Rodolfo Tuirán
De Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2006
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Resumen: Hoy somos testigos del resurgimiento del debate migratorio en Estados Unidos. Este escenario de impasse en el Congreso estadounidense podría dar al gobierno mexicano el tiempo que necesita para evaluar la pertinencia de sus posiciones y estrategias, definir con claridad los intereses y objetivos que persigue en esta materia, determinar sus responsabilidades y compromisos y, eventualmente, delinear su propia reforma migratoria.
Rodolfo Tuirán es investigador visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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El statu quo en materia migratoria intentó ser trastocado por los presidentes Fox y Bush a principios de 2001. De manera audaz, ambos gobiernos reconocieron la necesidad de impulsar un esquema legal, seguro y ordenado de flujos migratorios. Con este fin, México y Estados Unidos convinieron en iniciar negociaciones formales tendientes a alcanzar un acuerdo sustentado en el principio de "responsabilidad compartida".
El desenlace es de sobra conocido: a raíz de los atentados terroristas del 11-S, las negociaciones se difirieron y más tarde se archivaron de manera definitiva. En Estados Unidos las actitudes de la población hacia la inmigración cambiaron rápidamente. Las encuestas mostraron que tan sólo entre junio y octubre de 2001 se volvió mayoritaria la población que se mostraba proclive a reducir los niveles de la inmigración (al pasar de 42 a 58%, según las encuestas Gallup), lo que contribuyó a hacer cada vez más visibles las iniciativas dirigidas a contener el flujo no autorizado.
El gobierno de Estados Unidos cambió sus prioridades y colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones. Desde 1994 aumentaron de manera significativa los recursos a la Patrulla Fronteriza y los dedicados a reforzar el control en los principales corredores de la migración, con el fin de disminuir los ingresos exitosos no autorizados por esas zonas, desviar el flujo irregular hacia las rutas más remotas y más peligrosas y, en consecuencia, disuadir a los emigrantes para no seguir intentando más cruces fronterizos. Estas medidas y operativos (como Guardián y Mantén la línea, entre otros) fueron revisados y fortalecidos después del 11-S. Sin embargo, su instrumentación condujo paradójicamente, como demuestra Massey, a los siguientes resultados:
* Disminuyó la probabilidad de que los emigrantes no autorizados sean aprehendidos al cruzar la frontera. Si bien la patrulla fronteriza redobló la vigilancia en ciertas zonas de la frontera, lo que significó que, en promedio, fueran realizados al menos dos arrestos por minuto, los emigrantes decidieron incursionar por rutas alternas donde la probabilidad de ingresar con éxito era mayor. A su vez, quienes eran aprehendidos no dudaban en realizar intentos de cruce adicionales en los días y horas en los que la vigilancia era menos estricta. Como consecuencia, la probabilidad de ser aprehendido disminuyó de 33% en 1997 a 19% en 2004.
* Volvió más riesgoso el movimiento migratorio no autorizado. Las estrategias de reforzamiento de la Patrulla Fronteriza se han traducido en mayores riesgos para los inmigrantes: la razón de muertes por cada 10000 aprehensiones se elevó de 1.6 en 1999 a 3.7 en 2003, aunque en 2004 disminuyó a 2.8.
* Aumentó la demanda de los servicios de los polleros, pateros o contrabandistas, quienes a su vez encarecieron sus servicios. Se estima que la contratación de polleros para ayudar a los indocumentados a cruzar la frontera se elevó al menos cuatro veces (de 10 o 15% que usaba estos servicios hace ya algunos años a 60% en la actualidad). A su vez, el costo promedio de contratar un pollero aumentó de un promedio de 300 dólares durante los años ochenta y principios de los noventa a 1200 dólares en 1999, mientras que hoy en día es superior a 1500 o 2000 dólares.
* Se incrementó el costo promedio por aprehensión. La estrategia de reforzamiento del control fronterizo ha resultado sumamente costosa al contribuyente estadounidense. De 300 dólares en promedio por arresto antes de 1992, el costo se elevó en los años recientes a 1700 dólares. Un indicador adicional -- el número de inmigrantes aprehendidos por cada hora que dedican los agentes a patrullar la frontera -- declinó entre 1997 y 2003, aunque en 2004 volvió a repuntar ligeramente.
Los resultados enunciados sugieren que la fórmula del muro, la vigilancia redoblada, la detección con alta tecnología, la aprehensión y la deportación ha fracasado en alcanzar su objetivo principal (disuadir y en su caso detener el flujo indocumentado) porque no está acompañada de otras muchas medidas, incluidas las dirigidas a ordenar, o eventualmente desactivar, el mercado de trabajo binacional que impulsa la emigración no autorizada. Así, después de más de una década de aplicar reiteradamente los operativos y medidas de control fronterizo, en Estados Unidos aumentó vertiginosamente la población no autorizada (de 8.4 a casi 12 millones entre 2000 y 2005, de los cuales alrededor de 56% son mexicanos).
LA REFORMA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el crecimiento de la población indocumentada, no debe sorprender que la Cámara Baja estadounidense aprobara en diciembre de 2005 (con 235 votos a favor y 182 en contra) el Proyecto de Ley HR-4447 impulsado por el congresista republicano James Sensenbrenner, que descansa principalmente en un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la seguridad fronteriza y a garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Esencialmente, esta iniciativa busca acotar los espacios por donde transita la inmigración indocumentada, ya sea en lo que respecta a su ingreso o bien a su presencia en ese país.
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