Temas: Energía y Recursos Naturales América Central

Se señaló que la construcción de una termoeléctrica para la cogeneración propiciará el aumento de la oferta de electricidad, cuya construcción tomaría poco más de tres años y una inversión de entre 250 y 300 millones de dólares.

Para la integración eléctrica, México ofreció constituirse en miembro de pleno derecho del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), incluida la pertenencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Ente Operador Regional de la Red (EOR) y a la Empresa Propietaria de la Red (EPR).

Otro proyecto presentado fue el de la gasificación de América Central, que busca introducir gas natural mediante un gasoducto troncal y plantas regasificadoras. La importancia de esta acción reside en que hoy en día la electricidad de origen fósil menos costosa y más limpia es la que se genera con tecnología de ciclo combinado que quema gas natural.

La instalación de franquicias de Pemex en los países de la región mesoamericana es otra de las acciones comprendidas inicialmente en este acuerdo, pero esta iniciativa no recibió buena acogida por las condiciones diferentes de los mercados de cada uno de los países de la región, donde coexisten tanto libertad de mercado como un monopolio en manos de empresas del Estado en Costa Rica. Sin embargo, el PIEM tuvo pronta respuesta de otros actores fuera de América Central. Colombia se integró rápidamente al plan ofreciendo conectarse a la región centroamericana por medio de un gasoducto de 400 kilómetros, con un costo de 300 millones de dólares y una línea de electricidad que le permitiría exportar sus excedentes eléctricos generados tanto con fuentes renovables como con fuentes fósiles en su territorio. Casi de inmediato, Venezuela reactivó las negociaciones para la construcción del gasoducto que conectaría a la zona de gas oriental de ese país con Colombia, con el interés de llegar al mercado energético centroamericano a través de su país vecino y contrarrestar la jugada de México, país competidor y cuyo gobierno actual, además, ostenta diferente postura política.

Debido a la devastación provocada por el huracán Katrina en Estados Unidos, Venezuela ofreció asistencia a los damnificados, y luego el presidente Hugo Chávez aprovechó para lanzar durante el invierno un programa de petróleo destinado a los estadounidenses de bajos recursos, con el objetivo de poner en evidencia las fallas del sistema capitalista por la existencia de pobres en ese país. Siguiendo esa misma idea, Chávez también empezó a ofrecer gasolina en mejores condiciones a algunas instituciones políticas y gobiernos locales de América Central, sobre todo a aquellas dirigidas por personas de orientación política similar a la del mandatario venezolano. Las condiciones incluían mejores precios, créditos blandos y asesorías en diversos temas.

En Nicaragua se suscribieron acuerdos con 50 municipalidades gobernadas por el partido sandinista. Inicialmente se negoció el envío de petróleo mediante créditos con plazos e intereses preferenciales. En el caso de El Salvador, el acuerdo se firmó entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la Asociación Inter-municipal Energía para El Salvador (Enepasa), conformada por alcaldías del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); las condiciones acordadas fueron que 60% del suministro de petróleo y derivados deberá pagarse en un plazo de 90 días y el resto en 23 años, con un interés anual fijo de 1%, más dos años de gracia. Además, el pago podrá efectuarse en productos. Pero con la llegada al poder del presidente Daniel Ortega en Nicaragua en enero pasado, los acuerdos se ampliaron. Nicaragua decidió adherirse a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (alba), sistema comercial y económico gestado por Venezuela con la participación de Cuba y Bolivia, como contrapartida al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos.

El acuerdo de las municipalidades nicaragüenses adquirió carácter de Estado y la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, S.A. (Petronic) pasó a definir las políticas. Además, los gobiernos de Venezuela y Nicaragua firmaron una serie de acuerdos: instalar oficinas del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela; cancelar la deuda que Nicaragua arrastraba con Venezuela por 31.8 millones de dólares; garantizar el suministro de 10 millones de barriles anuales de combustible a precios especiales; entregar fertilizantes para la agricultura y 32 plantas de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles (para solventar la crisis energética que provocaba apagones de hasta 12 horas diarias); una carta de intención para construir una refinería en Nicaragua y dos plantas procesadoras de aluminio, y analizar la posibilidad de construir un oleoducto.

Contrario es el caso de Costa Rica, que importa casi 100% de su petróleo de Venezuela, donde se ha dado una disputa cada vez más estridente entre los gobiernos de los presidentes Chávez y Arias. En febrero de 2007, por ejemplo, Chávez afirmó personalmente a la prensa internacional que, por razones geopolíticas y económicas, consideraba cerrar la planta de procesamiento de aluminio (Alunasa) en Costa Rica, que emplea unos 400 trabajadores rurales. Luego de múltiples acciones esta acción se pospuso, pero ha provocado que las autoridades costarricenses revaloren la dependencia de un único proveedor para sus combustibles fósiles.

En marzo de 2007, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, efectuó una de sus primeras visitas a América Latina, cuya agenda incluyó a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Estados Unidos intentó retomar el protagonismo que había tenido en la región y que vio opacado últimamente por el enfoque de la lucha contra el terrorismo, y como reacción a que ese vacío esté siendo ocupado por Chávez. Bush buscó países que pueden contrarrestar la influencia política del mandatario venezolano -- México y Colombia -- , así como aquellos -- como Brasil -- con los cuales contrarrestar la influencia petrolera venezolana por medio de los biocombustibles. Como resultado concreto, en abril de 2007 Estados Unidos y Brasil escogieron a El Salvador como el país donde desarrollar un plan piloto en la región a fin de intensificar la producción y el uso de etanol. Esta iniciativa cumple con varios objetivos de los dirigentes de la iniciativa: primero, aumentar la producción de biocombustibles en la región y disminuir su dependencia energética de Venezuela; segundo, aumentar las oportunidades de empleo para los centroamericanos y reducir la necesidad de emigrar a Estados Unidos, y, tercero, aumentar la presencia de los dos gigantes en la región, contrarrestando el aumento de la presencia de Venezuela mediante la promoción del etanol.

Más recientemente, en la cumbre extraordinaria del Plan Puebla-Panamá (PPP) realizada en la ciudad mexicana de Campeche el pasado mes de abril de 2007, el presidente Felipe Calderón buscó recuperar su condición de dirigente regional reafirmando el compromiso del gobierno de continuar con la iniciativa emprendida por el presidente anterior, Vicente Fox, de apoyar la instalación de una refinería en América Central; pero esta vez redujo el compromiso de México de 230000 barriles diarios a sólo 80000, debido al declive de la producción de sus yacimientos, como Cantarell. Esto hace que mucha gente dude sobre la viabilidad del proyecto, ya que supone un volumen poco atractivo para la construcción de toda la infraestructura.