentar su legado. Es urgente hacer un esfuerzo verosímil para atender preocupaciones legítimas -- entre ellas los derechos laborales y la impunidad -- que, si son satisfechas, contribuirán a hacer de Colombia un lugar mejor para todos sus ciudadanos.
Las tareas en Washington no son menos críticas o urgentes. Sólo recientemente la administración Bush comprendió el error de no haber incorporado en su política hacia América Latina los asuntos de interés regional, lo que deterioró su capital político en el hemisferio y, por lo tanto, buena parte de su credibilidad sobre asuntos latinoamericanos dentro del país. Los profesionales de la política exterior con interés de largo plazo en un compromiso constructivo Estados Unidos-América Latina necesitan hallar objetivos comunes con los demócratas del Congreso para probar que el TLC tiene sentido tanto para Estados Unidos como para Colombia. La táctica de intimidación -- que implica que una pérdida para Uribe ayuda al avance del presidente de Venezuela, Hugo Chávez -- probablemente será contraproducente en el clima ya polarizado en torno a la política exterior de Bush. Los objetivos de largo plazo son más complicados; si los TLC pueden capear no una, sino las muchas "tempestades perfectas" de la política de Washington, los políticos de todo tipo deberán elaborar respuestas más creíbles y equitativas a la pregunta de "¿quién es el beneficiado?".
| anterior | 1 | 2 | 3 | |
|
|
|
|