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Más allá del Consenso de Washington: nuevo contrato social en AL, basado en el empleo
Nancy Birdsall y Rachel Menezes
De Foreign Affairs En Español, Julio-Septiembre 2005

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Resumen: Para volver a las políticas que aseguren la creación de empleos, miremos más allá del Consenso de Washington, hacia un nuevo contrato social de economía abierta. Contrato que implica un nuevo énfasis en la creación de empleos y la protección de los derechos de los trabajadores. Esencial para ese acuerdo será una política fiscal destinada a crear una sólida base tributaria y tasas de interés más bajas. Un contrato social más amplio contribuiría a atender el profundo sentimiento de injusticia que la alta desigualdad ha causado en la región, y a reavivar la esperanza de que los mercados abiertos y las instituciones democráticas puedan reforzarse mutuamente.

Nancy Birdsall es presidenta del Center for Global Development. Rachel Menezes es especialista en temas sociales y económicos en Diálogo Interamericano.

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En la década de 1990 América Latina adoptó con firmeza el paquete de reformas económicas que llegó a conocerse como Consenso de Washington. Las políticas pusieron énfasis en la estabilización de precios para reubicar a los países en desarrollo en una senda de crecimiento sustentable, y en medidas de ajuste estructural para volver más eficientes y competitivas sus economías. Pero después de más de una década de reformas de mercado abierto y renovadas políticas democráticas, ha habido escaso crecimiento o progreso social en la región, lo cual ha causado una espiral de ansiedad y profunda frustración en los países. La actividad económica de los cinco últimos años creció sólo 2.4% en promedio, en comparación con el 3.8% mundial, y a 3% en la década de 1990. La proporción de los pobres, que había estado disminuyendo, se ha incrementado a partir de 2000, no sólo en Argentina, donde las tasas de pobreza se han duplicado, sino también en Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela. La desigualdad de ingreso sigue siendo alta. Encuestas de opinión pública realizadas por Latinobarómetro muestran latinoamericanos cansados de austeridad fiscal, de los niveles sin precedente del desempleo, y resentidos con la privatización y otras llamadas reformas del Consenso de Washington.

Esta creciente ansiedad refleja en parte los desafíos planteados por la globalización. Pero también se hace eco de que los beneficios de la reforma no han sido compartidos por todos. Si bien el incremento del gasto social en la década de 1990 benefició a los pobres hasta cierto grado, las reformas económicas del Consenso de Washington beneficiaron sobre todo a los que ya eran ricos y tenían los mejores estudios, sin generar crecimiento ni empleos. El consiguiente ajuste de los hogares de la clase trabajadora y de medianos ingresos en zonas urbanas ha conducido a un sentido más acusado de inseguridad y a una creciente oposición a las reformas de mercado.

Los resultados de la reforma han desatado un acalorado debate entre economistas y funcionarios respecto de las deficiencias del Consenso de Washington: si las reformas son la causa del magro crecimiento y el pobre desempeño social de la década de 1990, y dónde pueden residir algunas de las fallas del paquete de reformas. En este artículo sugerimos que el principal problema del consenso original fue la falta de preocupación por la secuencia de las propuestas y por la forma en que impactarían los resultados en términos de empleos, crecimiento y desigualdad. Ponemos de relieve una zona clave que faltó en la reforma -- los mercados de trabajo -- y formulamos preguntas sobre el problema del rezago en la reforma laboral por las implicaciones que las demás reformas estructurales tienen sobre la igualdad. Por último, para volver a las políticas que aseguren la creación de empleos, miramos más allá del Consenso de Washington hacia un nuevo contrato social de economía abierta, conectado a las aspiraciones de la vasta mayoría de hogares de clase media que están cerca de la pobreza, cuya participación es clave para lograr crecimiento y fortalecer la democracia. Este contrato pondría énfasis en el manejo fiscal firme y transparente; en impuestos y gastos que sean más progresivos; en creación de empleos y protección de los derechos de los trabajadores, y en incremento del acceso a los mercados globales, inclusive mediante la colaboración regional.

