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Entre tanto, la MS-13 fijó sus actividades en siete estados mexicanos, desde Chiapas en el sur hasta Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración [mexicano], la MS-13 rápidamente estableció relaciones de trabajo con diversos nuevos cárteles de drogas de México, ayudándoles a luchar por el control de varios mercados estadounidenses de narcóticos con camarillas de contrabandistas más constituidas. Mientras tanto, al tiempo que se expandían hacia el norte, las maras dejaron en el camino lo que se había convertido en su marca de fábrica tradicional: los cuerpos torturados de mujeres jóvenes.

En los dos últimos años, los miembros centroamericanos de la MS-13 han comenzado a volver al propio Estados Unidos. Sin embargo, esta vez aparecen en áreas no tradicionales, desde la ciudad de Nueva York a los suburbios de Maryland y Massachusetts, cualquier zona donde haya números significativos de población de origen salvadoreño. Las autoridades locales desconocen a menudo las verdaderas identidades de los recién llegados, creyendo que proceden del sur de California. Una vez instaladas, las pandillas crecen rápidamente, valiéndose de sus contactos con los grupos que contrabandean extranjeros para así asegurarse una constante fuente de reclutas. Muchos de los miembros nuevos son niños que se habían quedado en América Central cuando sus padres entraron ilegalmente a Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990. Ahora se están reuniendo con sus padres, pero con frecuencia después de que ya han sido reclutados por las maras en los duros vecindarios donde crecieron.

La MS-13 pudo haberse originado en Estados Unidos a principios de los ochenta, pero la pandilla que ha vuelto a últimas fechas es mucho más peligrosa que su encarnación original. El grupo se ha hecho más sofisticado y ahora exhibe su gusto por (y su destreza en el manejo de) armas de más alto poder (en América Central se obtienen fácilmente rifles AK-47, remanentes de las recientes guerras civiles). Al mismo tiempo en el área de Washington, D.C., donde ahora la MS-13 tiene unos 5000 miembros, ha empezado a utilizar machetes (arma tradicional del campesino centroamericano) como arma preferida para el asesinato.

En todo Estados Unidos las maras que regresan se han dedicado rápidamente a una diversidad de actividades delictivas. "No son lo suficientemente sofisticadas como para involucrarse en los delitos financieros", dijo un funcionario estadounidense, "pero pueden ganar mucho dinero acarreando gente a Estados Unidos." Las pandillas se dedican al robo de autos y otras cosas y trafican con documentos robados, mariguana, cocaína y metanfetaminas, y para ello utilizan a niños como mensajeros y para distraer a la policía. "Al vestir como ellos a los chicos de la comunidad y organizarlos como pequeñas bandas infantiles pueden desviar la atención de los miembros mayores", dijo el detective Tony Moreno del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD).

Además de los problemas habituales causados por tal actividad, las maras se han constituido recientemente como otra amenaza más específica a la seguridad. En septiembre de 2004, funcionarios de Estados Unidos se vieron muy preocupados cuando las autoridades hondureñas notificaron que habían visto en Tegucigalpa a un conocido agente de Al Qaeda llamado Adnan G. El Shukrijumah, y circularon rumores de un encuentro entre miembros de la Jihad y las maras. Pronto los funcionarios centroamericanos negaron la versión de que tal encuentro hubiera tenido lugar. Pero el peligro de que se establezca tal enlace sigue siendo real: "Si pueden traer ilegalmente a gente que busca un empleo [en Estados Unidos]", dijo Joe Torres, funcionario de inmigración, "pueden traer gente interesada en el terrorismo".

EL JUEGO DE LAS CULPAS

En la misma medida en que han crecido las pandillas centroamericanas, se ha elevado el debate sobre quién es el culpable de ello. Algunos funcionarios gubernamentales de América Central han acusado a Estados Unidos de imponerles el problema a ellos, comparando la deportación por parte de Washington de los pandilleros con la apertura del puerto cubano de Mariel en 1980, cuando Fidel Castro supuestamente vació sus cárceles y envió a sus pobladores a Miami. Por su parte algunos funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe de policía de Los Angeles William Bratton, piensan que los centroamericanos deberían cargar solos con la responsabilidad del problema y apoyar la continuidad de las deportaciones. Tales recriminaciones mutuas son características del debate sobre los problemas con las pandillas y ayudan a explicar por qué los países afectados tienen aún que desarrollar un frente común para resolverlos.

No es realista, sin embargo, esperar que cualquiera de los pequeños países centroamericanos, con sus frágiles gobiernos, tomen la iniciativa en la organización de una política multilateral; ese papel sólo puede desempeñarlo Estados Unidos. No obstante, hasta ahora Washington se ha mostrado renuente a aceptar esa tarea. Parte del problema es que durante los últimos 15 años la política estadounidense hacia América Central se ha limitado en lo esencial a la inmigración y a las drogas, y por tanto el problema de las pandillas se ha perdido entre los huecos administrativos, y sin que ninguna dependencia haya tratado de formular o supervisar un programa integral. La responsabilidad de rastrear las actividades pandilleriles en el plano interno ha recaído en varias partes diferentes del gobierno de Estados Unidos. El FBI tiene a su cargo la supervisión nacional de cualquier actividad delictiva relacionada con las violentas pandillas callejeras. Pero la participación de la MS-13 en el tráfico de personas también la ha llevado a la jurisdicción de la Patrulla Fronteriza y la agencia de Control de Inmigración y Aduanas, ambas divisiones dependientes del Departamento de Seguridad Interna, que persigue los delitos cometidos en la frontera o cerca de ella.

Todas las dependencias de procuración de justicia de Estados Unidos tienen acceso al Centro Nacional de Información sobre la Delincuencia, que es una base de datos federal que enlista a los pandilleros que han cumplido sentencias. Pero, según Wesley McBride, presidente de la Asociación de Investigadores de Pandillas de California, se necesita una base de datos más efectiva y de alcance nacional de todos los miembros de bandas (sentenciados o no), así como una definición estándar de qué son las pandillas y cuáles son los delitos pandilleriles. Como dijo el año pasado McBride al Comité Judicial del Senado, "ninguna dependencia federal recaba o disemina estadísticas de la delincuencia pandilleril ni datos demográficos para establecer la verdadera imagen de las pandillas". Un centro nacional de inteligencia sobre las bandas, que ha de ser encabezada por el FBI, se establecerá en sus oficinas centrales en Washington, D.C., el año entrante. Pero para ser eficaz, una operación semejante tendría que ser capaz de coordinar la información de toda América Central.

Entre tanto, diferentes regiones dentro de Estados Unidos están enfrentando el problema de las maras en forma distinta, y con resultados diversos. La política de línea dura que se busca en Virginia ha sido criticada por expertos en pandillas porque se enfoca sólo en la supresión y no incluye los otros dos elementos necesarios para erradicarlas: la intervención y la prevención. "Si no se hacen las tres cosas al mismo tiempo, se pierde la oportunidad de obtener resultados", dijo Moreno, del LAPD. Por otro lado, Maryland se ha dado a la tarea de realizar un proceso más eficaz: allá, la policía se ha unido con un grupo de trabajo comunitario y educativo para introducir un sólido programa de aplicación de la ley aunado a un elemento de estricta intervención. El programa de Maryland se propone poner en marcha una eficiente labor policiaca y programas post-escolares que puedan evitar que los jóvenes se unan a las pandillas, así como programas de intervención que estimulen a los miembros a abandonarlas y protegerlos contra las represalias después de que lo hayan hecho.