Temas: Ciencia y Tecnología México

Millones de familias aún honraban a sus más de 250000 muertos por el tsunami asiático del 26 de diciembre de 2004, cuando los representantes de 160 países se reunieron el 18 de enero de 2005 en Kobe, Japón, en la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres de la ONU. Los resultados de la conferencia pusieron al día una visión que se venía documentando desde la década anterior sobre el aumento sostenido de los desastres y la necesidad de renovar las estrategias para prevenirlos y atenuar sus consecuencias.

Meses después, el 16 de mayo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y otras agencias lanzaban un pronóstico que resultaría puntualmente acertado: la temporada de 2005 tendría más huracanes de lo normal en el Atlántico Norte. Lo confirmaron, entre otros, el ya célebre Katrina que inundó Nueva Orleáns, el Stan, que causó en el sureste mexicano los daños económicos más cuantiosos por un desastre desde el terremoto de la ciudad de México en 1985, y el Wilma, que el 19 de octubre fue calificado como el huracán más poderoso que se haya registrado en la historia, y cuyo impacto en la Península de Yucatán y sobre todo en el centro turístico de Cancún superaría al del Stan.

Este annus horribilis confirmó lo que varias evaluaciones venían mostrando al menos desde 1994: los desastres están aumentando en magnitud, complejidad, frecuencia e impacto económico. Sus consecuencias son cada vez más graves para la supervivencia y el desarrollo de los países pobres y también plantean nuevos efectos para países ricos: la vulnerabilidad es creciente por causas diversas, y se estima que la tendencia se mantenga, e incluso se agrave, ante la posibilidad de cambios no lineales que introducirían dimensiones aún más preocupantes pero que todavía no están bien estimadas. Los grados de certidumbre sobre tal comportamiento difieren según los tipos de amenazas naturales, las regiones y las variables sobre las que se intente pronosticar, pero las pruebas en conjunto son ya bastante consistentes para mantener y reforzar la alerta.

México se ubica bien en esas tendencias, aunque no para todos los efectos de los desastres. El parteaguas de la respuesta mexicana en este tema fue sin duda el gran sismo del 19 de septiembre de 1985, que generó múltiples respuestas, entre ellas: la organización paulatina de un sistema formal de protección civil, con base legislativa y organizativa e incluso financiera; la creación de un centro de investigación especializado; la realización de estudios; la formulación de programas, y la disposición de medios diversos para la prevención y atención oportuna de los desastres. Se generó también una actitud social y política que, aunque muy diversa y con presencia intermitente, ha sentado bases para mejores respuestas colectivas ante los viejos y nuevos riesgos por tantos fenómenos perturbadores a los que estamos expuestos.

Éstas y otras medidas, sin embargo, se fueron adoptando más como una reacción ante la condición anterior de normalidad, en la que el desastre más bien era percibido a partir de sus componentes naturales y además como eventualidad biofísica que, salvo en los fenómenos sísmicos y otros geológicos, podía ubicarse con ciertos parámetros de regularidad. Desde entonces han cambiado al menos dos aspectos fundamentales: uno es que se valora más el componente social y humano que puede estar detrás de los desastres, lo que algunos llaman "construcción social de riesgos", y otro es que esa regularidad biofísica ya ha cambiado, aunque no se aprecie todavía bien cuál es la nueva normalidad. Mientras tanto, siguen y seguirán presentes algunas amenazas naturales que todavía no pueden pronosticarse, así como algunos imprevistos o accidentes en procesos sobre los que tampoco hay todavía un control tecnológico u organizativo que pueda considerarse total.

La respuesta mexicana ante el desastre, y en específico la respuesta gubernamental, ha ido adaptándose sólo en parte a ese cambio, sobre todo en dos aspectos: uno tiene relación con la mayor sensibilidad y eficiencia en las operaciones de alerta, de emergencias y de reconstrucción; el otro está vinculado con la mejor atención a las consecuencias económicas, tanto en la reconstrucción de infraestructura como en el apoyo a poblaciones afectadas. Si bien cubren una parte menor de los impactos, hay más fondos para emergencias y operan más ágilmente; los operativos gubernamentales se destacan cada vez más por sus logros. Por su parte, la sociedad en general y muchos grupos organizados responden más solidariamente a las necesidades de apoyo de la población afectada.

Ya se observa, sin embargo, que el sistema de protección civil se ve rebasado por desastres cada vez más recurrentes y graves. Lo que fue pensado para eventualidades no será suficiente para la condición regular de riesgos que se viene configurando. De aquí surge una consideración reformadora: se requiere pasar de un sistema de protección que nació bajo el signo de la gestión de crisis provocadas por fenómenos naturales a un sistema muy distinto que se basa en la reducción del riesgo de desastres. No se trata sólo de un cambio conceptual, que no sería despreciable, claro, sino de un rediseño de la institucionalidad asociada con el riesgo, y sobre todo a la vulnerabilidad social.

Ambos enfoques destacan la relevancia de la prevención, pero el segundo se orienta sobre todo a influir en los aspectos que magnifican los impactos por razones de imprevisión social, de mala organización, de subvaloración de las amenazas. También toma más en cuenta las dimensiones ambientales del desastre, la necesidad de proteger los servicios y funciones de soporte y regulación asociados a los ecosistemas y que se relacionan con la seguridad del entorno.

Quizá el cambio más relevante sería concebir la reducción del riesgo de desastres como parte misma de la política de desarrollo, no sólo como algo externo que puede afectar a la larga la trayectoria de una sociedad. Uno de los rasgos de la nueva situación es que los desastres afectan más las capacidades de los países pobres para mejorar su infraestructura, para incrementar activos productivos, para acrecentar los servicios educativos y de salud, y las comunicaciones. También afectan el patrimonio privado no sólo en viviendas y equipamiento, sino también en las fuentes de empleo y de ingresos. Ésta ha sido una tendencia silenciosa pero incuestionable. Se estima que a partir de 1985 y en 2000 los países en desarrollo perdieron alrededor de 13% de su producto interno bruto a causa de los desastres, y en algunas regiones y años el impacto ha sido aún más severo.

La consecuencia de desastres cada vez más frecuentes, complejos y de magnitud mayor no es sólo un daño directo sino también una lesión para el desarrollo, sobre todo para la población más pobre. De hecho, se está configurando un nuevo círculo vicioso entre pobreza, desastres y rezago económico y social, lo que agrava la vulnerabilidad y, en consecuencia, aumenta los riesgos. Cobra una gran relevancia, por tanto, identificar no sólo las amenazas naturales, sino también revalorar los factores de vulnerabilidad e incidir en ellos teniendo en cuenta también la reducción de los riesgos.