Cynthia Arnson
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2007
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Resumen: La relación Colombia-Estados Unidos pasa por un momento crítico. Los cambios en los equilibrios de poder estadounidenses llevan a una reorientación del Plan Colombia y, sobre todo, ponen en peligro la aprobación del TLC entre ambos países. El tema de los derechos sindicales en Colombia se une a múltiples temas en su contra que poco tienen que ver con el país o la liberalización comercial.
Cynthia J. Arnson es directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C.
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Históricamente, la atención del Congreso a este tema ha surgido de la crítica post-Vietnam a la política exterior de Estados Unidos, crítica promovida por las fuerzas liberales. Éstas cuestionaban la necesidad de subordinar la conducta de un gobierno sobre sus propios ciudadanos a las preocupaciones por la seguridad nacional. La larga tradición democrática colombiana permitió a Estados Unidos concentrar su atención en los sucesos promovidos durante las dictaduras militares del Cono Sur en los setenta y en los regímenes centroamericanos en los ochenta. Pero pronto, luego que el gobierno de Bush padre lanzara la guerra contra las drogas en 1989, éste redirigió su ayuda antinarcóticos a la policía colombiana debido a las pruebas de conductas abusivas y a la corrupción en las fuerzas armadas. Desde ese momento, y durante casi una década más, la asistencia militar estadounidense estuvo limitada a la lucha antidroga, no a operaciones contrainsurgentes. No obstante esta distinción -- errónea, según algunos, dado que la guerrilla estaba involucrada en la protección de los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento -- se mantuvo, ya que pocos funcionarios estadounidenses creían que el Congreso o la opinión pública apoyarían un mayor compromiso en la cada vez más brutal guerra contra la insurgencia en Colombia.
La atención a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado surgió poco tiempo antes de la llegada al poder del presidente Clinton. En 1993, un subcomité del Senado tomó nota de "continuos abusos a los derechos humanos a gran escala", muchos de ellos cometidos por el ejército colombiano a medida que ostensiblemente utilizaba la ayuda antinarcóticos para fines de contrainsurgencia. Apoyado en un informe de la Oficina General de Auditoría (General Accounting Office), que demostraba que ni el gobierno colombiano ni el estadounidense tenían mecanismos adecuados para la "supervisión del destino final". Para evitar la desviación del equipo de Estados Unidos y sin tocar ni un centavo de la ayuda, el Congreso exigía que el gobierno informara a cuatro de sus comités antes de proveer ayuda económica o militar y les otorgaba autoridad informal para bloquearla. El autor de esa enmienda -- el senador demócrata Patrick Leía (Vermont) -- a través de los años ha sido un actor clave del Congreso en la relación con Colombia, vinculando el entrenamiento militar de Estados Unidos con la conducta de los funcionarios colombianos en el tema de derechos humanos, y exigiendo cortar los lazos entre los comandantes paramilitares y los miembros de las fuerzas armadas. Tras la victoria demócrata de 2006 en el Senado, Leahy preside actualmente el subcomité que supervisa la ayuda exterior y el Comité Judicial del Senado. Junto con la representante demócrata Nita Lowey (Nueva York), quien preside el comité correspondiente en la Cámara de Representantes, este año ha dirigido el esfuerzo para cambiar las prioridades en lo que respecta al paquete de ayuda de Estados Unidos.
Finalmente, es probable que la asignación de la ayuda para Colombia siga este año -- cerca de 500 millones de dólares en fondos nuevos -- , pero el equilibrio entre la seguridad y los objetivos de desarrollo cambiarán. En junio, la Cámara de Representantes votó por la transferencia del grueso de los recursos del Plan Colombia a programas de desarrollo rural y social, humanitarios, legales y de otras reformas. El Comité de Asignaciones del Senado ha procedido en igual forma, pero aún no está claro cuándo el Senado actuará en pleno, si lo hace. Aun cuando los proyectos de ley sobre erogaciones en el Congreso enfrentan después del receso de agosto una complicada agenda política, parece seguro que el paquete reflejará las nuevas prioridades del Congreso demócrata. Colombia es "un socio y aliado vital de Estados Unidos", dice un informe del Comité, que acompaña la legislación de este año. Pero ha llegado el momento de redistribuirla "para ayudar al gobierno colombiano a concentrarse en la justicia y el imperio de la ley, así como a combatir la pobreza subyacente y omnipresente, que es la raíz de muchos de los problemas en Colombia y en la región".
EL COMERCIO: ¿RELACIÓN ASIMÉTRICA?
