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Por cierto, ¿alguno de los asesores del presidente George W. Bush le habrá explicado que el aniversario del 20 de mayo –celebrado también con bombos y platillos un poco anticipadamente en la Casa Blanca– recuerda también la frustración por la independencia de Cuba respecto de Estados Unidos, y más aún, que la Ley Helms-Burton se parece demasiado a la Enmienda Platt?

Mucho antes de la revolución de 1959, el poeta cubano Agustín Acosta, quien se exilió a causa del régimen castrista, resumió bien los dilemas de la relación entre Cuba y Estados Unidos al describir el marco económico, político y social de la economía azucarera cubano-estadounidense con una imagen y un sonido: vislumbraba las carretas cargadas de caña, deslizándose hacia el ingenio estadounidense, "rechinan, rechinan", decía. Hoy, las viejas carretas siguen rechinando.

Como en toda película de la Guerra Fría, la relación entre Cuba y Estados Unidos nunca ha sido sólo lo que parece. Son la furia, la irracionalidad y el rencor lo que caracteriza gran parte del entramado de esa relación bilateral. A veces, sólo a veces, se aproxima a lo que debe ser. Es entonces cuando, contra lo esperado, asoman destellos de cordura. Así sucedió durante momentos olvidados de los noventa en que, tanto el gobierno estadounidense, con Bush padre y con Clinton, como su homólogo cubano, comenzaron, en ciertos casos específicos, a comportarse con responsabilidad, eficacia y disposición a cooperar en temas de interés mutuo como migración, narcotráfico y la convivencia en el entorno de la base aeronaval de Estados Unidos en Guantánamo.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Cuba han establecido una relación profesional y respetuosa en el entorno de esta base. Aunque parezca increíble, los comandantes de la base estadounidense y del ejército oriental de Cuba, con la autorización de sus respectivos gobiernos, se reúnen periódicamente construyendo un escenario de confianza cautelosa; intercambian información por anticipado sobre ejercicios militares y movimientos de tropas y adoptan medidas para evitar accidentes de violencia fronteriza. Entre 1996 y 1999, Estados Unidos retiró las 14,000 minas antipersonales que hasta aquel entonces contribuían a la defensa de la base militar, y las sustituyó con detectores electrónicos diseñados no tanto para disuadir un ataque militar cubano como para impedir el ingreso a la base de cubanos indocumentados.

En cuanto al combate del narcotráfico, Cuba y Estados Unidos han puesto en marcha una cooperación todavía incipiente pero ya importante. Altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos quien fuera el "zar" del combate al tráfico de drogas, el general Barry MacCaffrey, no sólo han declarado que no consideraban que sus contrapartes en el gobierno de Cuba fueran cómplices del narcotráfico, sino que Cuba actuaba con energía y eficacia para reprimir el tráfico de estupefacientes en el Caribe. En los hechos, Estados Unidos aporta, principalmente a través de sus guardacostas, su capacidad superior en la recopilación de información, la transmite a los guardafronteras cubanos y éstos arrestan a los narcotraficantes en aguas o en el espacio aéreo del archipiélago cubano. En una palabra, Cuba y Estados Unidos cooperan.

Ambos gobiernos también se apoyan en la prevención de accidentes violentos que algunos exiliados cubanos pudieran provocar para hostigar al régimen cubano. Cuando flotillas de exiliados avanzan sobre la frontera marítima en el norte de Cuba, guardacostas y guardafronteras de ambos países, apoyados por sus respectivas fuerzas armadas, coordinan su acción, rodean la flotilla, impiden pasos o gestos que podrían ocasionar un incidente violento y, conjuntamente, preservan la paz.

Entre septiembre de 1994 y mayo de 1995, La Habana y Washington adoptaron un régimen migratorio bilateral mediante el cual los que alguna vez habrían sido refugiados cubanos serían meros inmigrantes indocumentados. A partir de ese momento, los guardacostas estadounidenses que rescatan balseros cubanos en las peligrosas aguas del estrecho de la Florida tienen la orden de que esas personas normalmente sean devueltas a Cuba. Así ha ocurrido desde entonces, con un promedio de diez repatriaciones por semana.

Este acuerdo migratorio también estableció un mínimo de 20,000 inmigrantes cubanos que Estados Unidos aceptaría al año. En términos políticos, de facto, el gobierno estadounidense anuló muchos de los principales efectos de la Cuban Adjustment Act [ley de ajuste cubano] aprobada en 1966, aunque de jure sigue intacta.

Lo cierto es que ni siquiera la controvertida Ley Helms-Burton escapó a esta nebulosa pero eficaz cooperación cubano-estadounidense. El gobierno de Estados Unidos suspendió sistemáticamente, cada seis meses desde marzo de 1996, cuando fue aprobada, la aplicación del tercer capítulo de la Ley Helms-Burton. De entrar plenamente en vigor, ese apartado de la ley permitiría que empresas y ciudadanos estadounidenses acudieran a sus tribunales de justicia para demandar compensaciones por expropiaciones sufridas hace décadas en Cuba. Los demandantes podrían buscar compensaciones de las empresas internacionales que, a partir de finales de la década de los ochenta, han invertido en propiedades en territorio cubano que en algún momento pertenecieron a ciudadanos estadounidenses.

La realidad es que el gobierno de Estados Unidos, reconociendo las virtudes del "paso de tortuga", suspendió también la aplicación del cuarto capítulo de la Ley Helms-Burton que, de aplicarse, impediría el ingreso a Estados Unidos de los hombres de negocios (y sus familiares cercanos) cuyas empresas, dicen, "trafican" en las mismas propiedades expropiadas y no compensadas.