Temas: Estados Unidos México Ex Mex: From Migrants to Immigrants Jorge G. Castañeda. : New Press, 2007. Mongrels, Bastards, Orphans, and Vagabonds: Mexican Immigration and the Future of Race in America Gregory Rodriguez. : Pantheon, 2007. México en un mundo unipolar... y diverso Ana Covarrubias. México: El Colegio de México, 2007. Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX: Del porfiriato a la posguerra fría Walter Astié-Burgos. México: Miguel Ángel Porrúa, 2007. La Iniciativa Mérida y el combate nacional al crimen organizado By Carlos Rico F. Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2008

EL DOBLE JUEGO

Por un lado, durante décadas México ha sostenido un discurso que favorece la emigración, presentando al emigrante como un "héroe" y sosteniendo que es posible interpretar el incremento en las remesas como un indicador de éxito; o bien, que despliega iniciativas para que los emigrantes ejerzan sus derechos políticos desde el extranjero. Por otro lado, el discurso se combina con la falta de programas de desarrollo en las regiones de salida, la insuficiencia de acciones de protección al emigrante, el surgimiento de prestadores de servicios plenamente legales -- como las líneas aéreas que han establecido rutas para transportar a los emigrantes al norte -- o la relativa pasividad con la que se han abordado los más de 400 fallecimientos por año de emigrantes indocumentados en su intento por ingresar a Estados Unidos. En este contexto, es importante recuperar algunos esfuerzos del gobierno mexicano como, por ejemplo, la presencia del Grupo Beta que auxilia y rescata a los emigrantes en el desierto y un programa de repatriación voluntaria que desde hace tres años desarrolla de manera conjunta con el gobierno estadounidense durante los meses más intensos del verano, y que consiste en regresar a sus lugares de origen a los emigrantes indocumentados que son capturados en la frontera con Arizona y que así lo deseen. De hecho, éste es el único programa binacional en torno al tema migratorio en los últimos años.

No se puede decir que el proceso de emigración indocumentada se haya dado con la anuencia de las autoridades mexicanas, pero sí debe afirmarse que al menos existe una "complicidad por omisión" que ha permitido que ciudades, como la ya mencionada Altar en el desierto de Sonora, se transformen en puntos de tránsito para satisfacer las necesidades del flujo migratorio que, cabe aclarar, en sí mismo no constituye un delito o algo que deba prohibirse. Además, la presencia de "polleros" que conducen a los emigrantes a la frontera para iniciar un cruce sin documentos es muy evidente.

INICIO DEL CAMBIO

En este escenario, casi desde los inicios de la primera administración Bush, surgió una lógica asociada a la seguridad nacional que detona un cambio en esta complementariedad, en particular en las formas de gestión fronterizas, y del que apenas estamos viviendo sus primeras expresiones. Uno de los elementos centrales, mas no el único en este proceso, son las secuelas de los ataques terroristas del 11-S en territorio estadounidense. Por ello, se fortalece la hipótesis de que los enemigos del Estado pueden transitar por los mismos caminos que utilizan los emigrantes indocumentados para entrar a Estados Unidos, y se hace evidente la asociación entre la seguridad nacional, las fronteras y la inmigración. La sociedad estadounidense espera que sus instituciones y autoridades sepan quién entra, quién sale y quién permanece en su territorio, para lo cual una frontera controlada resulta fundamental.

