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Escape del golpe de Estado en Chile William D. Rogers y Kenneth Maxwell De Foreign Affairs en Español, Abril-Junio 2004 Resumen: William D. Rogers, ex subsecretario de Estado, discute las acusaciones de la complicidad de Estados Unidos en el ascenso y el gobierno de Pinochet; Kenneth Maxwell responde. William D. Rogers, socio principal de un bufete jurídico de Washington, D.C., ya retirado, y vicepresidente de Kissinger Associates, Inc., fue subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de 1974 a 1976.
Creación de mitos y política exterior Aún perdura el mito de que Estados Unidos derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973. En 1975, un subcomité senatorial encabezado por Frank Church (demócrata incondicional, para nada amigo del gobierno de Nixon) determinó que no había "pruebas decisivas" de que Estados Unidos hubiera apoyado el golpe militar o el previo y torpe secuestro realizado por chilenos que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider. Un estudio más reciente de la CIA confirmó estas conclusiones. De los 24,000 documentos relativos a Chile desclasificados por el gobierno de Clinton no se extraen pruebas en sentido contrario. En una palabra, no había ninguna pistola humeante. Sin embargo, el mito persiste, se cultiva con añoranza por la izquierda latinoamericana y se revive cada tanto en aportaciones a la literatura como El archivo Pinochet, de Peter Kornbluh, y la reseña que Kenneth Maxwell hizo de ese libro, "El otro 11 de septiembre" (FAE, noviembre/diciembre 2003). Tanto Kornbluh como Maxwell reconocen que las fuerzas armadas chilenas fueron las que irrumpieron en el palacio presidencial de Allende aquel 11 de septiembre de hace tres décadas; ninguno alega participación directa de Estados Unidos en el golpe. Sin embargo, aunque no llegan tan lejos como los emotivos críticos que lanzan frenéticas acusaciones de tentativa de crimen internacional, ambos pretenden sustentar lo que Maxwell llama "el proceso contra Kissinger". Kornbluh y Maxwell reproducen la acusación tradicional de que Estados Unidos "desestabilizó" a Chile. Kornbluh dice que Estados Unidos creó un "clima golpista". Maxwell sostiene que Washington "maquinó" el derrocamiento; en cuanto "al golpe mismo", escribe, "no hay duda de que Estados Unidos hizo todo lo que pudo" para deponer a Allende. Es difícil de creer. No es un secreto que el presidente Richard Nixon se oponía a Allende y que no le entusiasmaba la perspectiva de que hubiera otro régimen marxista en la región, lo cual no es sorprendente, puesto que esto ocurría durante la Guerra Fría. Pero afirmar que el gobierno de Nixon "hizo todo lo que pudo" para derrocar a Allende es una injusticia para con los promotores de los cambios de régimen en el gobierno estadounidense, del pasado y del presente. Una revisión superficial de la historia indica que si Washington hubiera hecho "todo lo que pudo" en Chile, habría hecho un intento de asesinato (como los de Castro y Kadafi: fallidos; y los de Lumumba y Diem: logrados), una invasión (como la de Panamá y Granada), un ataque de mercenarios armados (como en Irán y Guatemala) o un ataque del ejército estadounidense (como en Irak). Nada parecido a esas medidas se intentó contra Allende. Incluso en el escenario más cortés de las presiones económicas, los esfuerzos estadounidenses contra Chile palidecen al compararlas con las sanciones irrestrictas contra Cuba, Irán, Irak y Libia. Lo que Estados Unidos hizo en Chile, desde la toma de posesión de Allende en 1970 hasta su violenta caída a manos del ejército chileno tres años después, fue un aguijonazo en comparación. Washington canalizó seis millones de dólares en subsidios secretos a la prensa y los partidos de oposición (que Allende intentaba proscribir). Washington intentó bloquear infructuosamente la reestructuración de la deuda externa chilena y redujo la ayuda bilateral (aunque Allende se dio un respiro declarando una moratoria unilateral al servicio de la deuda y abriendo líneas de crédito con otras naciones amigas). Aconsejó a las instituciones financieras internacionales reducir sus préstamos (aunque el Banco Mundial no necesitaba que lo persuadieran: Chile estaba en