LOS HOGARES POBRES Y DE MEDIANO INGRESO SE QUEDAN A LA ZAGA

La inseguridad económica es difícil de evitar en las economías abiertas de hoy. Pero tres sombrías realidades latinoamericanas indican la necesidad de poner mayor atención al problema del mercado de trabajo en la mayoría de los países, y de un nuevo contrato social, políticamente visible y más explícitamente "justo", basado en el empleo y en la economía abierta.

Primero, el crecimiento del empleo ha sido extremadamente débil, lo cual aumenta la inseguridad entre los hogares de medianos ingresos. El empleo y el mercado de trabajo no formaron parte de la agenda reformadora de la década de 1990 y, en retrospectiva, estuvieron sorprendentemente ausentes del discurso político. Los esfuerzos por cuantificar la extensión de las diferentes reformas en la región pusieron la reforma laboral al último y con la menor importancia, incluso ya en 2005. Sin embargo, recientes encuestas de actitudes muestran que la falta de empleos y los bajos salarios son ahora las principales preocupaciones en América Latina, adelante de la corrupción, la delincuencia y otros problemas sociales.

Las tendencias del mercado de trabajo son causa de inquietud. El desempleo ha crecido de 5% en 1990 a 11% en 2003, el mayor nivel jamás registrado en la región. Las tasas fueron persistentemente altas a lo largo de la década, incluso durante el temprano repunte del crecimiento económico. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores cubiertos hoy por las normas laborales y la protección social (alrededor de 40%) es menor que a principios de la década de 1990, lo cual vuelve particularmente doloroso el desempleo en la región. En México y Argentina, más de 60 y 80%, respectivamente, de los desempleados que encuentran trabajo no reciben beneficios de seguridad social.

La creación de empleos ha sido muy débil y se ha concentrado sobre todo en actividades de baja productividad. Entre 1997 y 2002 el empleo creció menos de 2% al año en la región. Durante la década de 1990 el incremento fue de sólo 2.2% anual, sin mantenerse al ritmo del crecimiento de la población en edad de trabajar. Durante el mismo periodo muchos países registraron incrementos relativos en la proporción de empleos considerados de baja calidad, como el trabajo de tiempo parcial involuntario, el empleo temporal, el autoempleo y los trabajos en empresas muy pequeñas. En todas partes persiste un gran sector informal, en el que la productividad laboral es baja y los trabajadores carecen del mínimo de protección y beneficios.

Por último, los indicios de las encuestas en hogares sugieren que se ensancha la brecha entre trabajadores con educación superior y los que tienen estudios primarios y secundarios. Los salarios han aumentado mucho más aprisa para quienes tienen estudios más allá de secundaria que para la mayoría que cuenta con menor nivel de estudios. En Brasil y Colombia la sobretasa salarial para trabajadores con educación primaria y secundaria cayó de hecho durante la década de 1990, en tanto la sobretasa para trabajadores con estudios universitarios u otros de nivel postsecundario se elevó sustancialmente. Igualmente preocupante es el descenso en el diferencial salarial entre trabajadores con secundaria respecto de los que tienen primaria, al punto de que la educación secundaria, con su alto costo de oportunidad en salarios perdidos, puede ya no parecer atractiva a adolescentes que no ven perspectivas de continuar hasta completar estudios postsecundarios.

En segundo lugar, los hogares de medianos ingresos no son de "clase media" para nada, sino más bien pobres. En la década pasada, los mercados globales han traído inseguridad económica a hogares de medianos ingresos en todas partes. Pero la ansiedad es particularmente aguda para ese grupo en América Latina, porque las personas de medianos ingresos son demasiado pobres como para que las llamen "de clase media". En Estados Unidos la mediana de ingreso nacional es de 90% del ingreso nacional promedio. En contraste, en Honduras la mediana de ingreso per cápita entre 1989 y 1996 fue menor que la línea de la pobreza, que el Banco Mundial fija en dos dólares diarios. En Brasil, la mediana de ingreso per cápita fue de más o menos la tercera parte del ingreso nacional promedio en la década de 1990. En Chile, la mediana de ingreso anda por la mitad del ingreso promedio.




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