Si se mantienen los fondos de este año, el destino del TLC será mucho más incierto. A simple vista, poco de la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia es un tema controvertido. Lo que se destaca, no obstante, es la gran importancia del mercado estadounidense para los exportadores colombianos, así como las asimetrías entre las economías de ambos países. El PIB de Colombia en 2006 (132000 millones de dólares) representa aproximadamente 1% del de Estados Unidos. Colombia constituye menos de 1% del total del comercio estadounidense y ocupa el lugar 29 entre los mercados de exportación de aquel país. Mientras que en 2006 Colombia destinó 40% de sus exportaciones a Estados Unidos, éste fue el proveedor de 26% de las importaciones colombianas.
Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos -- sobre todo petróleo crudo, carbón y café -- se han expandido rápidamente en la última década, creciendo 116% entre 1996 y 2006. Las exportaciones de Estados Unidos a Colombia -- sobre todo de maíz, partes de maquinaria y máquinas procesadoras de datos -- también han crecido, aunque a niveles más modestos, generando un déficit comercial con Colombia que supera los 2500 millones de dólares. Los proponentes del TLC señalan que según las estipulaciones de la actual Ley Andina de Preferencias Comerciales y Erradicación de Droga (Andean Trade Preferences and Drug Eradication Act, ATPDEA), más de la mitad de las exportaciones colombianas a Estados Unidos ingresan libres de impuestos, mientras que Colombia aún mantiene aranceles sobre gran variedad de productos estadounidenses entre los que se incluyen bienes de capital, manufacturas y numerosos productos de consumo. Por lo tanto, con el tiempo, un TLC eliminaría las desventajas competitivas de los inversionistas estadounidenses. Los analistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID) explican que, entre otros elementos, las mayores transferencias estadounidenses de tecnología a los sectores colombianos clave de servicios tendrían como resultado un incremento en la productividad colombiana en general, contribuyendo a lo que un funcionario de la USAID calificó como el "valor tangible en la promoción de la productividad económica y la reducción de la pobreza" del TLC. Los funcionarios colombianos y el propio Uribe trabajan aceleradamente en lo que consideran un breve marco de tiempo -- los últimos tres años de su gobierno -- para consolidar los avances en seguridad con una alianza económica con Estados Unidos que permitiría a Colombia alcanzar la prosperidad en el largo plazo.
EL ENTORNO ESTADOUNIDENSE
Dejando a un lado los argumentos objetivos, la dificultad consiste en que el TLC se ha convertido en un sustituto para otros temas y es caldo de cultivo para intensos debates. Por una parte, el acuerdo está condicionado a lo que un funcionario del Departamento de Estado calificó como un "estado opresivo de resentimientos y reciente demostración de fuerza" entre los demócratas del Congreso. Por la otra, está atrapado en el resurgimiento del populismo económico en Estados Unidos, tema que repercutió en las elecciones de noviembre de 2006, produjo significativos avances democráticos en el Congreso y resuena como parte de un debate nacional más amplio sobre los ganadores y los perdedores en el proceso de globalización. Sin duda, la importancia simbólica del TLC trasciende sus beneficios económicos, y en ello radica buena parte de la dificultad tanto para quienes lo apoyan como para sus opositores.
Para el gobierno de Uribe y sus seguidores en Colombia y en Estados Unidos, el tema es, a fin de cuentas, cómo este último trata a sus aliados más fuertes: si los años de trabajo duro, de intensos sacrificios y de mutuo compromiso -- con objetivos como la erradicación de la coca, el freno de la violencia y la contención de las guerrillas -- serán o no premiados con la alianza estratégica que simboliza el TLC. "Lo que los demócratas están diciendo", señaló el representante republicano Jerry Weller, integrante del Subcomité de Comercio de la Cámara, "es que Colombia no está lista para un acuerdo y nosotros les avisaremos cuándo lo esté." Y agregó: "Uribe es nuestro mejor amigo, nuestro más fuerte aliado y nuestro socio más confiable en toda América Latina. [...] A aquel que se asocie con Estados Unidos, se le respetará. Es por eso que la ratificación [del tratado] es tan importante".
Para los demócratas del Congreso, sin embargo, la falta de colaboración bipartidista sobre los temas comerciales durante los seis años en que fueron minoría ha emponzoñado el clima en el que se desenvuelve el debate del libre comercio. "Durante seis años", manifestó un prominente funcionario de la Cámara, "tratamos de vincularnos con estos temas, y el gobierno no quiso trabajar con nosotros." Según funcionarios, tanto republicanos como demócratas, la Casa Blanca y el predominio republicano en la Cámara mantuvieron una y otra vez a los líderes demócratas alejados de las discusiones sobre asuntos comerciales clave, en apariencia prefiriendo culparlos por el fracaso de las iniciativas comerciales para hacer ver al Partido Demócrata como un elemento hostil hacia el sector privado.
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