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Frontera sur y política migratoria en México Ernesto Rodríguez Chávez De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2006 Resumen: La frontera sur mexicana, en la dinámica de la migración centro y sudamericana que transita hacia Estados Unidos, trasciende lo binacional con Guatemala y Belice, convirtiéndose en componente regional de cooperación y gestión de flujos migratorios. México es territorio de origen, destino y tránsito migratorios, así como de vida transnacional de las comunidades fronterizas. Por ello, deben normarse los flujos locales con mejor documentación y trato humanitario en el control migratorio. Ernesto Rodríguez Chávez es profesor e investigador, especialista en migración internacional. En los últimos años ha sido profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM y, en la actualidad, es director del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México.
Esta migración de tránsito indocumentada impone una actividad muy diferente en la frontera sur mexicana, no sólo por la diferencia en el tipo de emigrante y sus objetivos de cruce, sino por la complejidad que se añade al coexistir con el entramado de actividades delictivas relacionadas con el tráfico y la trata de personas, así como con el contrabando de drogas. Este flujo tan complejo y desprotegido, que no representa más de 25% de todo el movimiento poblacional en la frontera sur en los últimos años, tiene un peso mucho mayor en la labor diaria de las autoridades migratorias mexicanas, en la utilización de los pocos recursos disponibles y en las críticas que reciben sobre violaciones a los derechos de los emigrantes que se producen durante el proceso de retención, paso por las estaciones migratorias y devolución a sus países de origen. Este fenómeno creciente de la migración de tránsito que se interna por la frontera sur de México, aumenta la complejidad de la situación migratoria del país al agregarse, junto a un grupo mucho más pequeño de emigrantes que llegan por los aeropuertos, a la gran corriente de emigración mexicana que sin los documentos requeridos trata de internarse en Estados Unidos; contingentes que se encuentran ante una frontera cada vez más vigilada y de difícil cruce, a causa de las medidas impuestas por el gobierno estadounidense en la última década para tratar de impedirles el paso. Esa situación en la frontera México-Estados Unidos aumenta la concentración de los emigrantes indocumentados nacionales y extranjeros en las localidades mexicanas fronterizas, lo que lleva a una mayor presión en cuanto a necesidades locales de servicios y seguridad pública, y a generar, a su vez, un terreno propicio para la acción de bandas de traficantes de personas, delincuentes que asaltan a los emigrantes, desarrollo de la prostitución y la trata de personas, además de las acciones ligadas al narcotráfico que en ocasiones utiliza a los emigrantes para sus objetivos. Lo anterior, implica el desplazamiento de los emigrantes a zonas de más difícil acceso y, en consecuencia, más muertes, más contratación de "polleros" y más violencia en la frontera, reproduciendo un ciclo mortal de violaciones permanentes a los derechos de los emigrantes. ¿Cómo enfrentar, entonces, los retos que impone a la política y la acción migratoria del gobierno mexicano esta multiplicidad y complejidad migratoria en su frontera sur, en un contexto de regionalización de los flujos migratorios y de mayores compromisos nacionales e internacionales de respeto a los derechos de los trabajadores migratorios? ESTRATEGIA INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA Lo hasta aquí expuesto apunta a la necesidad de instrumentar una política migratoria en la frontera sur de México, que respete como premisa la circularidad migratoria y la vida transfronteriza en la zona, conjugando más flexibilidad en la documentación de los flujos migratorios locales con respeto a los derechos de los emigrantes, documentados o no, y mayor contribución a la seguridad fronteriza. Esto con un enfoque regional y de responsabilidad compartida entre las instituciones y los países involucrados en estos procesos. La idea fundamental es encauzar los flujos locales de población en la frontera sur hacia un camino ordenado y seguro a través de un mejor mecanismo de documentación de visitantes locales y de trabajadores temporales guatemaltecos, que otorgue mayores facilidades e información para lograr tal objetivo. Partimos del supuesto de que, en la medida en que se consiga hacer más factible y flexible la circulación migratoria documentada en la frontera sur, habrá menos condiciones para violaciones a los derechos de estos emigrantes y más seguridad en la región, sin tener por ello que necesitar interponer un muro o limitar la movilidad en la frontera, que a la larga provocará que los trabajadores temporales se conviertan en inmigrantes permanentes ante la imposibilidad de cerrar su ciclo laboral entre dos lugares con una frontera de por medio. En particular, la extensión de la documentación de trabajadores temporales guatemaltecos hacia otros sectores económicos, además de la agricultura y hacia otros estados del sureste mexicano aparte de Chiapas, ejercerá un fuerte impacto sobre la protección de los derechos de estos emigrantes, ya que podrían demostrar así su estancia legal en el país. Ello también influirá en el mercado laboral regional, en un contexto geográfico complicado, crecimiento de la emigración chiapaneca hacia Estados Unidos y falta de mano de obra en sectores como la construcción en algunas zonas de Chiapas y Quintana Roo. La más completa y mejor documentación de los flujos migratorios contribuirá de manera importante a la seguridad fronteriza. Al tener identificadas a la mayor parte de las personas que se internan por esa frontera y poseer un mejor registro de sus entradas y salidas, ello permitirá un mejor control y verificación de la estancia legal de los extranjeros en el país. A su vez, ayudará a distinguir mejor y trabajar de diferente manera con el flujo migratorio que contribuye al desarrollo local y la migración de tránsito indocumentada que se interna al territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Lo anterior lleva también a la necesidad de mejorar los procesos de aseguramiento (retención) y repatriación de los emigrantes indocumentados que entran por esa frontera, junto a la lucha contra la corrupción entre las autoridades y el combate al tráfico y la trata de emigrantes de acuerdo con los estándares internacionales.
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