Rodolfo Tuirán
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2006
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Resumen: Hoy somos testigos del resurgimiento del debate migratorio en Estados Unidos. Este escenario de impasse en el Congreso estadounidense podría dar al gobierno mexicano el tiempo que necesita para evaluar la pertinencia de sus posiciones y estrategias, definir con claridad los intereses y objetivos que persigue en esta materia, determinar sus responsabilidades y compromisos y, eventualmente, delinear su propia reforma migratoria.
Rodolfo Tuirán es investigador visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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* La instrumentación de un programa de "legalización ganada", que ofrece una vía para regularizar la situación migratoria de alrededor de 80% de los inmigrantes no autorizados que residen ac¬tualmente en la Unión Americana si logran cumplir con algunos requisitos.
De convertirse en ley, esta iniciativa podría representar uno de los cambios de política pública más importante en el último siglo en Estados Unidos y, eventualmente, generaría uno de los impactos demográficos más significativos en la historia contemporánea de ese país y de México. La reforma migratoria tendría el efecto de impulsar una suerte de cadena migratoria y podría significar para la sociedad estadounidense entre 60 y 65 millones de nuevos inmigrantes en los próximos 20 años, incluidos alrededor de 20 millones de mexicanos.
No debe olvidarse, sin embargo, que las diferencias entre la versión aprobada por la Cámara Baja y la del Senado requieren resolverse y armonizarse por un panel bicameral que aún no se ha conformado ni reunido. Tratándose de una negociación donde el "techo" lo constituye la iniciativa del Senado y el "piso" el proyecto proveniente de la Cámara Baja, uno pensaría que -- como en cualquier otra negociación -- ambas partes harían algunas concesiones. Sin embargo, desde que la iniciativa de ley S-2611 fue aprobada en el Senado, el liderazgo republicano en la Cámara Baja (Sensenbrenner, Tancredo y otros) envió señales de que la rechazaría y más tarde decidió congelar la instalación del panel bicameral. En su lugar, los diputados republicanos programaron 19 "audiencias legislativas" en todo el país durante todo el mes de agosto para convertir el lapso dedicado tradicionalmente al receso legislativo de verano en una vitrina que les permita publicitar su posición en la materia.
En consecuencia, y con tan sólo unas cuantas semanas disponibles para el trabajo legislativo antes de las elecciones de noviembre, es altamente probable que la tan esperada reforma migratoria de 2006 acabe teniendo el mismo destino que el proyecto Simpson-Mazzoli de mitad de los ochenta, el cual no se convirtió en ley porque la instancia bicameral encargada de armonizar las diferencias entre ambas versiones no se conjuntó. No fue sino hasta el año siguiente, en noviembre de 1986, que este proyecto (impulsado ahora por Simpson y Rodino) logró ser aprobado y promulgado.
A pesar de estos desacuerdos y descalabros, es cada vez más evidente el abandono de Estados Unidos de "la política de la tolerancia" en materia migratoria y de la consolidación de un nuevo consenso en torno a la idea de que se requiere un régimen migratorio con apego a reglas de orden, legalidad y seguridad. Este objetivo se ha vuelto prioritario desde 2001, porque la presencia de la inmigración no autorizada hace evidente -- en un contexto de lucha frontal contra el terrorismo -- la vulnerabilidad tanto de la frontera sur, como de los sistemas de seguridad estadounidenses.
LA CORRESPONSABILIDAD MEXICANA
El debate migratorio que tiene lugar en Estados Unidos debe animar a México a llevar a cabo una reflexión de fondo sobre la cuestión migratoria. Esta reflexión no sólo es indispensable, sino también urgente porque el país enfrentará, sin duda, en los próximos años un escenario emergente al que deberá adaptarse tarde o temprano, motivado por el abandono estadounidense de la "política de la tolerancia" hacia los flujos migratorios no autorizados.
En este nuevo contexto, la "política de la omisión" que México ha practicado de manera puntual ya no podrá seguir siendo funcional o viable. Así, el país se verá obligado a delinear su propia reforma migratoria y a desplegar un conjunto de esfuerzos dirigidos a estructurar respuestas integrales, eficaces y de largo plazo en la materia. En este tenor, México necesita reconocerse como país de emigrantes y proceder en consecuencia. Debe tener muy claro qué persigue en esta materia, definir qué tan lejos quiere llegar y saber qué costos está dispuesto a pagar para cumplir sus objetivos.
La nación requiere contar, hoy más que nunca, con una política migratoria congruente con la complejidad y magnitud del fenómeno y basada en un verdadero y genuino consenso nacional. Un paso correcto en esa dirección lo constituye la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio", acordado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo e integrantes de la sociedad civil. Este documento, aprobado por todas las fracciones parlamentarias de ambas cámaras de la LIX Legislatura, reconoce que está en el interés de México ordenar los flujos migratorios. Incluso sugiere un quid pro quo explícito: si Estados Unidos establece mecanismos para regularizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados y se amplían los canales de ingreso documentado, México no sólo estaría dispuesto a desalentar la emigración no autorizada y a establecer mecanismos para que los emigrantes ingresen a Estados Unidos únicamente por canales legales, sino también a desarrollar incentivos para restablecer la circularidad del flujo.
Este planteamiento expresa un cambio fundamental en el pensamiento y el discurso mexicanos y envía una señal inequívoca a Estados Unidos. Sin embargo, para ganar credibilidad, será necesario traducir esta posición en un conjunto de reformas a las leyes vigentes, adecuar el anacrónico andamiaje institucional a las nuevas realidades, definir e instrumentar un conjunto de medidas concretas relevantes (como las de fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur, estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos y combatir de manera frontal las organizaciones criminales de traficantes, entre otras) y adoptar decisiones cada vez más complejas y difíciles.
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