Sin embargo, existen en esencia dos posiciones contrapuestas. Por un lado, una corriente de pensamiento conservador sostiene que la inmigración indocumentada es un elemento peligroso que hay que eliminar de raíz, mediante la expulsión de los cerca de 12 millones de personas (casi 60 % mexicanos y 80 % latinoamericanos) que viven en esa situación, además de controlar las fronteras, en especial la frontera con México, de tal manera que se impida la llegada de inmigrantes indocumentados. En diciembre de 2005, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una propuesta presentada por el representante republicano Sensenbrenner que, entre otras cosas, eleva a delito tanto la presencia indocumentada como la ayuda de cualquier persona u organización a los indocumentados (lo cual de facto convierte en delincuentes a organizaciones como la Iglesia católica o a los familiares de los inmigrantes, en muchos casos sus hijos que ya nacieron en Estados Unidos) y refuerza la vigilancia de la frontera con la construcción de más de 1000 kilómetros de muro fronterizo y el aumento considerable de los recursos humanos, tecnológicos y de equipo de la patrulla fronteriza. Esta propuesta, tal vez sin proponérselo, fue el detonante de una reacción social de dimensiones considerables que ha llevado a miles de inmigrantes indocumentados, a sus familiares y a organizaciones que favorecen la inmigración, a manifestar públicamente su rechazo a la propuesta aprobada y a demandar la regularización de la categoría migratoria que los indocumentados ya no esperaban. La espontaneidad y autenticidad de este movimiento ha llamado la atención de la sociedad estadounidense y cambia el rumbo del debate migratorio. La regularización, que en la mente de muchos estaba descartada, aparece ahora como una exigencia viable.

Por otro lado, surgió una corriente más liberal que, sin apartarse de las prioridades asociadas a la seguridad, recupera las demandas de estas manifestaciones, considera que un modelo de seguridad puede armonizarse con la necesidad de mano de obra extranjera y construye una propuesta que finalmente fue aprobada por el Senado estadounidense. Dicha propuesta consiste en fortalecer la vigilancia de la frontera, otorgar una regularización amplia a los indocumentados presentes en Estados Unidos y crear un programa de trabajadores temporales que ordena la llegada de nuevos y necesarios inmigrantes. En estos momentos, julio de 2006, ambas propuestas están en espera de su aprobación por ambas cámaras.

Ya que, a fin de cuentas, el reforzamiento de la vigilancia fronteriza aparece en todas las propuestas, el presidente Bush (que se ha manifestado a favor de un programa de trabajadores temporales), decidió, a manera de "pago por adelantado" y como mensaje que pueda acercar a ambas posiciones, fortalecer la vigilancia de la frontera con la guardia nacional, en labores de apoyo. Para la sociedad estadounidense, este acto contribuye a la imagen de que la frontera con México es una frontera insegura.

Aún es incierta la propuesta final que apruebe el Congreso estadounidense, pero, resulta evidente que en cualquier escenario la etapa de la tolerancia, por lo menos en la frontera, está llegando a su fin. La frontera con México estará más estrechamente vigilada, con los efectos previsibles: mayor crimen organizado asociado al tránsito de indocumentados, mayores riesgos y vulnerabilidad de los inmigrantes, nuevas rutas y mayores tensiones en las localidades fronterizas.

El impulso que en el debate nacional de los últimos años ha tenido el tema, implica una mayor atención de la sociedad mexicana, ya no sólo del gobierno, sino también de otros actores relevantes como el Congreso, la sociedad civil organizada, la academia o los medios de comunicación. En este orden de ideas, el esfuerzo más acabado lo representa una iniciativa del gobierno y el senado mexicanos que, en varias reuniones con un grupo plural de participantes de diversos sectores de la sociedad, elaboraron lo que podría llamarse la nueva posición mexicana frente al fenómeno migratorio, expresada en el documento "México frente al fenómeno migratorio" -- publicado en influyentes diarios mexicanos y estadounidenses en marzo de 2006 -- , que incorpora diversas dimensiones hasta ahora relegadas: los procesos de salida, llegada, retorno y tránsito de emigrantes. Una perspectiva regional que integra a América Central, reconoce que México debe asumir de manera más clara sus responsabilidades en procesos como el ordenamientos de los flujos migratorios internos y en tránsito, así como el combate al crimen organizado asociado al cruce indocumentado, e invita a una revisión del marco jurídico e institucional, hoy obsoleto, que permita una mejor gestión del fenómeno migratorio.