César Ross
De Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2006
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Resumen: El dilema chileno actual y futuro es que su nueva estrategia de desarrollo, de convertir al país en una plataforma de negocios, impone rediseñar las relaciones con sus vecinos. Este imperativo, empero, lo obliga a mirar al futuro desde un pasado complejo, que la política exterior chilena ha insistido en no tocar.
César Ross es doctor en Estudios Americanos, recibió una mención en Relaciones Internacionales y es académico del Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad Arturo Prat, Chile.
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En el caso de Bolivia, se trata de un conflicto que va más allá de los tratados de posguerra, en tanto se ha incubado una especie de teoría que conecta el subdesarrollo boliviano con la carencia de acceso soberano al Océano Pacífico, en circunstancias que la derrota en la Guerra del Pacífico y la pérdida de territorio no sólo fueron consecuencia de la mayor eficiencia del ejército chileno, sino del caos interno de Bolivia, y anterior al conflicto mismo. Con todo, y más allá del alcance de esta explicación, en Bolivia se ha generado una convicción nacional que es muy sentida por el pueblo y por una clase política que se ha mantenido en el poder, mediante la reedición de estos odios. La clase empresarial, quizá más neorrealista, en general concentrada en Santa Cruz de la Sierra, siente haber superado este trauma y apuesta más por la integración económica. Ésta, sea con Chile, con Estados Unidos (como la opción perdida para el gas durante 2004) o con cualquier otro país, supone condiciones mínimas de entendimiento y estabilidad que no siempre se han dado, y que han generado un ambiente complejo para los negocios, en especial con iniciativas legales como los impuestos a los hidrocarburos que, en verdad, son una invitación para que los inversionistas internacionales simplemente no vayan a Bolivia. Una de las claves del éxito chileno en el tema de las inversiones extranjeras fue, precisamente, establecer reglas no discriminatorias y estables con los inversionistas extranjeros. El Decreto Ley 600 tiene 30 años de antigüedad, lo que implica que cuando una corporación quiere invertir en Chile sabe a qué atenerse.
Respecto de Perú ocurre otro tanto, pero con el agravante de que a la pérdida de territorio se sumó todo el grave daño humano y material derivado de la ocupación militar, posterior al término del conflicto. Con todo, Perú conservó su condición de país marítimo y, en consecuencia, no ha podido imputar a Chile la falta de desarrollo. Aun así, el país conserva un profundo resentimiento respecto de su vecino del sur, básicamente por aquella ocupación.
La pésima experiencia de la compañía chilena Lucchetti, a raíz de su localización en Pantanos de Villa, así como el reciente conflicto de la aerolínea Lan Perú, también nacional, demuestran cuán necesaria es esta atención.
Lucchetti buscó aliarse con un gobierno corrupto, a través del personaje más oscuro de la administración, como lo fue Vladimiro Montecinos. La compañía no se asesoró adecuadamente, porque en Chile no hay aún suficiente conciencia de lo que implica ser inversionista en el exterior, o porque se pensó que mediante un buen lazo con el gobierno era suficiente, o porque se subestimó el resentimiento que prevalece en Perú respecto de Chile. El punto es que la empresa se ubicó en un lugar inadecuado, invirtió muchos millones y, después de una disputa con el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade y una derrota en los tribunales, debió cerrar su planta.
Lan Perú, filial de Lan de Chile, se ha enfrentado con un intenso e inesperado conflicto en abril de 2005. La aerolínea estaba usando un video de difusión de Perú en sus aviones que, a juicio de los peruanos, ofende la dignidad nacional en tanto sólo muestra los aspectos más deplorables del país: pobreza, falta de aseo público, etc. Más allá de que eso sea una parte -- no toda -- de la realidad, el hecho constituye una torpeza diplomática y comercial,[23] en especial para una compañía extranjera, y aún más si es chilena. El resultado de este impasse no ha sido trivial: ha habido manifestaciones en diferentes ciudades, como Lima, Cuzco e Iquitos, entre otras. En Iquitos, se reunieron alrededor de 4000 manifestantes, quienes destruyeron una oficina comercial de la compañía, sin que la policía interviniera. Además, la compañía deberá compensar al Estado peruano, mediante una serie de servicios equivalentes a un millón de dólares.
El día 3 de noviembre de 2005 se desató un nuevo conflicto, que se relaciona con la frontera marítima entre ambos países. Aquel día, el Congreso de Perú dio legalidad a su soberanía en las 200 millas marítimas, lo que prolongaría su frontera marítima más allá de lo establecido y aprobado por Chile, Ecuador y Perú, en acuerdos internacionales suscritos en 1952, 1954 y 1955, en los que se estableció que la frontera marítima de Perú con Chile era la línea paralela desde el punto en que el límite terrestre toca el mar, y no una línea equidistante, como planteó Perú en la decisión legislativa recién mencionada. Esto abre un nuevo frente de controversia, que demandará mucha atención, independientemente de los méritos jurídicos de la acción peruana.
Respecto de ambos vecinos, en consecuencia, esta asimetría es un factor que no debe desestimar el Estado de Chile y sus empresas, debido a que se está frente a una situación delicada, antigua y que requiere toda la atención posible. Además, porque se está frente a países con los que siempre conviviremos y a los que los indicadores del "éxito chileno", lejos de resultarles admirables, les recuerdan todo lo que en sus tierras no se ha logrado. En un contexto de conflicto histórico, el resultado no es "efecto demostración", sino más odio.
El futuro gobierno de Chile, la élite empresarial y académica, así como los medios masivos de comunicación, deberán hacer un gran esfuerzo por conectar el futuro desarrollo del país (plataforma de negocios, país puente, etc.) con la resolución definitiva de la conflictividad pendiente en el norte del país. Al mismo tiempo, deberán realizar un gran trabajo con vistas a mejorar la imagen pública de los vecinos dentro de Chile, suprimiendo del léxico corriente para referirse a los vecinos, expresiones racistas, xenofóbicas y peyorativas, que no sólo ofenden, sino que contribuyen a crear imágenes que adquieren categoría de realidad. El gran dilema, sin embargo, será realizar aquello en medio de un contexto (a ambos lados de la frontera), donde confrontar al vecino sigue redituando dividendos políticos a quienes ningún dirigente, incluidos los chilenos, está dispuesto a renunciar.
NOTAS
[1] Foreign Affairs en Español, primavera, 2001, www.foreignaffairs.org
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