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La mayoría de los expertos, sin embargo, está de acuerdo en que el planteamiento más eficaz proviene de Los Angeles, la ciudad que dio origen a las maras (por no mencionar muchas otras pandillas, entre ellas la tristemente célebre Crips and Bloods). Los Angeles ha experimentado con todo tipo de operativos antipandillas. Los fiscales angelinos fueron los primeros en lanzar un caso federal por negocios sucios contra una banda (la Pandilla de la Calle 18) de acuerdo con el reglamento sobre Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia (RICO, por sus siglas en inglés). Los procuradores californianos se valieron del reglamento para enviar a prisiones federales en cadena perpetua a una docena de cabecillas sin derecho a libertad condicional y para desmantelar la llamada Mafia Mexicana. La policía también ha aprovechado las nuevas leyes para prohibir a los pandilleros congregarse en sitios de reunión conocidos.

La actual política de Los Angeles recurre más que a la mera fuerza. Bratton, el jefe de policía, ha advertido a otras ciudades de Estados Unidos que no sigan la estrategia californiana dirigida contra las bandas en los noventa, cuando ésta se enfocaba exclusivamente a la procuración de justicia. "Concebimos la prisión como un castigo, pero en mucho casos sólo estamos reforzando su lealtad a la pandilla", señaló Bratton. "Para ellos ir a prisión es como ir a la escuela superior." Esta toma de conciencia se hizo propia cuando, en 2002, las estadísticas delictivas de la ciudad se dispararon luego de que una oleada de pandilleros que habían sido encarcelados a principios de los noventa de pronto fueron liberados y puestos en las calles. Los funcionarios de procuración de justicia locales empezaron reconocer que había que replantear esta política de endurecimiento. "Todavía no tenemos el dinero suficiente, pero al menos ahora todos coincidimos en que hay que concentrarse en todos los ángulos al mismo tiempo", dijo el padre Gregory Boyle, activista comunitario. "Hoy utilizas la supresión y mañana la intervención; eso no dará resultados. Es como si dijéramos: Te daré de comer hoy, pero no te daré ropa."

Como se descubrió en Los Angeles, la procuración de justicia, para ser eficaz, debe colaborar con todos en una comunidad determinada. De acuerdo con ello, en 2003, el departamento de policía de la ciudad creó los grupos de trabajo denominados Equipos de Acción de Impacto Comunitario, que ponían en operación conjunta a las dependencias de procuración de justicia locales, estatales y federales con grupos vigilantes ciudadanos y sacerdotes, que son los que conocían mejor los vecindarios. Los oficiales encargados de vigilar a los sentenciados en libertad condicional o periodos de libertad en periodos de prueba también fueron incorporados en ese esfuerzo, así como representantes de los distritos escolares locales y los fiscales de la ciudad y del estado. El programa, que emulaba un esfuerzo similar al de San Jose, ya ha tenido un impacto extraordinario: las estadísticas delictivas de enero de 2005 fueron 14% más bajas en relación con el año anterior.

A COLABORAR

A la fecha, América Central aún tiene que adoptar esa política multifacética, y sus países no han aprendido a colaborar entre sí ni con Estados Unidos, a pesar del hecho de que el problema de las pandillas los afecta a todos. En cambio, El Salvador y Honduras se sostienen en sus acciones de mano dura. Entre tanto, los problemas más arraigados de la región -- su política disfuncional, la corrupción rampante, el narcotráfico, la intensa pobreza urbana y la sobrepoblación -- siguen intactos, y las campañas de mano dura sólo desvían la atención y los recursos del combate contra estos males mayores.

Los gobiernos centroamericanos también han utilizado, y hecho públicas, sus medidas enérgicas contra las pandillas juveniles para evitar actuar en otra prioridad local urgente: el fortalecimiento de las instituciones democráticas locales. Desde que terminaron las guerras civiles en América Central a principios de los noventa, las reformas judiciales, legislativas y sociales se han atorado entre una lucha interna partidista, y los debates políticos locales siguen divididos en las líneas de factura izquierda-derecha que causaron un gran derramamiento de sangre hace dos décadas.

