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Actualmente, si las nuevas democracias y las economías de mercado no logran tasas de crecimiento económico razonablemente altas y una distribución más justa del ingreso, durante la próxima década podría haber una reacción populista. Las fuerzas que se oponen a la modernización siguen siendo una amenaza en gran parte de la región, aun cuando actualmente adopten formas diferentes de las anteriores. Pueden verse signos preocupantes en las nuevas alianzas entre los movimientos guerrilleros y los traficantes de droga, en la aparición de regímenes autoritarios populistas en países como Venezuela y en el debilitamiento del imperio de la ley en la región andina del norte. La intranquilidad en países afligidos podría diseminarse a otros países. La influencia política y económica de Washington en Sudamérica disminuiría y, como consecuencia de ello, podrían verse afectados los intereses políticos, empresariales y de seguridad estadounidenses.

No será fácil, por ende, consolidar las recientes tendencias positivas en la región. Para que las reformas tengan éxito, los países sudamericanos deben crecer rápidamente y mantener una fuerte orientación a las exportaciones. Además, deben ganar la confianza de los inversores locales e internacionales y bajar las tasas de interés excesivamente altas que actualmente gravan las finanzas estatales y limitan severamente los emprendimientos locales.

Lo mejor que pueden hacer los países sudamericanos para lograrlo es colaborar. Guiados por el Cono Sur y trabajando con Estados Unidos, estos países podrían desarrollar gradualmente una nueva arquitectura multilateral para el continente. Este nuevo sistema se fundaría en la adhesión común a la democracia, al imperio de la ley y a los mercados libres, y se concretaría mediante la ampliación gradual del TLCAN y una red de acuerdos regionales políticos y de seguridad. Este esfuerzo implicaría una estrategia de dos vías. La primera apuntaría a consolidar los importantes beneficios ya logrados por los países del Cono Sur introduciéndolos en un "súper TLCAN" para 2003. La segunda vía incorporaría luego gradualmente los demás países de la región a los nuevos acuerdos económicos, políticos y de seguridad.

Esta estrategia es altamente promisoria. Los países del Cono Sur forman un núcleo estable en el que ni las dictaduras militares ni las estrategias económicas populistas concentradas en sí mismas tienen posibilidades de volver a establecerse. Hoy, ninguno de esos países pensaría seriamente en cerrar la puerta a la inversión extranjera, volver a nacionalizar las empresas privatizadas o apartarse de una gestión macroeconómica sólida. Sus fuerzas armadas han sido puestas bajo un firme control civil. Estos países ya no tienen por qué preocuparse por preservar la democracia; pueden, por el contrario, concentrarse en cómo profundizarla y asegurar su equidad. Llevarlo a cabo será lento, llevará tiempo y requerirá instituciones más fuertes, una mayor participación civil en el estado y un desarrollo económico sostenido, orientado hacia las exportaciones.

Para garantizar los avances democráticos en la región, los nuevos acuerdos deben incluir condiciones que exijan a los miembros alcanzar cierto nivel democrático antes de ser admitidos y mantener dicho nivel una vez incorporados. Tal convenio también debe incluir cláusulas específicas relativas a supervisión y sanciones en caso de incumplimiento.

Tardarán más tiempo en desarrollarse acuerdos significativos de seguridad. Una primera etapa podría consistir en controles fronterizos coordinados a escala regional e intercambios de inteligencia e información sobre la estructura de fuerzas. A la larga, no obstante, las partes deberían luchar por un acuerdo más completo, que presente instituciones y una política de defensa comunes capaces de hacer frente a las drogas, el terrorismo y el control de armas –todas éstas cuestiones transnacionales que requieren soluciones transnacionales.

Pero en el corto plazo, el núcleo de cualquier acuerdo regional debe ser económico. Para lograr que los países del Cono Sur tomen en serio las negociaciones, Estados Unidos debe garantizarles el acceso a sus mercados. Obviamente, no será fácil persuadir al pueblo estadounidense de la conveniencia de ampliar el TLCAN. Poderosos grupos de interés estadounidenses, sobre todo los sindicatos y los ecologistas, se oponen al libre comercio. El impacto económico interno de la ampliación del TLCAN no será, sin embargo, tan formidable como podría parecer en un primer momento. El año pasado, las exportaciones totales de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay al mercado estadounidense fueron modestas, incluso inferiores a las importaciones estadounidenses desde Singapur. De hecho, en el mismo año, el valor total del comercio estadounidense con los países del Cono Sur alcanzó apenas 45,000 millones, o sea aproximadamente 18% del intercambio entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos ha tenido asimismo, en esta última década, un superávit comercial permanente con estos cuatro países, lo cual debería contribuir a aplacar los temores de los proteccionistas estadounidenses. Mientras tanto, las inversiones estadounidenses en los países del Cono Sur ya son considerables y han aumentado rápidamente en los últimos años. Dichas inversiones alcanzaron 58,000 millones en 1998, superando las inversiones estadounidenses en Alemania (42,000 millones), Francia (40,000 millones), México (30,000 millones) y Hong Kong (20,000 millones). Esta gran inversión estadounidense constituye otra razón importante para impulsar la integración regional.

Por su parte, los sindicatos estadounidenses que, preocupados por las condiciones laborales, se oponen al libre comercio no deben temer la expansión del TLCAN. Los países del Cono Sur tienen la capacidad de cumplir con las normas de trabajo internacionalmente reconocidas y aplicables; respetan los derechos de los trabajadores a organizarse y hacer huelga y han prohibido los talleres clandestinos y el trabajo infantil. Y la gran distancia entre Estados Unidos y el Cono Sur significa que la inmigración ilegal será un problema mucho menor que el de México.

Para obtener la aprobación parlamentaria, un nuevo pacto comercial debería ir acompañado también de medidas para salvaguardar el medio ambiente. Este problema podría resultar más difícil de resolver, ya que en Sudamérica –especialmente en Brasil– las normas ambientales extranjeras se consideran con frecuencia una violación a la soberanía nacional. Aun así, Brasil ha actualizado últimamente su legislación relativa a la protección del medio ambiente y ha dado pasos para responder a algunos de los problemas ambientales más importantes.