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En los años siguientes continuaron las deportaciones. Conforme más y más miembros duros eran expulsados de Los Angeles se incrementaba el número de "maras" centroamericanas, que hallaban reclutas dispuestos entre la amplia población de la juventud carente de derechos civiles (según las Naciones Unidas, 45% de los centroamericanos tienen 15 años de edad, o menos). En El Salvador (país con 6.5 millones de habitantes), las pandillas alardean tener unos 10000 miembros nucleares y 20000 jóvenes asociados; en Honduras (con una población de 6.8 millones), las autoridades estiman que la población de pandillas llega a los 40000. Su edad media es de apenas 19 años de edad, aunque sus cabecillas están en los últimos años de los 30 y en los cuarenta.

Hoy día, las pandillas combaten con regularidad entre sí y con la policía por el control de los vecindarios obreros e incluso de ciudades enteras. Se cree que 15 municipios de El Salvador son gobernados de hecho por las maras. Actualmente, Soyapango, un aguerrido vecindario obrero de San Salvador que alguna vez fue hogar de guerrillas izquierdistas, es objeto de una feroz lucha territorial entre miembros de la M-18 y la MS-13. Conductores de autobuses municipales se han negado a cruzar el área desde que tres de sus colegas fueron asesinados por pandilleros en abril de 2004, y se ha calculado que unas 300 familias huyeron del vecindario el año pasado.

La M-18, con sus contactos con la pandilla estadounidense de la Calle 18 (a la que el FBI llama "megapandilla"), está mejor organizada que su rival local, pero en ambos casos la función de las maras es constituir familias sustitutas -- si bien ultraviolentas -- para sus miembros. A menudo reclutando niños que apenas llegan a los nueve años, las pandillas inician a sus miembros con palizas: tres miembros mayores darán puñetazos y patadas sin parar al recluta durante 13 segundos. Cuando se recuperan, los nuevos miembros admitidos en la pandilla se dedican al robo o delitos menores o sirven de vigilantes para los miembros mayores. Sus camaradas más avezados, por su parte, se ocupan en la venta de drogas, el robo de casas y en los asesinatos por encargo. Los miembros de las maras también actúan como soldados de infantería para redes preexistentes del narcotráfico y para organizaciones internacionales de robo de autos, y efectúan sofisticadas operaciones de contrabando de indocumentados. Gracias a su trabajo, la delincuencia generalizada se ha incrementado notablemente en toda la región. Hoy Honduras tiene una tasa de homicidios de 154 por 100000 habitantes, más alta incluso que la de Colombia, donde, a pesar de la actual guerra civil, la tasa de homicidios es de apenas 70 por 100000.

LA MANO DURA

En 2002 las repúblicas centroamericanas, preparadas para la batalla, empezaron a contraatacar. La carga la encabezó Honduras, donde Ricardo Maduro, graduado en Stanford, fue elegido presidente en noviembre de 2001 enarbolando un programa de endurecimiento. Maduro, cuyo hijo había sido asesinado en un intento de secuestro en 1997, introdujo una serie de leyes de "tolerancia cero", con lo que facultaba al gobierno a encarcelar a personas hasta por 12 años por la mera sospecha de pertenecer a una pandilla (sospecha determinada a menudo por la presencia de tatuajes distintivos, que los miembros llevan en sus cuellos, brazos y piernas).

La política de "mano dura" de Maduro tuvo un impacto inmediato, y en El Salvador pronto se adoptó un programa similar. Muchos jóvenes pandilleros fueron sacados de las calles y encarcelados. Al cabo de un año el sistema penitenciario hondureño había rebasado su capacidad en más de 200%, cosa que provocó varios motines en las cárceles en abril de 2003 y mayo de 2004. Ahora Guatemala, Panamá y Nicaragua están considerando adoptar programas similares.

Sin embargo, a pesar de las primeras señales de éxito, hubo grupos defensores de los derechos humanos que criticaron acremente la nueva política de línea dura, y los gobiernos locales pronto empezaron a reconocer lo que los funcionarios estadounidenses habían aprendido a principios de la década de 1990: que una legislación dura por sí sola no puede resolver el problema de las pandillas. América Central estaba tratando de deshacerse de la problemática de las bandas sin proporcionar los programas sociales y educativos que, para empezar, mantendrían a los chicos fuera de las bandas o los persuadirían a abandonarlas. Según Covarrubiaz (el ex policía de San Jose), los programas de endurecimiento "funcionan temporalmente, pero no atacan el verdadero problema".

Esto pronto se hizo obvio en toda la región. Las maras tomaron represalias contra las medidas enérgicas adoptadas en su contra lanzando una oleada de violencia al azar. Poco después de la introducción de las nuevas leyes antipandillas, jóvenes víctimas empezaron a ser asesinadas y decapitadas; al menos una docena de cuerpos decapitados fueron encontraron en Honduras y Guatemala, espantoso símbolo de que el poder de las maras no había disminuido. Cuando los cabecillas de las pandillas eran encarcelados, surgían nuevos jefes para reemplazarlos. La MS-13 y la M-18 comenzaron también a explorar en el extranjero para hallar un terreno más hospitalario, volviendo su mirada primero a México y luego otra vez a Estados Unidos.

RUMBO A CASA

En Tapachula, ciudad mexicana en la frontera con Guatemala, las maras empezaron a tomar sus víctimas entre los inmigrantes pobres que se dirigen al norte para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Lisiar y asesinar a estos trabajadores indocumentados se convirtió en una especie de mensaje de comercialización de las pandillas: se enviaba una advertencia de que sólo quienes pagaran a los "coyotes" (que suelen cobrar de 5000 a 8000 dólares por persona) asociados a las pandillas para poder internarse en Estados Unidos lo harían vivos.