La corrupción sigue siendo un flagelo persistente y ha contribuido a evitar que surja una estrategia antipandillas más eficaz. En Guatemala, el Departamento de Operaciones Antinarcóticos (el equivalente local a la Agencia para el Control de Drogas -- DEA, por sus siglas en inglés -- ) tuvo que ser desmantelado en noviembre de 2002 luego de que se descubriera que 320 de sus funcionarios estaban en la nómina del crimen organizado local. Igualmente, el parlamento de Guatemala rechazó un ofrecimiento de la ONU para ayudarle a combatir a las organizaciones delictivas, negándose al establecimiento de una comisión de investigación de la ONU. No es ninguna coincidencia que muchos de los sindicatos del crimen que operan allá sean dirigidos por oficiales del ejército retirados con contactos políticos.

Estados Unidos debe ayudar a América Central a elaborar una política de múltiples niveles y varios países para enfrentar sus problemas con las pandillas. En enero de 2005, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó sigilosamente un grupo de trabajo del FBI para tratar con la MS-13. El nuevo grupo coordinará las actividades con los funcionarios de inmigración, la Oficina de Seguridad Diplomática, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina Federal de Prisiones, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, junto con otras dependencias de procuración de justicia locales. Como un primer paso positivo, el grupo de trabajo ha introducido nuevos reglamentos que permitirán a los funcionarios estadounidenses informar a sus homólogos centroamericanos sobre los antecedentes delictivos de los futuros deportados. No obstante, otras señales son menos prometedoras. A la fecha el principal grupo de trabajo sólo se ha concentrado en la procuración de la justicia. Para tener éxito, el grupo debe tener un alcance más internacional y expandir su ámbito a fin de reforzar las instituciones centroamericanas. Para asegurar que la estrategia sea de amplio espectro, el grupo de trabajo sobre las pandillas también debería incluir representantes de los departamentos de función educativa y social.

Las opciones regionales que resultaron eficaces en un país deberían reproducirse en otros. Por ejemplo, la policía nacional de El Salvador se ha beneficiado de las reformas y el entrenamiento proporcionados por el Programa de Ayuda en el Entrenamiento de Investigación Penal Internacional (ICITAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En los últimos cinco años, el ICITAP contribuyó a que El Salvador se enfocara en las políticas comunitarias y mejorara las comunicaciones internas y externas. Como resultado, El Salvador es hoy el único país de la región que cuenta con un sistema nacional de emergencia de reacción policiaca, una red computarizada para el análisis delictivo y de despliegue, similar a la utilizada por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, y una intranet que conecta las delegaciones policiacas en el nivel interno. El destacar tales funciones fue una innovación del ICITAP, que suele enfocarse en el acopio de inteligencia. Pero ello ayudó a la fuerza policiaca a aprender cómo servir a la comunidad. Lección que la policía necesitaba mucho. El ICITAP también fue de ayuda para El Salvador para intensificar los controles sobre la corrupción de nivel menor, que desangró los presupuestos y estableció un departamento de asuntos internos, que despidió a 5000 policías corruptos en tres años. Tácticas similares deberían utilizarse en los países vecinos.

La región también debería poner en marcha un enfoque tripartito respecto de las pandillas, que incluyera la prevención, la supresión y la intervención. Los sistemas penitenciarios deben transformarse de modo que ya no sirvan como bases de entrenamiento para los nuevos pandilleros. En California, ahora la policía está evitando ubicar a pandillas rivales en las mismas instalaciones. América Central debería hacer otro tanto, para evitar el tipo de enfrentamientos que recientemente ocurrieron en Honduras y El Salvador, cuando miembros de la M-18 y la MS-13 fueron recluidos en las mismas prisiones.