Rodolfo Tuirán
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2006
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Resumen: Hoy somos testigos del resurgimiento del debate migratorio en Estados Unidos. Este escenario de impasse en el Congreso estadounidense podría dar al gobierno mexicano el tiempo que necesita para evaluar la pertinencia de sus posiciones y estrategias, definir con claridad los intereses y objetivos que persigue en esta materia, determinar sus responsabilidades y compromisos y, eventualmente, delinear su propia reforma migratoria.
Rodolfo Tuirán es investigador visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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Particularmente preocupante es el hecho de que el proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja criminaliza el ingreso y la estadía indocumentada en Estados Unidos; impone sanciones a quienes ayuden, animen o induzcan a las personas a entrar o permanecer en ese país de manera no autorizada, y asigna más recursos y efectivos a las tareas de control fronterizo, al tiempo que ordena el levantamiento de un muro a lo largo de 1 116 kilómetros de los límites con México.
Asimismo, esta iniciativa incluye medidas para desalentar la de¬manda de trabajadores indocumentados, ya que, por un lado, in¬crementa las multas para quienes contraten o recluten trabajadores indocumentados, y por el otro, establece la obligatoriedad del empleador de verificar la condición migratoria de sus trabajadores.
Los expertos del sistema migratorio estadounidense, como Papademetriou y Jacoby, reconocen que cualquier intento por impulsar una reforma integral, justa y equilibrada en esta materia, debe incluir los siguientes tres componentes: 1) canales legales de ingreso a Estados Unidos que sean suficientemente amplios, flexibles y realistas; 2) acciones dirigidas a brindar una solución a los millones de residentes indocumentados para que eventualmente puedan regularizar su condición migratoria, y 3) medidas que garanticen la observancia de la ley migratoria y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítrofe.
La iniciativa de Sensenbrenner únicamente incorpora elementos del tercer componente e ignora el primero y el segundo. Sin embargo, el problema principal que enfrenta el sistema migratorio de Estados Unidos (y que se relaciona en particular con la inmigración mexicana) es que los canales existentes para el ingreso y la estadía documentada son relativamente estrechos y no guardan correspondencia con las realidades del fenómeno migratorio. Por esta razón, cualquier esfuerzo legislativo que ignore los dos primeros componentes no sólo es incapaz de ofrecer soluciones de fondo y de largo plazo, sino que incluso su instrumentación podría provocar graves efectos contraproducentes.
Los rasgos draconianos del proyecto de ley promovido por el congresista Sensenbrenner despertaron el rechazo de la comunidad latina en Estados Unidos y desencadenaron la realización de manifestaciones de protesta en decenas de ciudades estadounidenses.
Una nueva iniciativa de ley -- considerada por la mayoría de los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Senadores como una reforma migratoria integral, realista y humanitaria -- se debatió en el pleno a finales de marzo y, con algunas enmiendas, estuvo a punto de ser aprobada el 6 de abril por una coalición de senadores de ambos partidos. Este acuerdo fue retomado en sus aspectos esenciales a finales de mayo y aprobado por el pleno del Senado (con 62 votos a favor y 36 en contra).
La iniciativa S-2611, impulsada por los senadores Hagel y Martínez, contempla algunas medidas de seguridad interna y limítrofe semejantes al proyecto de Sensenbrenner, sobre todo en lo que se refiere a la autorización para contratar más agentes, disponer de más recursos para utilizar alta tecnología y construir más muros y bardas a lo largo de la frontera (595 kilómetros de vallas fronterizas triples y 805 kilómetros de barreras para impedir el paso de vehículos). Sin embargo, la iniciativa del Senado comprende, además:
* La ampliación de los canales legales de ingreso a Estados Unidos (por ejemplo, la disponibilidad de 310000 visas adicionales de residencia permanentes atadas al empleo por año y de 260000 visas adicionales para los familiares de inmigrantes permanentes y ciudadanos estadounidenses).
* La creación de un programa de trabajadores temporales no calificados (H-2C), con un máximo de 200000 visas anuales (válidas por un periodo de tres años y renovables por tres años más).
* Una mayor disponibilidad de visas para los profesionales con altos grados académicos (H-1B).
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