bancarrota). Eso fue todo. Si seis millones de dólares en apoyo a la oposición y una reducción de la ayuda bilateral causaron la caída de Allende, cuando habían fracasado otros intentos mucho más robustos de cambio de régimen, uno tendría que concluir que el régimen de Allende era bastante frágil. Y en efecto lo fue: y se debió a Allende. Kornbluh, Maxwell y otros inflan su martirio afirmando que fue llevado al poder por vías democráticas. Es una exageración. Allende ganó con un menos que resonante 36% del voto popular en 1970; casi dos tercios de quienes acudieron a las urnas votaron contra él. Ya en 1973 había dilapidado incluso esta endeble base de apoyo. Lo que resulta aún más claro, sin embargo, es que una vez en el poder su comportamiento no fue el típico de un demócrata. De hecho, se empeñó en destruir la tradición democrática de su país. Su gobierno se dedicó a "la demolición leninista del Estado 'burgués'", como expresó recientemente el ex comunista chileno Roberto Ampuero en The Washington Post: "[Allende] hizo a un lado nuestro sistema democrático para intentar remplazarlo con un sistema [ . . . ] que ya había fallado en Europa Oriental, Asia y la Cuba de Fidel Castro". Asimismo Allende arruinó la economía chilena. Su periodo se inició en 1970 con gastos sociales de tipo populista que agotaban el presupuesto. Nacionalizó la industria del cobre que era propiedad de extranjeros; ordenó drásticos aumentos de salarios e impuso controles de precios. Estas medidas dispararon un consumo excesivo, y en cosa de meses Chile se había comido sus reservas de capital. La inflación se enseñoreó. Las importaciones y el consumo se derrumbaron. El desempleo, la pobreza y la ira vinieron enseguida. En 1973 la economía "gritaba", como Nixon esperaba que lo hiciera, pero no a causa de Nixon, Henry Kissinger o la Agencia Central de Inteligencia. Tal era la realidad en Chile. Nathaniel Davis, entonces embajador estadounidense en Santiago, dijo más tarde que, gracias a la insensata política económica de Allende, había "cada vez menos viabilidad institucional chilena que 'desestabilizar'". Tampoco fue Estados Unidos el que realizó la "desestabilización", la "socavación" o la "maquinación". Según un documento de indudable autenticidad que figura como apéndice de sus memorias, Kissinger dejó en claro a Davis, días antes del golpe de 1973, que "no vamos a involucrarnos en ninguna forma [ . . . ] Nuestro mayor problema es evitar que nos quedemos atrapados en medio". Los defensores del mito prefieren ver a Estados Unidos precisamente de esa forma: "en medio". Para ellos, el historial diplomático estadounidense es prueba suficiente de que Nixon y Kissinger, metidos hasta el cuello en el caso Watergate y en la confirmación de Kissinger como secretario de Estado, estaban también manipulando la turbulencia en Chile. En el capítulo de Kornbluh no hay ninguna mención relativa a los tiempos de Allende como presidente sobre sus desastrosas políticas económicas, su ataque a las instituciones democráticas de Chile o la ola de resentimiento popular que llevó a las fuerzas armadas chilenas al poder. Los críticos sólo ven el texto estadounidense, no el contexto chileno. Los creadores de mitos sostenían la responsabilidad estadounidense en el golpe de Estado de 1973, a partir de lo que los funcionarios estadounidenses se comunicaban entre sí, lo cual es circunstancial en el mejor de los casos. Por eso la afirman con referencias a acontecimientos anteriores y posteriores a la presidencia de Allende. Maxwell, basándose en Kornbluh, señala el asesinato de Schneider, cometido en 1970, como para mostrar la responsabilidad estadounidense en el golpe ocurrido tres años después. Schneider fue asesinado por una banda de fanáticos nacionalistas chilenos. Maxwell dice que Estados Unidos "aprobó" y "planeó" esa acción; los hechos muestran otra cosa. En septiembre de 1970, el Congreso chileno rechazó una maniobra parlamentaria que bloquearía la toma de posesión de Allende. Agentes de la CIA en Santiago comenzaron entonces a examinar las probabilidades de un movimiento de las fuerzas armadas chilenas. Pero la agencia pronto dio marcha atrás. Los militares, que tres años más tarde cambiaron de opinión, se negaron en 1970 a entrometerse