La seguridad ciudadana es uno de los principales problemas sociales en casi todos los países de América Latina, donde la población vive preocupada por el aumento de las tasas delictivas e inconforme con las acciones estatales para remediar la situación. Uno de los problemas que esta investigación encuentra en la región es la adopción de modelos foráneos (en su mayoría estadounidenses) sin tomar en cuenta las propias realidades, que además implican la represión de la población; esto dificulta el proceso "democratizador de la región y la gobernabilidad de los países que la conforman".

La obra persigue dos objetivos: un recuento de la literatura sobre el tema y la elaboración de políticas públicas; ambos se desarrollan en tres capítulos concernientes a la situación, las perspectivas y los lineamientos. El primer capítulo hace un breve recuento y análisis de la (in)seguridad en América Latina, identificando causas y consecuencias, y señala el papel que deben asumir la comunidad y la sociedad civil.

El segundo capítulo trata la teoría y determina las posiciones generales que han tomado los distintos actores en el marco de la seguridad. Identifica tendencias al alza en actos delictivos en la juventud, y comenta perspectivas actuales en los planos regional e internacional, dando especial importancia a la eficaz y duradera participación de la sociedad civil y al carácter creciente, pero incierto, de la cooperación internacional.

El último capítulo detalla los objetivos y principios rectores que deben estar presentes y ser considerados en la constitución de una política integral en materia de seguridad ciudadana. De las estrategias por seguir se destacan tres: creación de bases de datos manejadas por un equipo de analistas, que posibilite el intercambio activo con otros países; la sensibilización de las autoridades competentes y de la sociedad civil mediante la realización de campañas, talleres, seminarios y foros públicos; y la organización de la sociedad civil, capacitándola para una intervención adecuada y eficiente en materia de seguridad pública. Todo en forma de pequeños recordatorios al legislador, quien debe mantener en mente garantizar sobre todo la protección de la sociedad y la promoción de libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.