Wim Savenije
De Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2004
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Resumen: La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 St. son los nombres de dos pandillas que se extienden desde América Central hasta Estados Unidos. Hasta ahora, las estrategias de los países centroamericanos sólo se han centrado en el arresto de jóvenes tatuados, símbolo de pertenencia a estas pandillas, sin importar si son delincuentes o no, y no se han atacado las causas sociales del problema. Es necesario que la solución a este problema involucre elementos de coordinación de políticas trasnacionales que incorporen tanto a Estados Unidos como a México.
Wim Savenije es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Programa El Salvador en el área de Juventud y Violencia. En este momento realiza investigaciones sobre violencia estudiantil y pandillas juveniles. El año pasado publicó junto con Katharine Andrade-Eekhoff el libro Conviviendo en la orilla: Violencia y exclusión social en el área metropolitana de San Salvador.
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En la región, están surgiendo nuevas pautas específicas de política de seguridad pública no vinculadas a aspectos de seguridad compartidos. Mientras Estados Unidos se enfoca más y más hacia la amenaza que presenta el terrorismo internacional para su seguridad interna (homeland security), los países centroamericanos están elaborando una política de seguridad propia contra las maras. Los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, en su reunión en la ciudad de Guatemala el 15 de enero de 2004, declararon su intención de suprimir en cada uno de sus países a las "organizaciones ilícitas conocidas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 St.". Ahora son El Salvador y Honduras los países que están llevando adelante la iniciativa para elaborar instrumentos legales, como órdenes de aprehensión recíproca. Guatemala y Nicaragua se sumarán después a esa iniciativa. Sin embargo, aún no se percibe el fenómeno como trasnacional; lo que existe más bien es la intención de elaborar una serie de herramientas legales bilaterales para enfrentar los problemas que sufre cada país.
Estados Unidos tiene una larga tradición de pandillas que operan en sus ciudades; la Mara Salvatrucha o el Barrio 18 St. representan solamente una pequeña parte de esa amplia gama. Las pandillas locales son vistas como una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos, y las pandillas latinas no son una excepción. Por esa razón, Estados Unidos tiene la política de expulsar a todos los pandilleros extranjeros que resulten condenados por cualquier delito violento, y no le preocupan los problemas que esa medida pueda desencadenar en los países centroamericanos. Así, en una entrevista para el periódico El Diario de Hoy, el 13 de agosto de 2003, Daniel Kane, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas, no quiso hacer comentarios sobre lo que la posición estadounidense pueda afectar al gobierno salvadoreño.
SOLUCIONES NACIONALES VS. PROBLEMA TRASNACIONAL
Las pandillas latinas constituyen un problema trasnacional que excede los límites territoriales de la región centroamericana. México y Estados Unidos también son parte del problema. Sin embargo, las políticas represivas contra las pandillas son formuladas en cada país según su propia experiencia, y sólo se han registrado algunos intentos incipientes de coordinación con otros países. Por otro lado, las pandillas, no solamente las latinas, amplían sus zonas de influencia y se han vuelto escenarios subculturales juveniles de nivel trasnacional. Las pandillas sostienen redes de clikas entre los países mencionados y dentro de ellos, y sus miembros mantienen relaciones que traspasan los territorios nacionales. No son sólo los pandilleros, deportados o no, quienes difunden los símbolos de esa subcultura juvenil; una fuerte influencia global se transmite a través de internet y de películas y videoclips musicales que aparecen en la televisión.
Sin embargo, todavía no existe un enfoque que ubique el fenómeno de las pandillas en el panorama más grande de las subculturas juveniles modernas y como parte de una creciente ola de procesos globalizadores. La cooperación regional para contrarrestar el fenómeno de las pandillas es reciente y posee un enfoque más que nada orientado a los problemas de cada país. Se necesitan políticas internacionales en las que participen todos los países involucrados; su carácter debe ser social, preventivo y con mecanismos restrictivos, pero sobre todo deben ser concebidas y puestas en práctica con una visión del fenómeno que supere las fronteras nacionales y regionales.
Actualmente, las iniciativas políticas contra las pandillas sólo aspiran a conservar la seguridad pública. Para ello pretenden imponer una fuerte represión autoritaria, sin tomar en cuenta las causas sociales del fenómeno. Las operaciones policiacas en El Salvador y en Honduras resultan muchas veces cacerías de jóvenes tatuados, sin importar lo que están haciendo o lo que han hecho. Para la policía, estar tatuado indica ser miembro de una pandilla, y eso es razón suficiente para arrestar a la persona y encarcelarla. De esa manera, los gobiernos no solamente pasan por alto las causas sociales del fenómeno que generan los espacios para las maras y crean la atracción de la vida pandilleril, sino que también ponen en peligro los proyectos de reintegración de los pandilleros a la sociedad. Las medidas represivas obstaculizan políticas sociales de integración al aislar aún más a estos jóvenes de la vida social tradicional, y al obligarlos a vivir escondidos en lugares donde las autoridades ejercen menos control. Los pandilleros y quienes dejaron de serlo no pueden asistir a los sitios donde se desarrollan los proyectos de integración por miedo a que la policía los capture. Por esa razón, se canceló un proyecto de reinserción y capacitación laboral de 80 pandilleros en el Instituto Santa Lucía en el Área Metropolitana de San Salvador. Los dirigentes de la organización Jóvenes Hondureños Adelante, Juntos Avancemos se dedican con empeño a sacar de las cárceles a pandilleros con el fin de que puedan asistir a su programa de reintegración.
CONCLUSIÓN
Cada uno de los países afectados por el fenómeno de las maras intenta borrar las huellas de las pandillas con medidas represivas en sus propias ciudades, sin preocuparse por el alcance y las raíces sociales y transfronterizas del fenómeno. Lo consideran un asunto nacional de seguridad pública. Se trata de una doble miopía que ni siquiera ve las dimensiones sociales ni las repercusiones trasnacionales del fenómeno. Tal visión política quizá pueda lograr que este problema disminuya temporalmente mientras las medidas represivas estén vigentes, y mientras operen las fuerzas represivas en las calles. Sin embargo, cuando la represión disminuya por razones políticas o por el común agotamiento presupuestario, el problema reaparecerá con gran intensidad.
La lucha contra la inseguridad causada por las pandillas latinas debe incluir a Estados Unidos y a México en una política social dirigida a los jóvenes, que elimine las situaciones de marginación y exclusión social que muchos de ellos sufren. Además, deben recuperarse los principios del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (firmado en diciembre de 1995 en la XVII Cumbre de Presidentes del Istmo), el cual estipula explícitamente que en su búsqueda de seguridad los estados nacionales deben fortalecer el imperio de la ley y respetar incondicionalmente los derechos humanos. Sin embargo, la política de seguridad pública regional que está surgiendo no sigue los principios de ese tratado. En palabras de una pandillera veterana: "Es mentira que van a acabar con todos los pandilleros; ellos no acaban con las pandillas. Porque de un momento a otro, uno sale de prisión, y uno viene más loco [ . . . ]; mejor deberían de ponernos un trabajo y preguntarnos por qué somos pandilleros".
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