en el proceso constitucional. La CIA lo informó así a Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional, y el 15 de octubre de 1970 el funcionario concluyó la participación estadounidense en las conjuras contra Allende. Kissinger dijo más tarde al presidente: "Este asunto parecía condenado al fracaso. Lo deseché. Nada podía ser peor que un golpe fallido". Pero, según el informe de la Comisión Church, cuando agentes de la CIA transmitieron al ejército chileno la instrucción de abandonar el plan, los conjurados respondieron que de todos modos seguirían adelante. (El presagio de Kissinger se confirmó: el golpe fallido fue precisamente lo contrario de lo que Estados Unidos deseaba.) Maxwell continúa diciendo que Estados Unidos "hizo poco por contener a Pinochet en lo sucesivo", dando a entender que ello confirma la responsabilidad de Washington por lo ocurrido en 1973. Pero los registros muestran otra cosa. Maxwell y Kornbluh dieron poca importancia a la severa advertencia relativa a los derechos humanos que Kissinger hizo directamente a Pinochet en su única reunión de junio de 1976. (Revelación completa: yo estuve allí, como subsecretario de Asuntos Económicos de Kissinger y, según indican algunos de los documentos de Kornbluh, era una especie de "moscardón" en materia de derechos humanos.) Pasan por alto la declaración de Kissinger, pronunciada en un mensaje a los ministros de Asuntos Exteriores de la región, de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por ese régimen "[habían] deteriorado nuestras relaciones con Chile y [continuarían] haciéndolo". Y apenas mencionan la orden personal de Kissinger a los cuatro embajadores estadounidenses en el Cono Sur de decir a las cabezas de sus respectivos gobiernos que los asesinatos políticos y las violaciones a los derechos humanos causarían un daño irreparable a sus relaciones con Washington y tendrían un alto costo en los programas de ayuda. Pese a lo que aseguran Kornbluh y Maxwell, la advertencia de Kissinger se formuló de manera enérgica al presidente de Argentina (existen cables que lo demuestran, aunque Kornbluh no los reproduce) y probablemente a los subalternos de Pinochet en Santiago. En cualquier caso, después de la reunión de Kissinger con Pinochet no podía haber dudas sobre la opinión de Washington en torno a los asesinatos políticos patrocinados por el Estado. La relación con Chile (y con los otros países del Cono Sur) se enfrió notablemente en los meses restantes de la gestión de Kissinger como secretario de Estado, y también durante el gobierno del presidente Jimmy Carter. Por último, Maxwell menciona un cable de la colección de Kornbluh, extraordinariamente ambiguo, como si tuviera alguna relevancia en relación con un "tercer hecho" en el "proceso contra Kissinger": el asesinato del ex ministro chileno de Relaciones Exteriores Orlando Letelier, cometido por agentes chilenos en Washington, D.C., en junio de 1976. Esto es un completo sinsentido. Kissinger nada tiene que ver con ese cable. Hasta donde los registros muestran, jamás tuvo conocimiento de él. El cable no fue una instrucción de Washington al personal de campo. No fue enviado a Santiago. La bomba ya había sido empotrada en la parte inferior del automóvil de Letelier cuando el cable, cualquiera que haya sido su objetivo, fue enviado. De ninguna manera puede concebirse que haya sido un eslabón en la cadena de causas que condujeron a la muerte de Letelier. Pero de estas cosas están hechos los mitos. En realidad, las pruebas de la responsabilidad estadounidense en la caída de Allende son débiles; sin embargo el mito persiste, con desafortunadas consecuencias. Quebranta el buen nombre y la imagen de Estados Unidos en "ese vasto reino exterior", imagen que no necesita más manchas en estos días. En América Latina, refuerza el instinto de culpar a Washington y buscar cobrar los agravios ahí más que en los propios países. En Estados Unidos, el mito de Chile enseña a los intervencionistas contemporáneos que cambiar de regímenes funciona. Afirma la opinión de que otras naciones son objetos, hojas en blanco en las que Washington puede escribir como desee. Al ser tan abrumador el poderío estadounidense y tan fuerte el instinto de alterar regímenes extranjeros, es