Simón Levy-Dabbah
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2007
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Resumen: India ha tenido un desarrollo económico notable. Sin embargo, persisten la desigualdad en la concentración de esta riqueza y el casi nulo acceso a la justicia.
Simón Levy-Dabbah es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Chino por la Universidad Popular de China. Director general de Latin Asia Consulting Group.
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Aunque 70% de la población de India vive en áreas rurales (Mumbai, Bangalore, Chennai), éstas son la expresión concentrada de sus múltiples contradicciones: economía orientada a la globalización, desarrollo disparejo, creciente, desigualdad entre géneros, delincuencia floreciente, inseguridad social, derrumbe de los servicios públicos y del estado de derecho, corrupción masiva y democracia en riesgo. De cualquier manera, la realidad de esas ciudades, como de India en su conjunto, no tiene nada que ver con los discursos del gobierno, según los cuales la globalización, las privatizaciones y la desregulación han mejorado la calidad de vida de la población y abierto el camino al desarrollo genuino.
La propaganda celebra 7% de crecimiento económico, aumento de la actividad bursátil, reducción de las tasas de interés, auge de la tecnología informática y telefonía celular (las líneas se triplicaron en dos años) y acelerada construcción de autopistas. Para muchos indios, estos anuncios, como el del auge de la bolsa, carecen de significado; menos de 60 millones de los 1100 millones de habitantes poseen ahorros en bonos o acciones. La caída de las tasas de interés, por otra parte, se inscribe en un proceso deflacionario que parece destinado a reducir los salarios, la capacidad de la industria nacional y la economía en general. Además, el auge de la tecnología informática origina una nueva clase de trabajadores de bajos salarios y duramente explotados en el extremo inferior de la cadena de valor agregado, en cuya cúspide se encuentran las empresas estadounidenses radicadas en Silicon Valley.
CALL CENTERS O LEY LABORAL: ¿QUÉ ATRAE LA INVERSIÓN?
El fenómeno del offshoring, es decir el traslado de inversiones para abaratar costos, ha propiciado que la infraestructura y la oferta de costos -- y no las debidas protecciones legales -- sean los verdaderos focos de decisiones para el establecimiento de operaciones de las multinacionales en la nueva oferta global.
El sector de crecimiento más acelerado es, tal vez, el más indigno de todos: los centros de atención telefónica en los que miles de jóvenes atienden consultas de todo el mundo durante 12 a 14 horas diarias por un salario de 150 dólares mensuales.
Sin embargo, empresas como Wipro o Infosys en India se ven ampliamente atraídas por la innovación, el pragmatismo, la capacidad y versatilidad de la mano de obra local más que por analizar metódicamente la seguridad legal del país. (No en balde descendió al puesto 124 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano calculado por la Organización de las Naciones Unidas; según los datos, 47% de los menores de cinco años pesa menos de lo aconsejable; un cuarto de la población está desnutrida, y 35% vive con menos de un dólar por día.)
LA REALIDAD ACTUAL DEL ESTADO DE DERECHO INDIO
"El constitucionalismo, el imperio de la ley y la democracia se han arraigado en India a pesar de los antecedentes coloniales de esas formas institucionales, sometidas a las tensiones provocadas por un sistema de gobierno diverso y multicultural", afirma Pablo Bustelo, experto en economías asiáticas.
El Poder Judicial, con grandes atribuciones, corre peligro de politizarse, mientras que varias controversias políticas que deben resolverse mediante procedimientos democráticos se han convertido en cuestiones de derecho constitucional. Aunque existen límites para estas formas institucionales, el proceso de consolidación de la democracia y la descentralización gubernamental permite ver con optimismo el futuro de India como democracia constitucional. En lo jurídico son sintomáticos los retrasos en los ámbitos civil y penal. El proceso legal es siempre largo y requiere un desembolso monetario ilimitado por parte de los litigantes. En los casos civiles, los retrasos se deben principalmente a obstáculos técnicos y a estrategias de los abogados para desagilizar el proceso. Otro factor que contribuye a este escenario es que los jueces no dictan sentencia después de años de haber escuchado a las partes. En los casos penales, los retrasos se dan a causa de la incapacidad y, a menudo, la negativa del organismo que investiga de presentar cargos oportunamente después de finalizada una investigación. Incluso si se presentan los cargos, la fiscalía también puede contribuir a la demora del proceso. Un elemento adicional que provoca el retraso en los procedimientos es la falta de infraestructuras para analizar las pruebas. En India, la policía no está entrenada para reunir científicamente las evidencias ni para comprender su importancia.
Asimismo, es frecuente que muchos tribunales no cuenten con suficientes fiscales para representar a la parte acusatoria, lo que se traduce en la acumulación de casos año tras año. Es preocupante que, según la Asociación de Juristas de Asia, el exceso de trabajo hace que algunos jueces se pongan de acuerdo con los oficiales de policía para obligar a la gente a declararse culpable, ya que algunos casos pueden juzgarse en forma sumaria.
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