Gabriel Gaspar Tapia
De Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo 2005
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Resumen: El caso de Haití es un ejemplo notorio de cómo, después de la Guerra Fría, la política de Estados Unidos hacia América Latina se ha transformado. Si bien en el pasado Washington intervenía directamente en la región para solucionar los conflictos, hoy, al no existir más la sombra de la Unión Soviética como elemento desestabilizador, son los mismos países del continente, como Argentina, Brasil y Chile, los que están llamados a resolver los problemas.
Gabriel Gaspar Tapia es licenciado en Ciencias Políticas, actualmente se desempeña como subsecretario de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Chile.
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Veamos la casuística. En el periodo inmediatamente posterior al 11 de septiembre, América Latina ha vivido varias crisis de las cuales sólo mencionaremos en esta oportunidad las dos más graves: el periodo crítico (febrero a octubre de 2003) en Bolivia, que culminó con el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada, y la cuasi disolución del Estado en Haití en marzo de 2004, que dio paso a un periodo de enfrentamiento interno, desorden y anarquía, lo cual motivó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
No son éstas las únicas crisis de seguridad que ha vivido la región, pero son de las más importantes, que han puesto en riesgo no sólo la estabilidad interna de esos países, sino que también han amenazado su entorno regional. Sin embargo, si examinamos sus causas más a fondo, constataremos que éstas, más que temas de seguridad, son temas de desarrollo. Todos sabemos que la falta de desarrollo afecta la seguridad.
En ambos casos se trata de situaciones que se arrastran desde tiempos más remotos. La desigualdad social y el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, junto con la incapacidad de negociar fórmulas de consenso, terminaron por desencadenar estallidos que pusieron en riesgo la estabilidad interna. En Bolivia en febrero del 2003, la insurrección de la policía derivó en enfrentamientos con el ejército; en octubre del mismo año la movilización fue más amplia y culminó, como ya se mencionó, en el cambio de gobierno y la asunción del vicepresidente Meza como nuevo jefe de Estado. Por cierto, los países vecinos mostraron su interés por cooperar en la solución de la crisis; tanto Brasil como Argentina desarrollaron una importante gestión cooperativa, entre otras formas, a través de la misión binacional encabezada por Marco Aurelio García, asesor internacional del presidente Lula da Silva.
Bolivia se estabilizó y avanza hacia un proceso electoral luego de haber llevado a cabo un referendo sobre la ley de hidrocarburos que busca conformar un consenso básico en uno de los principales temas de su agenda interna. Con todo, queda pendiente un gran desafío: el desarrollo nacional unido a la inclusión social de las grandes mayorías que se sienten postergadas desde hace muchos años.
La crisis en Haití es más reciente, y su proceso está en pleno desarrollo. Lo que a todas luces es evidente es que en este caso el desafío es múltiple. No es suficiente la estabilización de la situación (tarea cumplida por la fuerza multinacional en los primeros días). Neutralizada la amenaza de una catástrofe humanitaria, el desafío es el restablecimiento de una nación. Y esto es una tarea de largo plazo, con muchos elementos de desarrollo, de construcción de consensos políticos y de consolidación paulatina de la institucionalidad. Todo ello será posible sólo si se cuenta con gran aporte cooperativo multilateral. En suma, son temas más políticos que militares.
Si analizamos ambos casos, constataremos que en ninguno de ellos estuvieron presentes los agentes de las nuevas amenazas. En las callejuelas de El Alto (departamento colindante con La Paz), o en los rincones del barrio pobre capitalino de Cité Soleil no había agentes de Al Qaeda. Tampoco queda claro que las movilizaciones pudieran atribuirse a manipulaciones de los cárteles de la droga. En su inmensa mayoría, la protesta contenía ingredientes económicos y sociales.
De ninguna manera queremos insinuar que el terrorismo global no constituye una amenaza para los países de América Latina. Lo que queremos afirmar es que no es un problema que requiera el uso de la fuerza militar en nuestra región; más bien necesita ser enfrentado con agencias policiales y coordinación de inteligencia. En cuanto a mecanismo, por ser un problema global, debe abordarse por la instancia legitimada para ello: el Consejo de Seguridad de la ONU. En su versión regional, el Comité Interamericano de Combate a la Droga (CICAD) ha desarrollado una labor meritoria.
El tema es complejo porque la principal amenaza para Estados Unidos no adquiere los mismos contornos para el resto de los países del continente, con la posible excepción de Canadá que, al igual que Estados Unidos, forma parte de la OTAN y pertenece al Grupo de los 7. A su vez, la principal amenaza contemporánea en la región -- la ingobernabilidad surgida del agravamiento de las condiciones económico-sociales -- no constituye un tema prioritario en la agenda estadounidense de política exterior y, sin duda, tampoco es una preocupación para su sistema de defensa. Es más, concluida la Guerra Fría, América Latina no ocupa un lugar importante en sus planes exteriores.
Esta disparidad en las prioridades entre los países del continente americano que son miembros de la OTAN y los restantes ayuda a explicar las diferentes reacciones ante las crisis señaladas. De ellas, por su impacto y su gravedad, la situación haitiana es la que mejor permite observar el movimiento de los diversos actores de la región. Veamos cómo se expresa esta diversidad.
EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS, ¿MANOS LIBRES PARA EL GOLFO PÉRSICO?
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