un mensaje en verdad peligroso. Maxwell responde: William Rogers se extralimita. Sus comentarios no ayudan a su causa, y su aseveración de que mi reseña es una "creación de mitos" que es "cultivada con añoranza" por la izquierda revive una insinuación característica de una época que se esperaría que desde hace mucho tiempo hubiera sido superada en el debate público. Sin embargo, su empleo aquí tiene el mérito de exhibir que el expediente de documentos desclasificados de Kornbluh casi da en el blanco. En ningún caso buscaba yo una "pistola humeante": lo que hice fue proporcionar un resumen justo de la documentación presentada por Kornbluh. Quienes deben decidir hasta qué punto es efectiva la argumentación relativa a la complicidad son los lectores (o un jurado, si las demandas entabladas por las familias de Schneider y Letelier algún día llegan a los tribunales). Sin duda es cierto que los comunistas chilenos no eran ningún Thomas Jefferson; que Allende tiene mucha de la culpa de la caída en espiral de la economía chilena; que la sociedad de ese país estaba acremente dividida; que las fuerzas armadas chilenas, no las de Estados Unidos, derrocaron a Allende, y que esta historia no puede ser contada sólo en términos de la participación estadounidense. Lo dije así con mucha puntualidad en mi reseña. Pero sostener que Estados Unidos no participó activamente en promover la caída de Allende, a la vista de las abrumadoras pruebas en contrario, raya en la insensatez. Rogers ha tenido una prolongada y destacada trayectoria que comprende una actividad importante en asuntos latinoamericanos, y le tengo el respeto más absoluto. Lamento que, en su evidente irritación, a menudo confunda la opinión del reseñista con la del autor del libro y atribuya significados implícitos que están en su mente pero no en mi texto. El "proceso contra Henry Kissinger" no es invención mía. Lo que yo presento es una sinopsis de las principales acusaciones que se hacen contra Kissinger, puesto que forman el núcleo del libro que reseñé. No podía haberlas omitido. Muchas de las aseveraciones y réplicas específicas de Rogers (que forman, en efecto, una anti-lectura del libro de Kornbluh) serían contestadas mejor por el propio Kornbluh. Me encantaría evadir un avispero semejante, pero puesto que Rogers me atribuye ciertas opiniones (y en un lenguaje muy exaltado), permítaseme hablar directamente de algunos detalles. En primer lugar, vemos aquí una vez más la desgastada aseveración de que el hecho de que Allende recibió sólo 36% de los votos de algún modo disminuyó su credibilidad democrática y justificó el golpe. Hasta Mark Falcoff, un historiador responsable que a últimas fechas tuvo acceso privilegiado a las transcripciones telefónicas de Kissinger de la década de 1970, señala que ello se debió a la forma en que funcionaba el sistema político chileno. En 1975, a raíz de las primeras elecciones democráticas en Portugal después del golpe militar izquierdista, Kissinger y compañía designaron tardíamente a Mário Soares como la esperanza anticomunista de Occidente: su partido político recibió 38% de los votos. Como es evidente, en ambos casos la interpretación de las estadísticas tiene que ver más con la ideología que con la democracia. En cuanto al discurso de Kissinger ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Santiago y su deslinde de la Operación Cóndor en agosto de 1976, las pruebas son claras. Sí, Kissinger pronunció un discurso sobre los derechos humanos, pero había asegurado personalmente a Pinochet que lo destinaba al consumo interno estadounidense. Permítaseme citar directamente de un "documento de indudable autenticidad" lo que Kissinger dijo en privado a Pinochet en esa ocasión: El discurso no está dirigido a Chile. Quería decirle esto. Mi evaluación es que usted es víctima de todos los grupos de izquierda del mundo, y que su mayor pecado fue haber derrocado a un gobierno que iba hacia el comunismo. Los registros muestran que el subsecretario de Estado Rogers estuvo presente durante esa conversación. Entre tanto, lo más importante del deslinde de Kissinger es que no fue entregado, no fuera que molestara a Pinochet. En los 27 días transcurridos desde el envío del cable de Kissinger y el asesinato de Letelier, las instrucciones de Kissinger (advertir a Chile, Uruguay y Argentina que no llevaran a cabo los asesinatos internacionales planeados) no se acataron en el caso más crítico: Chile. Es una cruel coincidencia que, un día antes de que una bomba matara a Letelier, se dijera a los embajadores que "no emprendieran ninguna acción más". Este cable desclasificado se reproduce íntegramente en la colección de Kornbluh (capítulo 6, documento 17). Tiene el encabezado específico "Operación Cóndor" y está dirigido a "secstate washdc".* Éstos son hechos, no cuestiones de opinión, y mucho menos de mitología. El asunto es que se trata de una tragedia que pudo haberse evitado. De hecho, otros asesinatos de personalidades de la oposición planeados por Cóndor en Europa se evitaron porque Estados Unidos dio aviso secreto, con anticipación, a los gobiernos en cuestión (Francia y Portugal). Y George H.W. Bush, entonces director de la CIA, advirtió personalmente a un congresista demócrata estadounidense que éste era uno de los objetivos. Pero para entonces incluso Kissinger ya había reconocido que un monstruo había surgido y que era necesario contenerlo. Fue esto lo que condujo a un cambio en la política estadounidense. Por último, es muy extraño pretender que discutir estos asuntos tenga el propósito de alentar el intervencionismo estadounidense. Precisamente se trata de lo contrario. La intención explícita de Kornbluh y otros que con diligencia investigan estos casos es poner de relieve los peligros de una visión maniquea del mundo, cómo conduce ésta al uso de aliados que tienen los dedos retintos de sangre. El expediente de Kornbluh también muestra lo agónicas que fueron las decisiones políticas de Kissinger para aquellos profesionales que tenían que llevarlas a cabo, y lo bien conscientes que eran dichos profesionales de los dilemas éticos que enfrentaban. Entre ellos, de manera notable y honorable, estaba William Rogers. Antes de la reunión de la OEA de 1976 en Santiago, Rogers, entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, había escrito en su breviario informativo al secretario Kissinger que Chile se había vuelto "un símbolo de la tiranía de derechas". Y aconsejó: Nos guste o no, se nos identifica con los orígenes del régimen y por lo tanto se nos atribuye alguna responsabilidad por sus acciones. Y ello subraya nuestro fuerte interés en hacer que el GOC [gobierno de Chile] adopte prácticas aceptables en términos de los derechos humanos. Sabemos que Rogers asumió esta postura gracias a esos mismos documentos desclasificados que Kornbluh publica en su expediente, los cuales el ex funcionario ahora trata de desacreditar. La lealtad de Rogers a su ex jefe y actual asociado de negocios es loable, pero no se vio correspondida en aquel tiempo. En reuniones a puerta cerrada con Patricio Carvajal, ministro de Asuntos Exteriores de Pinochet, Kissinger dijo: "El Departamento de Estado está formado por personas que tienen vocación para el ministerio. Como no hay suficientes iglesias para ellos, se metieron al Departamento de Estado". (Con respecto a los derechos humanos, dijo a Carvajal que no "tenía intención de hostigar a Chile sobre esta cuestión".) Rogers ha señalado que cuando fue invitado por Kissinger, poco después de la renuncia de Nixon, a encabezar el despacho para América Latina: También le dije que había oído rumores de que el gobierno de Estados Unidos había desestabilizado a Chile por medio de la CIA. Le dije que si durante mi gestión había alguna operación encubierta renunciaría y la denunciaría. Pero es un hecho que Cóndor siguió adelante durante su gestión. Hay una forma de despejar sospechas. Algunos países han establecido "comisiones de la verdad" para abordar tales cuestiones. Sin embargo, en Estados Unidos los registros se han extraído a duras penas, como si fueran muelas cariadas. Las acusaciones de "maliciosos sinsentidos" no ayudan. Que estos legados incómodos deban ser enterrados o debatidos es, por supuesto, cuestión de opiniones. Por lo visto, Rogers cree que es mejor dejarlos en paz. Lo que creo es que debemos hurgar en el pasado con el fin de aprender de la historia, si tenemos la sabiduría para hacerlo. |
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